PACHUCA.– La primera muerte en Hidalgo por covid-19 se registró el 27 de marzo, desde aquella fecha y hasta el momento suman 87 casos confirmados, 47 posibles portadores del virus y 14 decesos que se concentran en 6 de los 84 ayuntamientos de la entidad que tienen de 2 mil a 62 mil habitantes con carencias en el acceso a la salud, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Aunado a las estadísticas oficiales, que demuestran la evolución de coronavirus en Hidalgo, la pandemia ha afectado el ámbito laboral y social, toda vez que los trabajadores informales carecen de recursos económicos para afrontar la contingencia, lo que ha desencadenado al menos 11 manifestaciones para exigir recursos al gobierno estatal.
ACCESO A LA SALUD DURANTE PANDEMIA
Pachuca, Mineral de la Reforma, Atotonilco de Tula, Emiliano Zapata, Mineral del Monte y San Agustín Tlaxiaca son los municipios de los 84 de Hidalgo que tienen incidencia en defunciones por covid-19.
Del 27 de marzo al 19 de abril de 2020, dichos ayuntamientos acumularon 12 decesos por coronavirus más dos foráneos, aunque la capital hidalguense encabezó el listado con 50 por ciento de las defunciones.
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Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas por municipio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en este ayuntamiento habitan al menos 62 mil 693 personas con carencias en materia de salud; es decir, no cuenta con adscripción a instituciones públicas de seguridad social como IMSS, ISSSTE o de Pemex, ni tampoco a servicios médicos privados.
En el caso de Mineral de la Reforma, el Coneval muestra que 32 mil 340 personas no tienen acceso a la salud; lo mismo ocurre con 8 mil 460 habitantes de Atotonilco de Tula.
En San Agustín Tlaxiaca hay 7 mil 840 personas en la misma condición; 2 mil 519 habitantes de Emiliano Zapata y 2 mil 202 más en Mineral del Monte.
POBLADORES APOYAN A MEDIAS
A pesar del número de defunciones y casos federales que reporta la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal y en medio de la fase dos de contingencia por covid-19, algunos habitantes evitan permanecer reguardados.
Tan solo el 19 de marzo la alcaldía de Pachuca, a través de su asamblea municipal, avaló suspender las actividades en bares, cantinas, centros nocturnos, templos, gimnasios y cualquier lugar de Pachuca que aglomere a personas.
Sin embargo, ante la medida ambulantes de la zona metropolitana indicaron que continuarían comercializando en los tianguis con implementación de cubre bocas, guantes y gel antibacterial, tras argumentar que no podrían suspender sus actividades debido a que "viven al día".
En tanto, los ciudadanos continuaron concentraciones en plazas públicas de Pachuca, así como mercados y bancos, pero fue hasta el 12 de abril cuando autoridades municipales restringieron el acceso a espacios abiertos.
En ayuntamientos como Actopan solo se permitió la venta de productos de la canasta básica, lo que ocasionó agresiones verbales de los comerciantes contra personal de Reglamentos y Espectáculos de la alcaldía, que el 15 de abril supervisó la instalación de puestos.
El gobierno de Tepeji del Río también advirtió a sus habitantes sobre sanciones económicas para quienes realicen reuniones o fiestas en sus casas durante este periodo de emergencia sanitaria, por el virus Sars Cov2.
En esta misma demarcación, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo sancionó a una unidad de transporte público de la ruta Corrales que viajaba con una ocupación de 100 por ciento, cuando las medidas de prevención solo permiten la mitad de pasajeros.
MANIFESTACIONES DESDE DIVERSOS SECTORES
El cese de actividades en Hidalgo trajo consigo el descontento de diversos sectores sociales de la entidad, especialmente los que se dedican al trabajo informal, pues argumentaron nulos ingresos para afrontar la contingencia.
Por ello, el 30 de marzo ferieros de Tula, Ixmiquilpan, Tulancingo, Cuautepec y Pachuca acudieron las instalaciones del Poder Ejecutivo de Hidalgo para demandar un apoyo económico de aproximadamente 10 mil pesos, tras señalar que su actividad económica se vio afectada por la cancelación de eventos públicos.
Al día siguiente, en este mismo punto, agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Hidalgo solicitaron que sus espacios de venta en tianguis no sean cancelados ni modificados, una vez que concluya la contingencia sanitaria.
Los trabajadores de la clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tizayuca bloquearon el miércoles 1 de abril la carretera México-Pachuca como protesta por el ingreso de posibles enfermos con covid-19, al acusar que representaban un riesgo de contagio para infantes y adultos mayores que asisten a dicho inmueble.
Para el 2 de abril, cerca de 30 enfermeros de los hospitales generales de Pachuca y Tulancingo, que trabajan por contrato, acusaron que carecerían de social y de material de protección sanitaria para atender a los enfermos durante la pandemia.
Las movilizaciones continuaron el 4 de abril con familiares de internos del Centro de Readaptación Social de Pachuca, quienes se inconformaron porque no les permitían ingresar mercancía bajo el argumento de la contingencia sanitaria.
Dos días después, personal de salud de la Clínica 2 del IMSS en Tulancingo se manifestó en las principales vialidades del municipio para expresar que requerían seguridad para laborar durante la pandemia.
Para el 7 de abril un grupo de tianguistas del municipio anteriormente enunciado bloqueó la avenida Benito Juárez en Pachuca para exigir apoyos al gobierno del estado, toda vez que derivado del covid-19 no se les permite instalar puestos en la Central de Abastos de Tulancingo.
Al día siguiente en la explanada de Plaza Juárez se manifestaron mariachis y meseros de la zona metropolitana del estado, ambos demandaron recursos económicos o en especie.
La última de las movilizaciones se efectuó el 15 de abril, cuando integrantes de Antorcha Campesina le solicitaron al gobierno estatal despensas en tanto dura la contingencia sanitaria.
DERECHOS DE TRABAJADORES VULNERADOS
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), hasta el corte del 8 de abril esta dependencia tuvo conocimiento de 22 denuncias de personas que consideraron que se han vulnerado sus derechos laborales durante la contingencia sanitaria.
Ya sea porque los patrones no atendieron las medidas de emergencia que emitió la Secretaría de Salud en el marco de la pandemia por coronavirus o porque los empleados acusaron disminución de salarios.
Mientras que la Secretaría de Trabajo federal informó que del 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 346 mil 878 mil empleos con afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); de los cuales, 2 mil 287 correspondían a Hidalgo.
ESTUDIANTES Y BURÓCRATAS CUMPLEN UN MES EN CASA
Fue el 14 de marzo cuando Hidalgo informó que se adheriría a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) y, por ende, las clases presenciales en todos los niveles educativos de la entidad quedaron suspendidos desde el pasado 20 de marzo.
Sin embargo, antes de la interrupción oficial de clases, la SEP de Hidalgo pidió que los estudiantes no ingresaran a las instituciones con tos seca, estornudos, dolor de cabeza, fiebre o dificultad para respirar.
En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que a través de su Comisión Institucional de Seguridad en Salud decidió suspender, a partir del 21 de marzo, las labores de los más de 70 mil estudiantes, académicos y administrativos que acuden a la institución.
Aunque el pasado 1 de abril anunció que el cese presencial de actividades se prolongaría hasta el 30 de abril del año en curso.
El ayuntamiento de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería Beltrán, fue de los primeros en anunciar el cese de actividades. Informó que desde el 19 de marzo otorgaría licencias a empleados pertenecientes a grupos vulnerables.
Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó que el servicio para atender quejas continuaría tanto en oficinas centrales como en las 12 visitadurías regionales, aunque las personas mayores de 60 años, embarazadas, en periodo de lactancia, así como aquellas con menores de 12 años, tendrían inasistencia justificada del 19 de marzo al 19 de abril, periodo que se extendió 20 días.
El 7 de abril los diputados locales aprobaron un reglamento para que el Congreso de Hidalgo sesionara de manera virtual y continuara con las actividades legislativas durante el tiempo que dure la contingencia, ordenamiento que ya derivó en un juicio ante el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) que promovió la legisladora morenista Corina Martínez.
Ese mismo martes, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo aprobó la suspensión de actividades del 13 al 30 de abril, tanto en audiencias como diligencias agendadas para desarrollarse en salas, juzgados y órganos que conforman el Poder Judicial de la entidad.
Sin embargo, el acuerdo general número 18/2020 precisa que aun con la suspensión de actividades presenciales, los trámites para pago y cobro de pensiones alimenticias en materia familiar continúan.
emh