Hidalgo (La Silla Rota).- Por falta de elementos para acreditar el delito fue liberado un hombre ligado al multihomicidio –el tercero en la administración de Omar Fayad Meneses– en Tula, donde cinco personas, entre ellas dos menores, fueron halladas sin vida en un domicilio en la localidad de El Damhú, el 4 de enero. Asimismo, la abogada defensora Magaly Díaz Serrano acusó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) de fabricar pruebas para presentar a un culpable.
La litigante expuso que su defenso, identificado como José Antonio E.P., fue detenido dos días después del crimen por supuesto ultraje a la autoridad; no obstante, fue inmerso en la carpeta de investigación por la muerte de la familia.
Su presunta responsabilidad, indicó, se basa en un señalamiento de una hermana de los occisos, quien aseguró que José Antonio tuvo una disputa legal, cinco años atrás, con una de las víctimas por la posesión de una propiedad, por lo que -sin presentar evidencia, aseguró la abogada-, fue ligado a la ejecución múltiple.
Asimismo, la familiar mencionó que ambos se habían amenazado. Por ello, indicó, la policía ministerial lo detuvo.
Sin embargo, obtuvo la liberación 48 horas después tras no encontrar evidencia de su posible implicación en el multihomicidio, el tercero, después de que siete mujeres y cuatro hombres fueran degollados en una casa en el fraccionamiento Villa los Milagros, el 13 de julio, y que cuatro personas fueran ejecutadas en un domicilio en el barrio de Nacozari, el 19 de diciembre, ambos en el municipio de Tizayuca.
En los sucesos previos, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, declaró que el presunto móvil era ajuste de cuentas entre grupos criminales y los definió como “hechos aislados”.
En las tres ejecuciones cuatro menores han sido víctimas: dos, de 14 y 12 años, en el crimen de Villa los Milagros, en el que la tesis del fiscal Javier Ramiro Lara Salinas, que presentó 16 horas después del hallazgo de los cuerpos, fue un “ajuste de cuentas”, debido a que Rubén CV, propietario de la vivienda donde las víctimas fueron degolladas, “fue señalado por la comisión de diversos delitos, entre los que destaca el de secuestro por el cual estuvo recluido en el penal de Tlanepantla, Estado de México”.
Otros dos infantes, femenino y masculino, de diez y cinco años, fueron ultimados en Tula.
Un día después de las ejecuciones en el barrio de Nacozari, en Tizayuca el responsable de la política interna en el estado afirmó que la ciudadanía “está segura” y que “no ha habido ningún hecho que lamentar contra miembros de la sociedad hidalguense, lo que ha habido son ejecuciones entre los propios miembros de los cárteles del crimen organizado que hacen sus ajustes de cuentas y que se vienen a vivir a Hidalgo”.
La Procuraduría, a cargo de Lara Salinas, se comprometió con La Silla Rota a proporcionar los resultados de las necropsias practicadas a los cinco cuerpos hallados en El Damhú, para conocer las causas de muerte; sin embargo, no lo hizo.