Migración bajo acecho

La llegada a nuestro país de dos caravanas de migrantes centroamericanos –la primera el 19 de octubre con más de 5 mil personas y la segunda el domingo pasado con 2 mil– ha representado un reto en nuestras relaciones con el vecino país del norte, pero también un reto de congruencia con nuestra propia identidad y con nuestras leyes.

El presidente norteamericano ha presionado a México para impedir el paso de la caravana; ha advertido que desplegará 5 mil elementos del ejército en California, Texas y Arizona para detener a los migrantes y con sus declaraciones mediáticas los ha criminalizado.

México es el segundo país del mundo que más migrantes expulsa, por encima de China y Rusia. La población de ascendencia mexicana en Estados Unidos es la tercera minoría racial más grande y representa el 10.9% de la población total. Así mismo, en 2017 el gobierno norteamericano contabilizó 11.3 millones de inmigrantes mexicanos en su territorio de los cuales deportó, de enero a noviembre, a 151,647.

Nuestro país ha sido históricamente un lugar de paso y destino de migrantes. México se ha beneficiado con el arribo de españoles, libaneses, franceses, chilenos y cubanos, por citar algunos. El año pasado, tan solo de enero a septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió 10,262 solicitudes de refugio de las cuales concedió 1,357.

Sin embargo, desde 2015 nuestro país ha deportado a más centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador que el propio Estados Unidos. Tan sólo en 2017 nuestro gobierno deportó a 79,760 migrantes de esa región, mientras que el vecino del norte lo hizo con 74,789 personas.

Es importante mencionar que estos migrantes centroamericanos han huido de sus localidades (migración forzada) debido a las duras condiciones de violencia generalizada, pobreza y escasez de oportunidades. En 2016, El Salvador y Honduras ocuparon el 2º y el 4º lugar respectivamente de los países con más de 20 muertes violentas por cada 100,000 habitantes de los países que no están en guerra.

Los migrantes están optando por viajar en "Caravana" por cuestiones de seguridad y de economía. Al atravesar nuestro territorio, desafortunadamente muchos son víctimas de robos, extorsiones, violaciones y secuestros perpetrados por el crimen organizado. Sólo para dimensionar el problema, la Policía Federal reportó haber rescatado a 71,415 migrantes secuestrados entre 2007 y 2014. Y, por otra parte, los migrantes llegan a pagar a los traficantes de personas hasta más de USD$ 10,000 para llegar a Estados Unidos.

Los migrantes centroamericanos están bajo acecho, tanto de grupos de la delincuencia organizada que se aprovechan de su vulnerabilidad para extorsionarlos, secuestrarlos o alimentar sus redes de trata; como de políticos oportunistas que los utilizan como medio de presión o carne de cañón para lograr sus fines particulares. De modo que hay una doble victimización.

Ante este fenómeno, la perspectiva que ha adoptado nuestra legislación ha sido la protección de los Derechos Humanos. La Constitución reconoce el goce de las garantías a todo individuo en nuestro país y establece que su interpretación se adherirá a los tratados internacionales favoreciendo en todo momento la protección más amplia. La Ley de Migración establece dentro de sus principios rectores el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes; la congruencia al garantizar los derechos que reclama para sus connacionales; la responsabilidad compartida con los diversos países; la hospitalidad y solidaridad internacionales; y la facilitación de la movilidad internacional de personas, entre otros.

Respeto absoluto a la dignidad humana

De hecho, la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis aislada que establece tres criterios para la interpretación jurídica: el mayor beneficio de la persona, el mayor sentido propicio de la libertad y la consideración hacia la parte en inferioridad de condiciones.

Uno de los principios fundamentales del PAN es el respeto absoluto a la dignidad humana. Afirmamos que la decisión de migrar es un derecho fundamental de la persona. Sostenemos que los ciudadanos en el extranjero deben de gozar del pleno respeto a su dignidad y a sus derechos. Y sostenemos también que la convivencia universal nos obliga a la solidaridad humana.

México siempre ha sido un país hospitalario y solidario. La solidaridad surge de la capacidad de comprender las necesidades del otro en dificultad y hacerse cargo de ello. Debemos ver a los migrantes no sólo sobre la base de su estatus migratorio, sino como personas que deben ser protegidas.

Por estas razones, es deseable que los ayuntamientos, los estados y la federación redoblen esfuerzos en materia de seguridad a fin de cuidar la integridad de quienes atraviesan nuestro país. El gobierno mexicano debe regularizar la condición de los inmigrantes, dando prioridad a los menores que viajan solos y procurando la unidad de las familias, ya sea mediante el otorgamiento del estatus de refugiado, de la entrega de visas especiales o de cualquier otro mecanismo previsto en nuestro marco legal.

El gobierno mexicano debe asumir el liderazgo de la Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, a fin de que los gobiernos de América del Norte redoblen su corresponsabilidad con Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza, de combate al crimen organizado, de fortalecimiento de capacidades institucionales y desarrollo económico a fin de generar oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen.

La inmigración es una responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y organismos internacionales. De ahí que el gobierno mexicano deba involucrarse en un diálogo sobre migración en el sistema multilateral interamericano que conduzca a encontrar soluciones compartidas, tanto en el corto plazo como duraderas, a fin de que ésta deje de estar bajo acecho.

La pobreza y la Cuarta Transformación

@MarcoAdame | @OpinionLSR | @lasillarota



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