El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, fue trasladado a La Haya, Países Bajos, después de ser detenido en Manila, Filipinas, por una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI juzga crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad y sus sentencias comprometen a los 125 países firmantes. Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak no reconocen su jurisdicción.
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Rodrigo Duterte será juzgado por crímenes contra la humanidad y, de hecho, no es el primer mandatario en llegar a ser juzgado por este tribunal internacional, en la lista hay otros tres jefes de Estado.
Slodoban Milosevic, ex presidente de Serbia juzgado por la CPI
El primer mandatario juzgado por la CPI fue, Slodoban Milosevic de Serbia quien fue acusado de genocidio y crímenes de guerra.
Él fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zoran Djindjic, entre las acusaciones estaban dos por crímenes cometidos en Kosovo y Croacia y otra por genocidio en Bosnia durante la guerra en la antigua Yugoslavia en los años noventa.
A cargo del mando del país, Milosevic dejó más de 200,000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, asimismo se consideró una limpieza étnica de albaneses en Kosovo.
Posteriormente fue trasladado a una prisión neerlandesa y el juicio contra Milosevic comenzó en febrero de 2002 en La Haya. A pesar de todo esto, Slodoban Milosevic no fue juzgado, ya que el 11 de marzo de 2006 falleció en la prisión de Scheveningen, Países Bajos.
Detenido pero absuelto, Laurent Gbagbo
El ex jefe de Estado de Costa de Marfil Laurent Gbagbo (2000-2011) fue detenido y extraditado a La Haya en 2011. La CPI lo juzgó por asesinato, violación, otros actos inhumanos y persecución cometidos entre 2010 y 2011.
Sin embargo, para enero de 2019 se informó que Gbagbo fue absuelto en primera instancia y, en marzo de 2021, la CPI ratificó la decisión, lo que puso final al primer juicio en este tribunal contra un jefe de Estado.
Charles Taylor de Liberia
En 2002, durante el mandato de Charles Taylor, la Organización de Naciones Unidas (ONU) trabajó para establecer el Tribunal Especial de Sierra Leona (TESL) con el propósito de procesar a los responsables de violaciones de las leyes internacionales durante la guerra civil en ese país.
Por ello, el 26 de abril de 2012 el tribunal declaró a Charles Taylor, presidente de Liberia entre 1997 y 2003, culpable de crímenes de guerra y lesa humanidad, en un juicio celebrado en La Haya.
Consideraron "responsable" a Taylor por ayudar y armar a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes, con lo que se hizo cómplice de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la guerra, que causó unos 50.000 muertos.
En la actualidad hay una lista de tres mandatarios con órdenes de detención de la CPI: el primer ministro israelí, Benjamín Nentayahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza; el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania; y el expresidente de Sudán Omar al Bashir, por crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio en Sudán.
¿De qué se le acusa a Duterte, expresidente filipino?
Rodrigo Duterte es acusado por crímenes contra la humanidad de asesinato durante su “campaña contra las drogas” realizada entre 2011 y 2019.
Durante un discurso que realizó en 2016 dijo:
"Hitler masacró a tres millones de judíos (sic). Ahora hay aquí (en Filipinas) tres millones de drogadictos. Estaría feliz de masacrarlos".
De hecho, estos actos se marcaron desde su mandato en la alcaldía de la sureña Dávao, ciudad más poblada de Filipinas, la que ocupó durante 22 años. En esta ciudad inició una campaña bajo el lema "conmoción y miedo" que se centró contra los sospechosos de cometer crímenes relacionados con las drogas.
En ese momento, alentó y propagó un discurso para que policías y civiles atacaran a los presuntos narcomenudistas, traficantes y consumidores de drogas.
Dentro de su mandato, cifras oficiales apuntan a que mató al menos 6,200 personas, sin embargo las organizaciones internacionales estiman más de 27,000 muertes por sus acciones.
Por ello, estas políticas fueron clasificadas por la CPI como de exterminio de criminales, sin embargo su mandato, finalizado en 2022 entre polémicas de abuso sexual, comentarios sexistas y violaciones a derechos humanos, quedó con el 50% de aprobación por parte de la población.
(Con información de EFE)