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El Mirador, de refugio para damnificados por huracanes a cascajos demolidos

En 2013 se construyó un fraccionamiento para los afectados por los huracanes "Ingrid" y "Manuel"; a cinco años están inhabitables

Escrito en ESTADOS el

Chilpancingo, Guerrero (La Silla Rota).- En 2013, los huracanes “Ingrid” y “Manuel” llegaron a las costas de Guerrero y dejaron a cientos de familias sin hogar; el gobierno federal emprendió un programa de construcción de casas para los damnificados.

Hoy, a cinco años estos nuevos hogares tuvieron que ser demolidos porque se construyeron en terrenos inestables. Nuevamente, estas personas se quedaron sin techo.

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Las 32 casas de la manzana 2-B del fraccionamiento El Mirador costaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), según sus presupuestos, más de 15 millones de pesos, y ahora invierte otros 2.5 millones para derribarlas porque están en un terreno inestable.

Se trata de una manzana completa de las 10 que son en total en el fraccionamiento, que los resultados del estudio que realizó en julio de 2016 el experto en materia de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, la advirtieron como no apta para habitarse. Desde el lunes 25 de junio, arrendadores de la Sedatu taladran y mueven pedazos de concreto con maquinaria pesada de lo que fueron esas casas.

Cada vez que el pico de un gran brazo mecánico perfora el piso, cimbra el suelo que quedó fuera de la cinta de advertencia. “Todo este terreno fue rellenado”, dijo uno de los empleados de la Secretaría de Protección Civil que veía el lunes cómo derribaban algunas casas, al referirse al predio completo de El Mirador.  

Cuando el experto reveló resultados, el anterior delegado de Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, advirtió que el riesgo se extendía al menos a ocho viviendas de las manzanas subsecuentes. El personal del Protección Civil levantó unas carpas a varios metros de distancia de la zona de riesgo para que quienes viven alrededor, se muden de manera temporal a esos tenderetes. La mayoría de las casas consideradas en las áreas fuera de peligro, tienen techos y paredes cuarteadas desde los primeros días que las habitaron, de esto hace tres años.

“¿Son ustedes los que vienen a ver los departamentos cuarteados?”, preguntó una señora a unos reporteros que estaban cerca dónde demolían las casas. Los confundió con servidores públicos que, según le dijeron, la sumarían al padrón de vecinos de casas dañadas, pero que no la hallaron porque estaba en su trabajo. “Nos dijeron que iban a arreglarlos”, agregó después de platicar que, hasta su departamento, ubicado a la vuelta de la zona de peligro, sintió el movimiento de la demolición.

El fraccionamiento es la opción de vivienda que les otorgó la Sedatu a una parte de los afectados de Chilpancingo por las lluvias de septiembre de 2013, en los tiempos del delegado Héctor Vicario Castrejón, ahora diputado local por el PRI, y a quien le activaron una inhabilitación por su periodo en ese cargo.

Desde que se anunció la apertura de ese fraccionamiento salieron a flote irregularidades de todo tipo.

El predio en que está construido el fraccionamiento, que mide 134 mil 244 metros cuadrados, se ubica al sur de la ciudad, fuera de zona habitacional, y costó 30 millones 204 mil 954 pesos, de acuerdo a información lograda con la Sedatu vía transparencia.

Ahí, a sabiendas de que quedaba fuera del Plan de Desarrollo Urbano del municipio, lo que impacta en que los habitantes no tengan todos los servicios básicos, levantaron en total 598 viviendas, distribuidas en las 10 manzanas, con un presupuesto de 289 millones 471 mil 577 pesos.

Este monto, conseguido también por transparencia, indica que el valor de cada casa fue de 484 mil 066 pesos, y no los 120 mil pesos que las autoridades anteriores de Sedatu comentaban en las entrevistas.

Es decir, que las 32 casas derribadas significan un gasto echado a la basura de 15 millones 490 mil 117 pesos, además de lo que invierten en su demolición.

En una declaración reciente a reporteros, la encargada de despacho de la delegación de la Sedatu en Guerrero, Aurora Jiménez Arias, informó que presupuestaron 2.5 millones de pesos para demoler las 32 viviendas que, insistió, costaron cada una 120 mil pesos.

Después de la demolición, según Jiménez Arias, no hay planes para que la Sedatu las reponga, porque, comentó, en realidad esas casas nunca fueron habitadas.

El padrón oficial de beneficiados de la Sedatu indica que en Chilpancingo reubicaron, repusieron o repararon viviendas a mil 266 afectados.  

Una de las afectadas que contabilizó Sedatu es Ernestina Nájera Marino, una trabajadora burócrata con 43 años de servicio, quien riega sus plantas a la par que se hunde y sale el pico mecánico que derriba las casas que quedaban frente a la de ella.

Lo primero que hace al llegar del trabajo, como a eso de las dos o tres de la tarde, de acuerdo a su narración, es esto, aunque tenga que pagar por el agua que ocupa. En El Mirador no hay agua potable, como tampoco están resueltos otros servicios públicos: existe una tubería en la casa de Ernestina que conecta a su baño que no sabe si está conectada al sistema de alcantarillado del municipio, apenas hace unos seis meses le instalaron la energía eléctrica y tiene problemas con la regularidad del transporte público, porque no hay acceso pavimentado al fraccionamiento.

Por el agua que ocupa para consumo en casa, incluido el riego de sus plantas, Ernestina gasta en promedio mil pesos al mes, porque compra un tinaco cada tres días que le cuesta 100 pesos.

Ella también mostró las cuarteaduras de su casa, como lo hacen casi todas las personas del fraccionamiento cuando alguien se acerca a preguntarle cómo viven. Después habló de todos los años de empleada burócrata, pero que todavía no piensa jubilarse; comentó sus razones: “digo, qué voy a hacer aquí”. El Mirador es de los asentamientos más marginados de la ciudad.

Ante la denuncia de servidores públicos de la propia Sedatu, todavía en el periodo de José Manuel Armenta Tello como delegado en Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) sigue una investigación contra las empresas que construyeron las casas, justo por la mala calidad de las viviendas.


mvf