Main logo

Vianney, entre no ver a su familia y crear figuras para sobrevivir en Santiaguito

Dentro de los penales las redes de apoyo crecen en el sector femenil, sin embargo, el abandono que padecen es derivado de los estigmas sociales

Escrito en METRÓPOLI el

TOLUCA.-Desde hace seis años, Vianney trabaja en los taller de foami del penal de Almoloya de Juárez, mejor conocido como Santiaguito, fue sentenciada a 32 años de prisión por el delito de secuestro, de los cuales 20 años ya ha pasado tras la rejas. Ha tenido que aprender a trabajar y solventar sus gastos dentro del centro penitenciario pues desde hace dos años, no recibe visitas.

Originaria de Nezahualcóyotl, llegó a Santiaguito como parte de las medidas de despresurización de penales hace siete años, hoy a sus 41 años sueña con recobrar la libertad pero sin perder la independencia que, durante el tiempo como persona privada de la libertad, ha ido forjando.

Con el cabello recogido, el delineado de los ojos en un tono azul y su cubrebocas, toma los pliegos de foami y con moldes los recorta para que queden perfectos, valora sus horas en el taller, le gusta más que el de costura y serigrafía, aunque lo cambiaría en cualquier momento por volver a su municipio natal, recorrer sus calles, abrazar a su hija fuera de una cárcel.

“Yo tenía 20 años, conocí a una persona, me junte con él, a los meses nos aprehenden a los dos por secuestro, yo desconocía todo, cuando me detuvieron… me torturan, me obligaron a hablar porque yo no sabía nada, me sentenciaron. Acabo de meter un nuevo amparo y espero que en mi caso aplique el protocolo de Estambul, ahorita me quitaron sentencia y estoy esperando que revisen mi caso. Espero -primero Dios- irme”.

EL ABANDONO DE MUJERES EN LOS PENALES

A la quincena, por crear letras y figuras de foami, gana mil 300 pesos lo que reconoce no es suficiente para vivir dentro del penal, porque tiene que comprar todo, desde el jabón hasta la tarjeta telefónica para mantenerse en contacto con su familia.

“Es muy difícil, mis padres están grandes y en Nezahualcóyotl, estoy muy lejos de donde están ellos. Dejé a una hija afuera, ella ahorita estudia, trabaja y tiene un bebé, tiene como dos años que no los veo, no vienen seguido, por eso trabajo, de esto me sostengo para comprarme mis cosas personales”.

En el Estado de México, De acuerdo con el informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México  de la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) publicado en 2020, de las mil 975 mujeres privadas de la libertad que habitan en los penales mexiquenses, apenas 200 son visitadas y por si fuera poco, todas carecen de un lugar digno para pasar sus condenas o procesos, lo que deriva en condiciones de hacinamiento que complican su proceso de reinserción a la sociedad.

En el estudio se señala que, después de un año de reclusión, las mujeres son totalmente abandonadas por sus familiares, parejas y redes de apoyo.

Si bien dentro de los penales las redes de apoyo crecen en el sector femenil, donde se detectó un menor grado de cogobierno, el abandono que padecen es derivado de los estigmas sociales aíslan a las mujeres en prisión, quienes dejan de cumplir el rol que ocupaban como esposas, madres o hijas, por lo que son vistas como culpables del encierro y por ello, merecedoras de un aislamiento total.

Por esta situación, se detectó además que, debido a que pese a estar privadas de la libertad necesitan dinero para sobrevivir, se meten a trabajar en los talleres penitenciarios, y aunque esto no les genera un salario digno, sí un ingreso que no es proporcionado por sus familiares.

¿RECLUSAS… CULPABLES?

La historia de Vianney se repite, aunque con diferentes matices, algunas sabían de la actividad delictiva de sus parejas, otras no se imaginaban pero fueron sentenciadas como cómplices, aunque saben que no todas son inocentes, aseguran que la mayoría son culpables, sí, de una violencia de género perpetrada por sus parejas, por sus familias o por el sistema.

“La mayoría de las que estamos aquí es porque estuvimos en el lugar menos indicado. Muy jóvenes no conocemos o no tratamos más a las personas y ve hasta dónde llegamos, entonces, sí hay que conocer, ver, poner más atención, todo eso… Vea hasta dónde llegamos por eso”.

PROTOCOLO DE ESTAMBUL

Cuando Vianney habla de recuperar su libertad, lo hace porque se considera candidata para que se le aplique el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como protocolo de Estambul, que no es más que el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias. El manual contiene estándares y procedimientos aceptados internacionalmente sobre cómo reconocer y documentar síntomas de tortura. De esta forma, ayuda a que la documentación recopilada cumpla con los requisitos necesarios para servir como evidencia válida ante los órganos de justicia.

Es decir, cualquier confesión obtenida a través de tortura, debería ser inadmisible en los juicios.

En el Estado de México, desde  1994 está vigente la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, en ella se describe que se le impondrá una pena de tres a doce años de prisión, de doscientos a quinientos días multa y destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar otro de esta misma naturaleza, por un término hasta de veinte años, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros delitos que concurran al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija golpes, mutilaciones, quemaduras, dolor o sufrimiento físico o psíquico, coacción física, mental o moral, o prive de alimentos o agua o disminuya la capacidad física o mental, aunque no cause dolor o sufrimiento físico o psíquico, a cualquier persona, para obtener del sujeto pasivo o de un tercero información o confesión, o la realización u omisión de una conducta determinada; castigarla por cualquier acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; obtener placer para sí o para algún tercero.


(SAB)