El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, firmó este lunes la Declaración de Chapultepec, un convenio internacional en respeto a la libre emisión del pensamiento, con el periodista José Rubén Zamora como invitado y testigo especial de la rúbrica.
"Detrás de esta firma está el compromiso personal y el compromiso de mi Gobierno por respetar, garantizar y defender el derecho a la libre expresión", aseguró Arévalo de León durante su participación en el acto.
"Lo sostengo: no hay democracia sin libertad de prensa, y no hay libertad de prensa sin democracia", subrayó el presidente guatemalteco, investido en enero pasado tras ganar de manera sorpresiva las elecciones de 2023.
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El documento firmado este lunes por el mandatario es un instrumento internacional que establece una serie de principios sobre la libertad de expresión y de prensa.
Durante el acto de firma, que se realizó esta tarde en el Palacio Nacional de la Cultura de la capital guatemalteca, Arévalo estuvo acompañado por una delegación de la SIP integrada por José Roberto Dutriz, presidente; Gonzalo Marroquín, expresidente, y Carlos Lauría, director ejecutivo.
Como testigo de honor de la firma participó José Rubén Zamora, fundador y presidente del desaparecido elperiódico, quien estuvo encarcelado durante 812 días y que aún enfrenta varios procesos penales en represalia por sus investigaciones periodísticas. Zamora, que estuvo acompañado durante la ceremonia por su hijo José, fue liberado el 19 de octubre bajo un régimen de arresto domiciliario.
Arévalo afirmó que "no es una firma simbólica, sino que detrás está el compromiso personal y de mi gobierno por respetar, garantizar y defender la libertad de expresión en Guatemala".
"Ninguna democracia es estable o sólida si no se sostiene o si carece de sus más importantes pilares: el acceso a la información, con su contraparte, la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber, cuestionar, opinar y ser escuchados", añadió Arévalo.
El caso Zamora
El acto contó este lunes con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo encarcelado por poco más de dos años, entre julio de 2022 y octubre de 2024, por un supuesto caso de lavado de dinero que no fue probado.
La detención de Zamora Marroquín tuvo lugar solamente cinco días después de lanzar fuertes denuncias de corrupción en contra del presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei (2020-2024), en el medio de su propiedad, El Periódico.
Arévalo de León elogió a Zamora Marroquín, quien "encarna la lucha y la defensa por la libertad de expresión" en Guatemala.
También estuvo en el acto el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el salvadoreño José Roberto Dutriz, quien catalogó este lunes como "un día muy especial" por la inclusión de Guatemala en la declaración.
"Ningún medio ni ningún periodista deben de ser sancionados por difundir la verdad comprobada y por emitir críticas al poder público", estableció Dutriz.
SIP, contenta con la firma
"Estamos muy contentos por Guatemala. Vemos un avance de parte del Gobierno. Hay una apertura y un ambiente más propicio para el ejercicio de nuestra labor", apostilló Dutriz.
Por su parte, el Gobierno guatemalteco recordó que la Declaración de Chapultepec fue creada en marzo de 1994, en México, durante un foro hemisférico sobre la libertad de expresión.
De acuerdo a la misma fuente, son partícipes de la declaración Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú.
Arévalo de León instó al resto de autoridades del país centroamericano a respetar la libre emisión del pensamiento, establecida en la Constitución guatemalteca.
"Necesitamos alcaldes con vocación democrática. Demandamos jueces que protejan los derechos y las libertades democráticas, y diputados que garanticen y respeten el libre ejercicio de la prensa. Y es urgente la necesidad de una Fiscalía (Ministerio Público) que cese la persecución política y arbitraria a periodistas", concluyó Arévalo de León.
Tanto el presidente como Zamora Marroquín han sido perseguidos judicialmente por el Ministerio Público, cuya cúpula, comandada por la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.