México retrocedió varios lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017, ubicándose en el lugar 135 de 180 países, colocando al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La organización Transparencia Mexicana consideró que este descenso probablemente se deba a las resistencias que se han generado para implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
"Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito", afirmó.
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El IPC, es una medición anual que da a conocer Transparencia Internacional, el cual, mide en 180 países los niveles de corrupción percibidos en cada nación respecto del sector público.
El Índice utiliza una tasa de cero a 100, en donde cero es altamente corrupto y 100 muy honesto.
En el caso de México, Transparencia Mexicana afirmó que la transparencia por sí sola no es suficiente para combatir de manera eficaz la corrupción, pues a pesar de que en esa materia el País sí está bien evaluado sigue cayendo en el IPC.
Por ello, Transparencia Internacional realizó cuatro recomendaciones para México en materia anticorrupción:
1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional.
2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.
3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.
4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
Con información de Reforma y El Financiero
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