El pasado mes de enero, una intensa polémica se produjo tras el dictamen del juez del Séptimo Juzgado de Santiago de Chile, Daniel Urrutia, quien autorizó que cuatro reos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), vinculados a la megabanda venezolana el Tren de Aragua, pudieran realizar videollamadas con sus familiares en el exterior.
De acuerdo con medios internacionales, al menos dos reos que permanecen en prisión preventiva a la espera del juicio en su contra, realizaron una videollamada con familiares el pasado 23 de enero, con la ayuda de su abogado. Se trata de Carlos González Vaca, alias “El Estrella”, quien aparentemente es el líder de la organización criminal en Chile, y el sicario Hernán Landaeta, apodado “El Satanás”.
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Estos hechos activaron la alerta en Gendarmería, institución que advirtió que dicho beneficio ponía “en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”, producto del alto grado de peligrosidad de los reclusos.
La institución también cuestionó que el magistrado Urrutia permitiera una visita de carácter íntimo al reo Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, condenado a quince años de cárcel por narcotráfico, por no existir dependencias para ese tipo de encuentros en el recinto carcelario.
Presentan recurso para suspender beneficios
A fin de revertir el dictamen del juez Urrutia, Gendarmería presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue acogido por el tribunal, suspendiendo los beneficios.
La institución penitenciaria señaló en un comunicado que “más allá de lo que se determine a nivel judicial, es importante comprender que los internos en cuestión se encuentran recluidos bajo un régimen diferenciado de seguridad, ya que pertenecen a bandas criminales organizadas y poseen un alto compromiso delictual, de acuerdo a la clasificación que hace Gendarmería”.
“En ese contexto, el acceso a videollamadas con terceras personas, puede comprometer gravemente las condiciones de seguridad del establecimiento, así como del personal de Gendarmería y de la población bajo custodia institucional”, complementó.
Asimismo, puntualizó que “en esa misma lógica se entiende lo referido a la visita íntima. El REPAS no tiene instalaciones destinadas a esos fines, ya que todas las visitas en ese recinto se realizan a través de locutorios”.
Se estima que la próxima semana la Corte de Apelaciones de Santiago revisé el recurso que Gendarmería presentó en contra de la decisión de Urrutia.
"Es fundamental mantener ese régimen diferenciado"
Cabe destacar que, la decisión del juez no sólo fue criticada por la institución militar, sino que también generó rechazo en el mundo político y sobre todo, en el Gobierno. Al respecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó el permiso, recalcando que “estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello”.
Además, el ministro también aseguró que dicha resolución “pone en riesgo no sólo la seguridad de los funcionarios del establecimiento penal (…) Por eso esta resolución es gravísima”.
Gajardo afirmó que “es fundamental mantener ese régimen diferenciado, porque hay razones de seguridad, podríamos decir de seguridad nacional, para que esos criminales que son los más peligrosos de nuestro sistema penitenciario no tengan contacto con el exterior, y si tienen visitas sean a través de locutorios”.
“La resolución del juez Urrutia nos rompe esas dos premisas que son básicas en cualquier sistema de máxima seguridad que opera no sólo en nuestro país, sino que también en el mundo. Es decir, permite que estas personas tengan contacto con el exterior a través de videollamadas, donde posiblemente van a poder seguir funcionando sus bandas”, añadió.
Por su parte, el también ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo este lunes que la decisión del juez Urrutia “contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad” y que en ningún momento “se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento”.
“El Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad al país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión”, agregó.