El gobierno capitalino podría valerse del uso de la fuerza para dispersar las manifestaciones en caso de que el diálogo con los inconformes no rindiera frutos.
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fueron publicados este lunes los mecanismos con los que las autoridades intervendrán en los bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social.
En el documento establece que, si la Subsecretaría de Gobierno, o por medio de la Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana, considera que no hay posibilidades de continuar el diálogo, será suspendido.
“En los casos previstos en el numeral anterior, la Subsecretaría de Gobierno realizará una valoración conjunta, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de los instrumentos de planeación previstos en el numeral Cuarto de este Acuerdo para, en su caso, activar los procedimientos contemplados en los capítulos V y VIII del uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones o reuniones del Protocolo de Actuación Policial para liberar vialidades. La valoración conjunta deberá ser documentada por la Secretaría de Gobierno”, se puede leer en la Gaceta Oficial capitalina.
El derecho a la movilidad es tan importante como el derecho a la manifestación.
— Gobierno CDMX (@GobCDMX) 8 de noviembre de 2019
Por eso, con el apoyo de especialistas en derechos humanos, creamos un protocolo de actuación en caso de bloqueos en vialidades primarias.
Conócelo: https://t.co/NEYnEWfjFu#CiudadDeDerechos pic.twitter.com/QUdXEe2Ocm
Los elementos que intervengan en las manifestaciones deberán portar el uniforme reglamentario y la placa de identificación visible; no podrán portar objetos ajenos a los asignados o armas letales.
“El uso ilegal, irracional, incongruente, inoportuno y desproporcionado de la fuerza, así como de cualquier objeto, sea o no parte del equipo que le sea asignado, que cause daño a la integridad de las personas manifestantes, será sujeto de rendición de cuentas y sanción de conformidad con la normatividad aplicable”.
Los operativos para liberar vialidades bloqueadas, apunta el documento, serán sujetos a un proceso de revisión, incluyendo los procedimientos de valoración conjunta, por parte de las instancias competentes, para determinar, en su caso, responsabilidades.
En caso de que los manifestantes lo necesiten, los concertadores pedirán la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y les facilitarán la comunicación con este organismo.
cmo