En el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, encabezado por la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, ocurren cosas que se supone esa institución debería combatir. Como parte fundamental del Sistema Anticorrupción, sería de esperar que esta instancia fuera una entidad ejemplar en el combate de las malas prácticas en el sector público.
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Pareciera que no es el caso. Desde hace años, en esta instancia del sector público de la capital de la República se han abierto plazas para el pago de favores, albergar a ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e hijos de políticos y posiblemente hasta militares en retiro que ocuparon cargos importantes en el gobierno federal. Y lo peor es que realmente no asisten a laborar, según confirmaron fuentes al interior del tribunal a La Silla Rota.
Tal es el caso del ministro en retiro Carlos de Silva Nava, quien falleció hace algunas semanas.
A pesar de contar con su pensión como ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía un ingreso de más de 104 mil pesos mensuales como director del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, cargo que ocupó desde octubre de 2012 y hasta su muerte ocurrida el 2 de enero del año en curso.
Aunque no existe impedimento legal para que un ministro en retiro tenga otro ingreso, este servidor público prácticamente no asistía al Instituto, y quien llevaba la operación era la Secretaría Ejecutiva.
También estaríamos frente al dilema ético de si un ex ministro de la Corte, con la jugosa pensión que recibe, debería estar abrevando del erario público con un nada despreciable pago por honorarios.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la pensión por retiro vitalicio de los ministros es igual al salario de un ministro en activo durante los dos primeros años; posteriormente debe ser equivalente al 80 por ciento del ingreso mensual de los ministros en activo (artículo 183).
Tomando como base los salarios actuales de los ministros, publicados en la página de internet de la Suprema Corte, la pensión de los que tienen más de dos años en retiro ascendería a 243 mil 96 pesos mensuales netos.
La información disponible en la página de internet del Tribunal de Justicia Administrativa reporta que en 2013 el ingreso bruto por honorarios del ministro De Silva Nava era de 60 mil pesos y en 2016 ya era de 104 mil 400. Es decir, ¡en sólo tres años fue merecedor de un incremento de 74 por ciento!
La página institucional del tribunal, una de las instancias anticorrupción en donde la transparencia debería ser premisa fundamental, tiene desactualizada la información por más de año y medio. Es de suponer que el pago del ministro en retiro en el año 2017 fue superior.
De acuerdo con fuentes al interior del Tribunal, el ex integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue maestro de Esquivel Mossa y su asesor de tesis.
Otro de los casos de contrataciones de privilegio y sin tener que trabajar, es el de Adrián Serrano Azamar, hijo del poderoso personaje Héctor Serrano, cercanísimo del jefe del Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, que ha ocupado cargos de primer nivel en el gabinete capitalino. Fue secretario de Gobierno, secretario de Movilidad y siempre ha ejercido una influencia y control abrumador sobre los diferentes ámbitos del gobierno capitalino.
Aunque ya se conoce que el hoy aspirante a una senaduría por la vía plurinominal por el PRD tenía colocados a diversos familiares en diferentes áreas del gobierno de la ciudad y en delegaciones políticas, no se conocía que a uno de sus hijos se le había creado una plaza de subsecretario general en el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en agosto de 2012.
Tuvo una carrera impresionante pues menos de un año después, en junio de 2013, fue nombrado secretario de acuerdos asignado a la ponencia 6 de la Segunda Sala Ordinaria, cuyo titular era el magistrado Arturo de la Rosa, personaje muy cercano a la presidenta de la institución. Ahora de la Rosa es magistrado de Sala Superior.
De acuerdo con la página de internet del Tribunal, en marzo de 2016 un secretario de acuerdos tenía un sueldo bruto de 50 mil 979 pesos y contaba con seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa mensuales y un estímulo de 1,492.55.
Adrián Serrano renunció a este cargo cuando se destapó el escándalo del resto de la familia aviadora del político capitalino en 2014.
En los corrillos del Tribunal de Justicia Administrativa se maneja la versión de que el exprocurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, sería funcionario público del Tribunal, adscrito a la Presidencia, y con número de empleado 00000954.
Este dato aparece en un formato de la Subdirección de Recursos Materiales del Tribunal, con el que se asigna equipo de trabajo a los servidores públicos de la institución, en calidad de resguardantes. Este formato no está firmado, según señalan las fuentes, porque el militar, que también fue procurador militar, no asiste a las instalaciones por lo que no tiene equipo bajo su resguardo.
El formato tiene fecha de 17 de marzo de 2017; dice que el servidor público está adscrito a “Presidencia” y tiene ubicación en el piso 8. Está a nombre del “resguardante” Macedo de la Concha Marcial.
Cuando se consultó al área de Comunicación Social cual era el cargo del general, su titular, Víctor Méndez, aseguró que Macedo de la Concha no labora en el Tribunal.
Magistrados que nunca debieron continuar con ese carácter
Otro tipo de situaciones ocurren en el Tribunal.
De acuerdo con la reforma constitucional sobre anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos en el ámbito de las entidades federativas, “continuarán como magistrados exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados” (el subrayado es de esta reportera).
Así lo señala el octavo artículo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la Corrupción (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015).
Pero resulta que hay dos magistrados del Tribunal de la Ciudad de México que terminaron su encargo de seis años a finales del año pasado, y la Asamblea Legislativa los mantuvo para continuar con su plaza. Son los casos de Jesús Anlen Alemán, cuyo “nuevo” cargo es por 15 años, y Jorge Martínez Maldonado, por 10 años.
Esto lo hizo la Asamblea luego de aprobar la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en cuyo artículo cuarto transitorio estableció:
Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que al entrar en vigor la presente ley no hayan sido ratificados en su encargo, podrán ser considerados para nuevos nombramientos en Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México”.
O sea, de que hay formas de darle vuelta a la ley, las hay; y no fue cualquier ley, fue la Constitución. Dentro del tribunal se considera que fue un fraude a nuestra Carta Magna.
¿Quiénes son Jesús Anlen Alemán y Jorge Martínez Maldonado?
El primero fue propuesto por Marcelo Ebrard; fue Procurador Fiscal durante su gobierno. Marcelo y la presidenta del TJA forman parte del mismo grupo político que en un momento encabezó Manuel Camacho Solís.
En ese mismo grupo se ubica a David Jiménez quien es magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Morelos. De hecho, la esposa del magistrado Jiménez, María Luisa Gómez Martin, ocupa el cargo de secretaria general de Defensoría Jurídica y Orientación Ciudadana en el Tribunal de la Ciudad de México.
De acuerdo con conocedores del tribunal, este nombramiento no se hizo conforme lo marcaba el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso, que estaba vigente al momento de la designación, el cual señalaba que :
“El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia el cual comprenderá al Secretario General de Acuerdos, al Secretario General de Compilación y Difusión, al Secretario General de Defensoría Jurídica, a los Secretarios de Estudio y Cuenta, a los Secretarios de Acuerdos y Actuarios”.
Ese sistema profesional se aplica para las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, y la señora Gómez Martin no se sometió al procedimiento de ingreso que plantea el sistema. Ella no formaba parte del sistema pues no trabajaba en el tribunal.
Jorge Martínez Maldonado, por su parte, es un personaje muy cercano al ex diputado federal y local, ex delegado y jefe de un clan que domina la delegación Venustiano Carranza, Julio César Moreno.
Con apenas cargos de subdirector de Verificación y Reglamento y subdirector de Servicios Legales en la Delegación Venustiano Carranza, fue propuesto por Marcelo Ebrard cuando Julio César Moreno era presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea.
Otra persona allegada a Julio César Moreno es Sonia Michelle Buendía Croskey, quien fue nombrada secretaria de Acuerdos en el Tribunal en octubre del 2012. Tampoco se incorporó mediante los requisitos que establece el sistema profesional de carrera jurisdiccional. Buendía Croskey solicitó licencia en el Tribunal en noviembre del 2014 y posteriormente renunció.