Ante el temor de que la futura Constitución de la Ciudad de México abra la posibilidad de que la Iniciativa Privada participe en el servicio de recolección de basura, al menos 2 mil trabajadores de limpia protestaron en las inmediaciones de la casona de Xicoténcatl.
En la antigua sede del Senado, continúan las sesiones de la Asamblea Constituyente para avanzar en el diseño del texto final de la Carta Magna, donde este jueves inicia el debate de artículos relacionados con el tema de Desarrollo Sostenible.
Los trabajadores de limpia, encabezados por líderes de diversas secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno capitalino (SUTGDF), organizaron su manifestación, en alerta por lo referido en el inciso A, numeral 5, del artículo 21, del proyecto de dictamen de la Constitución local.
“La autoridad, en el marco de su competencia, llevará a cabo las medidas de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente”, señala el párrafo rechazado por los prestadores del servicio de recolección.
Para el legislador del PRD, Juan Ayala –quien además es dirigente del SUTGDF--, la propuesta elaborada previamente por la comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente podría sentar las bases para que, en leyes secundarias, se permita privatizar el servicio que prestan sus agremiados.
Por ello, Ayala gestionó una reunión entre representantes de los inconformes y constituyentes del PRD, para escuchar sus inquietudes y que los legisladores de ese grupo parlamentario respalden la postura de quitar del proyecto constitucional la propuesta de que el sector privado participe en la prestación de ese servicio público.
Mientras los manifestantes protestaron sobre Tacuba, y estuvo cerrada esa vialidad entre el Eje Central y la calle Bolívar, en el patio de la Casona de Xicoténcatl, sus líderes sindicales fueron atendidos por los constituyentes perredistas Dolores Padierna, Marcela Lagarde y Juan Ayala.
La preocupación por la eventual privatización de los servicios públicos en la Ciudad es compartida por la fracción parlamentaria de Morena, cuyos integrantes presentarán ante el Pleno de la Asamblea Constituyente una reserva al artículo 21, correspondiente al Ordenamiento Territorial, para que sea incluida como un párrafo inicial que impida tal privatización.
“En la Ciudad, se prohíben las concesiones, autorizaciones o permisos para la prestación de servicios públicos estratégicos, o la administración de bienes y espacios del dominio público.
“Los recursos fiscales y públicos no se emplearán para financiar el capital privado. Los esquemas de financiamiento privado para la realización de obras y servicios públicos están proscritos –asociaciones público privadas--. Los servicios públicos no son susceptibles de privatización en ninguna de sus fases”, señala la propuesta de Morena.
El artículo 21 es de los que generarán más polémica en la sesión del Constituyente, pues incluye lo relacionado con las contribuciones especiales de los desarrolladores inmobiliarios beneficiados con mejoras al entorno urbano y los gravámenes a la propiedad inmobiliaria ociosa con fines de especulación.
Pero antes de entrar a la discusión de ese artículo, los constituyentes iniciarán el capítulo de Desarrollo Sustentable, con la revisión y aprobación del 20, relativo a la Planeación de la Ciudad.
vsv