El gobierno de Colombia emitió una serie de lineamientos y buenas prácticas para sus funcionarios públicos para respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de conductas éticas.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
Te podría interesar
De acuerdo con lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional, el gobierno de Colombia informó que los servidores públicos deberán evitar que sus pronunciamientos generen actos de estigmatización o discriminación hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y demás actores relevantes que, mediante su expresión, contribuyen a la deliberación democrática.
Asimismo, abstenerse de emitir declaraciones que puedan ser interpretadas como instigaciones a la violencia y discriminación, basados en sus opiniones, filiaciones políticas o cobertura periodística.
“Fomentar un ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones y contribuciones al debate público, y reconocer la importancia de la pluralidad de voces para el fortalecimiento de la democracia”, se lee en la Directiva Presidencial, circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y directores de entidades adscritas y vinculadas del orden nacional.
También deben abstenerse de emitir contenidos que puedan entenderse como piezas que instiguen o formen parte del discurso o apología del odio, y a garantizar el acceso a la información pública, veraz, imparcial y oportuna, a periodistas, medios de comunicación y demás personas que la soliciten en ejercicio del derecho de petición y dentro de los marcos legales.
También se lee que deben fomentar el libre intercambio de ideas, información y opiniones; no obstaculizar el ejercicio del control social y público sobre sus actuaciones y ejercicio de sus funciones; contribuir, en el marco de sus competencias, al fortalecimiento de la libertad de expresión, de información y de prensa, así como a la prevención de los riesgos y daños asociados al ejercicio de dichas libertades; y garantizar la existencia y el funcionamiento de canales de comunicación permanentes que permitan la interacción libre, oportuna y eficaz entre medios de comunicación y autoridades, en aras de fortalecer el flujo de información.
La Directiva Presidencial también exige garantizar el escrutinio libre, amplio y riguroso sobre la gestión pública de las autoridades y de los funcionarios públicas, así como sobre el funcionamiento del Estado, y abstenerse de ejercer poder e influencia pública para censurar ideas, opiniones o información sobre las autoridades o los funcionarios.
Prevención de la estigmatización
El gobierno colombiano informó en su circular que es deber de las autoridades prevenir la estigmatización y proteger la integridad de periodistas y medios de comunicación en tanto actores centrales del debate público, asegurando que los pronunciamientos públicos no constituyan formas de injerencia directa o indirecta en sus derechos, y, por el contrario, contribuyan al fortalecimiento y la promoción de la deliberación pública.
Para ello, se recomienda a las y los funcionarios públicos adoptar un enfoque de comunicación respetuoso de las ideas y los interlocutores, que evite tanto etiquetas indiscriminadas hacia los medios de comunicación por sus líneas editoriales, como un discurso estigmatizante que individualice a periodistas.
“En el momento en que consideren que se está difundiendo información contraria a la verdad, parcializada, descontextualizada o estigmatizante, o que vulnera los derechos de una población, deben brindar información suficiente para la rectificación, complementación o corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o descrédito”.
Debate público inclusivo y respetuoso
Las personas que ejercen función pública están llamadas a ejercer su influencia y liderazgo para promover un ambiente de respeto mutuo y diálogo constructivo, plural, equitativo y tolerante. En este sentido, deberán fomentar activamente la participación de todos los sectores de la sociedad en el debate público, facilitando espacios seguros y respetuosos para el intercambio de ideas y opiniones, en especial para los discursos y expresiones de crítica a las autoridades públicas.
La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República de Colombia, deberá:
- Implementar las mejores prácticas en el manejo de la comunicación y relación con los medios, incluyendo las redes social oficiales y personales en cuanto se traten asuntos asociados al cumplimiento de sus funciones, desarrollando protocolos y capacitaciones regulares.
- Establecer mecanismos de diálogo continuo con representantes de los medios de comunicación y periodistas para entender mejor sus necesidades, perspectivas e intereses, así como para informar sobre las decisiones y actuaciones públicas de manera completa y oportuna.
- Promover acciones de sensibilización que destaquen la importancia de la libertad de prensa y el periodismo en las sociedades democráticas, y que fomenten el apoyo al periodismo independiente como una entidad que sirve al interés público.