Tras ganas las elecciones de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, el presidente electo Donald Trump cumplirá su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en todo el país. Entre sus planes incluyen, según ha mencionado recientemente, la construcción de nuevos centros de detención para arrestar a estas personas.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE LA SILLA ROTA DE GOOGLE NEWS
Te podría interesar
Un artículo de Los Angeles Times advierte que, si estas medidas se implementan en California, donde se cultiva la mitad de las frutas y verduras consumidas en Estados Unidos, la fuerza laboral agrícola sufriría un golpe devastador. Esto, porque al menos el 50% de los 162,000 trabajadores agrícolas del estado son indocumentados, según el Departamento de Trabajo y un estudio de la Universidad de California en Merced. La falta de trabajadores podría provocar la pérdida de cosechas, el desperdicio de alimentos y un aumento drástico en los precios de los productos.
A pesar de las posibles consecuencias, los agricultores no protestas, ya que muchos confían en que el presidente electo considere sus necesidades de mano de obra, ya sea implementando un programa sólido de legalización para los trabajadores que ya residen en el país o dejando de enfocar la aplicación de las leyes migratorias en las granjas.
"Algunos también están presionando al gobierno para que les facilite la importación de trabajadores temporales invitados bajo el programa de visas H-2A, que permite a las granjas contratar trabajadores agrícolas de temporada cuando la oferta de mano de obra nacional es escasa", señala la publicación del periódico.
Programa H-2A, “una receta para la explotación”
Antonio De Loera-Brust, portavoz de la UFW, expresó su preocupación ante posibles abusos si se expande el programa H-2A, que permite a empleadores agrícolas contratar trabajadores extranjeros temporales al demostrar la falta de mano de obra local. Bajo este esquema, el empleador controla aspectos clave de la vida del trabajador, como alojamiento y condiciones laborales, lo que De Loera-Brust considera "una receta para la explotación".
NumbersUSA , que se autodenomina la mayor organización de base del país dedicada a la reducción de la inmigración, apoya el uso del programa H-2A en la agricultura. Sin embargo, la organización no apoya la expansión del programa para incluir empleos de tiempo completo o empleos que no estén directamente relacionados con el trabajo agrícola, señalando que hay muchos adultos nacidos en Estados Unidos desempleados.
“No es plausible que el lobby de la agroindustria argumente que los empleadores de este sector no pueden reclutar, capacitar y retener a los trabajadores de esta gran reserva laboral”, dijo Eric Ruark, director de investigación de NumbersUSA.
Manuel Cunha Jr., presidente de la Liga de Agricultores Nisei con sede en Fresno, dijo que planea trabajar urgentemente en una legislación que otorgaría autorización de trabajo a los trabajadores agrícolas actuales y garantizaría que los trabajadores de larga data se beneficien del sistema de Seguridad Social al que ellos y sus empleadores han contribuido.
Cunha Jr. busca reformar la estructura salarial del programa H-2A, ya que en California los empleadores están obligados a pagar a los trabajadores extranjeros 19.75 por hora dólares, la segunda tasa más alta del país después de Washington, DC. Este salario debe ajustarse al monto mayor entre la tasa vigente, la de negociación colectiva o el salario mínimo local.
El objetivo de estos salarios es evitar que la contratación de trabajadores extranjeros afecte negativamente a los empleados estadounidenses. Sin embargo, Cunha argumenta que este costo pone en desventaja a los productores californianos frente a estados como Florida, donde la tasa del programa H-2A es de 14.77 dólares por hora. Según él, esta disparidad salarial hace que California "no pueda competir".
¿Deportaciones en Estados Unidos serán como hace 75 años?
Tanto Trump como sus asesores han destacado que su prioridad será expulsar a criminales y personas que representen una amenaza a la seguridad nacional, lo que podría dejar a la mayoría de los trabajadores agrícolas, documentados o no, fuera de su objetivo inicial.
Un antecedente relevante es la "Operación Espalda Mojada" de 1954, bajo el gobierno de Eisenhower, que Trump elogió en 2015. Durante esta campaña, agentes migratorios realizaron redadas masivas en el suroeste y ciudades como Los Ángeles, deportando no solo a trabajadores indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana atrapados en una redada racista. En algunos casos, se establecieron campos de detención temporales para procesar a los detenidos.
"A medida que la campaña continuaba, los agentes se dirigieron hacia el norte, a las ciudades. Hicieron redadas en lugares emblemáticos como los hoteles Biltmore y Beverly Hills, y se instaló un campo de detención en el Elysian Park de Los Ángeles para albergar temporalmente a las personas detenidas. Los agentes también invadieron los campos, atrapando a trabajadores cerca de Salinas, Fresno y Sacramento".
El programa de deportaciones de 1954 incentivó a los agricultores, especialmente en Texas, a contratar trabajadores bajo el programa de braceros, que creció significativamente tras las redadas. Aunque este sistema suplió la falta de mano de obra, los braceros enfrentaron explotación laboral, trabajando largas horas por poco dinero y enfrentando un trato degradante en los lugares de trabajo.
"Según las estadísticas de la Universidad de Colorado, el número de braceros en Estados Unidos aumentó más del 100% entre 1952 y 1956, llegando a 445,000", dijo Kelly Hernández, profesor de historia de la UCLA a Times.