ATIZAPÁN.- Líderes vecinales de Atizapán aseguran ser víctimas de represión, acoso, intimidación y hostigamiento por parte la policía municipal que encabeza el comisario Alberto Luis Ugalde Fernández, y quien aparentemente ha desatado una persecución en contra de los colonos que se han opuesto a las obras de desarrollo urbano que se pretenden edificar en esta localidad del Valle de México.
Consultado al respecto, el Gobierno de Atizapán informó que la Defensoría Municipal de Derechos Humanos instaló módulos itinerantes de atención para brindar asesoría psicológica y jurídica gratuita, a fin de garantizar el bienestar de los habitantes.
"Éstos se hallarán en zonas de mayor afluencia y también otorgan información acerca de qué son los derechos humanos y cómo hacerlos valer. Estos módulos darán servicio los días martes y jueves, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y contarán con la asesoría de especialistas en Derecho y Psicología", señaló, al tiempo en que justificó que la policía se encargará de vigilar las obras que se realizan en la demarcación para garantizar que se lleven a cabo satisfactoriamente.
Intervienen grupos de choque
De acuerdo con los vecinos, en la presente administración municipal, la policía municipal, apoyada con un grupo de choque ajeno a la gestión pública, ha participado en al menos cuatro eventos en los que aparentemente se ha vulnerado los derechos humanos de quienes desean hacer uso de la libre manifestación para inconformarse por el desarrollo de alguna obra o acción de gobierno, como es el caso de los distribuidores viales de San Mateo Tecoloapan y Lomas de Atizapán.
"Es un tema que nos preocupa fuertemente, pues llevamos más de 30 años viviendo en el municipio y hemos pasado por varios cambios de la administración en los que hemos señalado cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman y nos enfrentamos a varias reacciones, pero nadie se había atrevido a ir en contra de la ciudadanía, pues este gobierno cuando siente que ve amenzados sus intereses, recurre a la intimidación y la represión", indicó Verónica García Miceli, presidenta de la asociación Ciudadanos Libres Organizados por Atizapán de Zaragoza (COAZ).
Las violaciones
Verónica García, tres líderes vecinales más y cerca de 50 vecinos de los fraccionamientos Arboledas, Villas de la Hacienda, Lomas de la Hacienda, Club de Golf y del poblado de San Mateo Tecoloapan, entre ellos, niños y adultos mayores, fueron reprimidos a golpes en octubre del año pasado y uno de ellos detenido, cuando se manifestaban pacíficamente sobre la Calzada de los Jinetes contra la construcción del puente vehicular de Villas de la Hacienda-San Mateo Tecoloapan, al considerar que la obra era innecesaria y dañaría el medio ambiente porque implicaba la tala de al menos 70 árboles, aunque las autoridades municipales aseguraron que solo se trató de una veintena de ellos.
Sin embargo, los golpes no bastaron, pues en los días subsecuentes, ella recibió amenazas en su equipo móvil, en donde se le señalaba que se conformaba un proceso ilegal en su contra por el supuesto robo de una computadora de un millón de pesos, el cual se ejecutaría si mantenía su inconformidad contra la obra, mientras que otros vecinos fueron seguidos hasta sus domicilios por parte de integrantes de grupos ajenos, quienes se apostaban afuera de sus viviendas por un tiempo para mantenerlos vigilados, al tiempo en que recibían llamadas para decirles que ya conocían sus movimientos y actuarían si no desistían de las protestas.
Lo anterior, llevó a Verónica a solicitar su adhesión al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual se encuentra en proceso.
Esta forma de operar por parte de las autoridades locales, se replicó en contra de los vecinos del fraccionamiento Lomas de Atizapán y de la Unidad Habitacional 27 de septiembre, quienes despertaron el pasado 27 de julio sitiados por un grupo de cien policías municipales y de 200 hombres de entre 16 y 30 años de edad, presuntamente pertenecientes a una organización llamada Los Julios, quienes se desplegaron a lo largo de las calles con palos y piedras para intimidar a los vecinos que se intentaran movilizar en contra de la edificación del puente de la Avenida Ruiz Cortines, al acreditar que la obra implicaría la tala de 90 árboles con más de 30 años de antigüedad y tampoco es indispensable para aliviar el tránsito en la zona.
Ahí, fueron detenidos Andrea y Eduardo, de 27 y 29 años de edad, quienes fueron golpeados por los policías municipales y detenidos por el delito de Resistencia, por intentar bajar una lona de un puente peatonal que el propio gobierno colocó para autoaplaudir la construcción de puente a nombre de los vecinos, mientras que otros tres fueron fuertemente agredidos por sujetos desconocidos.
No hay interlocución
La presidenta de la asociación Damas y Solidarios del fraccionamiento Lomas de Bellavista, Etelvina Gil González, aseveró que desde la llegada de la presente administración se ha agudizado la violación de derechos humanos en este municipio, debido a que los integrantes del gobierno no han tenido una buena interlocución con las asociaciones civiles y de colonos.
"Este gobierno ha tenido la puerta cerrada totalmente cuando los vecinos nos manifestamos en contra de un proyecto de Desarrollo Urbano y, en su lugar, ha recurrido a las amenazas, la intimidación y la represión, además de generar un acoso permanente en contra de los liderazgos y a los que se les ha tratado de aplicar la ley garrote, es obvio que se tiene miedo, pero hay que seguir dando la batalla para evitar que se sigan cometiendo abusos en contra de la ciudadanía", destacó.
Este fenómeno también se replicó en las comunidades de Calacoaya y El Campanario, donde el gobierno municipal ha reprimido a los líderes vecinales para despojarlos de un inmueble, apropiarse de predios para fraccionarlos a particulares y organizar la celebración de una fiesta patronal, todos éstos ocurridos en los últimos 18 meses y en los que se han desplegado fuertes dispositivos de seguridad para intimidar a los vecinos.
Uso desmedido de la fuerza
El director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Duque Lara, manifestó su preocupación por el actuar del gobierno municipal y su policía, pues se ha acreditado el uso desmedido e inaceptado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en estos evento, al tiempo en que están haciendo caso omiso a los procedimientos legales que han presentado los grupos de vecinos para frenar las obras y que, en algunos casos, han derivado en suspensiones que la propia autoridad no ha respetado.
"Es inaceptable y reprobable que lo hagan también con el uso de grupos de choque y de aquiciencia que participen en la violación de derechos humanos, pues radica en que éstos están auspiciados, tolerados y protegidos por las autoridades", destacó.
El defensor de derechos humanos lamentó que el gobierno local no apueste primero por la construcción del diálogo y acuerdos por encima del inicio de las obras y, en su lugar, anteponga una violación directa a los derechos de los ciudadanos con el uso desmedido de la fuerza, la no garantía a la certeza jurídica y al debido proceso, así como con el uso de grupos que tienen un grado inferior que los paramilitares, pero que en otras regionaes del país y del mundo han desencadenado en problemáticas más fuertes que deben evitarse.
"El hecho de que el Estado, a través de una autoridad municipal, esté utilizando grupos de choque para desincentivar la protesta, representa una violación que históricamente se ha considerado como de las más agresivas hacia la población civil", dijo.
Antonio Duque aseveró que el gobierno municipal aún está a tiempo de reconocer sus errores y fallas en el método con el que ha actuado en contra de la ciudadanía, pues son casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, de no modificarse a tiempo, podrían tener un aumento sistemático que pone en alto riesgo a los ciudadanos.
Atizapán, entre los 10 con más violaciones a DDHH
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) informó que, tan solo en los primeros siete meses de 2020, Atizapán de Zaragoza se colocó entre los 10 municipios mexiquenses con más quejas por violaciones a los derechos humanos, al sumar 41 procedimientos originados por ciudadanos.
En un documento en poder de La Silla Rota, la defensoría del pueblo señala que los tres principales motivos por los que se han iniciado estas quejas son por violación al Derecho a la integridad y seguridad personal, bajo la modalidad de Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, con 12 procedimientos; Derecho a las buenas prácticas de la administración pública, en la modalidad Derecho a la seguridad pública, con cinco procesos abiertos; y Derecho a la legalidad y seguridad pública, en el rubro de Derecho a la fundamentacion y motivación, también con cinco quejas.
fmma