Para talar ilegalmente cientos de árboles centenarios que crecieron en la Ciudad de México y el Estado de México, y venderlos en el mercado negro, todo lo que se necesita es la oscuridad de la madrugada y un fajo de billetes.
Al menos una vez al mes, desde hace 10 años, Héctor Paredes, de 45 años, y su hijo Alberto, de 19, cumplen con un mismo ritual para llevarse dinero a los bolsillos a costa del aire que todos respiramos: al ponerse el sol, avanzan tanto como pueden en su vieja camioneta Yukon por los caminos sin pavimentar de la zona del Ajusco y cuando llegan a Xalatlaco, sus amigos y vecinos, una red de talamontes que resguardan el bosque, les prestan un par de caballos para llegar a una zona de difícil acceso en la zona conocida como El Capulín, donde ambos pasan todo el día talando árboles de pino y oyamel para vender su madera en el mercado negro.
Tenemos horario de gente de campo: empezamos cuando amanece y nos retiramos cuando anochece. Hay que llevar comida al Capulín porque a donde vamos no hay donde preparar. Y ahí le damos con la sierra, ¡zaz! ¡zaz! En un buen día tiramos unos 50 árboles cada uno", cuenta Héctor Paredes en su primera plática con este reportero, ocurrida justo el 12 de mayo pasado, cuando la Ciudad de México se asfixiaba con un aire inusualmente contaminado con partículas PM 2.5, como consecuencia de un pobre manejo ambiental y de incendios forestales que se expandieron gracias a la deforestación.
Dos días después, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declararía una contingencia ambiental "extraordinaria" en medio de los airados reclamos de la sociedad civil por su tardía reacción ante la contaminación.
Llegar hasta Héctor Paredes fue relativamente fácil. Los talamontes son distinguibles por sus ropas cubiertas de aserrín y su andar cansado en las orillas de los caminos donde ya no hay turistas. A la altura de San Miguel Ajusco, Héctor Paredes ofrecía su trabajo como "carpintero": consigue madera de zonas naturales reservadas del bosque, el contacto con el aserradero, el traslado seguro hasta el punto de entrega y el diseño y participa en la construcción de cabañas turísticas.
La verdad, ¿para qué le voy a mentir? Yo trabajo lo que es la madera clandestina, no sé si haya problema con eso", se sinceró rápidamente. "Desgraciadamente, la policía también trabaja con nosotros. Yo me encargo de darles, de eso no se preocupe usted (...) Acá en el Ajusco hay mucha madera, todavía nos queda bastantita".
El Parque Nacional Cumbres del Ajusco es una zona que desde 1936 fue declarada por el gobierno mexicano como zona protegida en su flora y fauna por su importante labor como pulmón para la capital mexicana y el Estado de México. Sin embargo, los cálculos de la organización Greenpeace México apuntan a que el Ajusco ha perdido, desde 2007, al menos unas 3 mil hectáreas de zonas verdes a manos de talamontes ilegales. Es decir, en 12 años se han perdido el equivalente a poco más de cuatro veces la superficie del Bosque de Chapultepec. Todo a plena luz del día.
Las sospechas de colusión entre policías de la Ciudad de México y el Estado de México en el tráfico de madera ilegal --un negocio que a nivel global alcanza los 10 mil millones de dólares, según el Banco Mundial-- llevó a que en febrero pasado la Policía Federal y el Ejército hicieran un operativo contra los talamontes, desplazando a las policías locales. El resultado fue agridulce: 24 aserraderos clandestinos ubicados y clausurados, pero ninguna detención.
Según Héctor Paredes, los mismos policías locales avisaron a los talamontes que habría un operativo federal en su contra y les ayudaron a escapar del Ajusco hacia las Lagunas de Zempoala. Para escapar, hicieron lo que siempre hacen cuando hay un operativo: en los angostos y curvos caminos del bosque, los talamontes dejaron automóviles como barricadas. Esos vehículos aún permanecen en los caminos.
Uno de los mejores clientes de Héctor Paredes es Ramón N., quien accedió a conversar con LA SILLA ROTA sobre el otro lado del negocio, pero sin que su identidad fuera revelada. Él ha comprado, en los últimos meses, unos 250 mil pesos de madera a los talamontes del Capulín con una sola condición que se cumple sin problema: que todos los árboles talados sean centenarios para que su madera tenga la dureza necesaria para su negocio.
Yo ahí sí soy muy estricto, les pido que me traigan árboles de 100, 120 años", admite Ramón "N", cuyo pago a los talamontes ya incluye la protección de las autoridades. "Va incluida una mordida de mil pesos (a la policía de la Ciudad de México), es relativamente barata. El problema es cuando te agarra el Ejército, porque ahí es una mordida de 50 mil pesos, te decomisan la madera y tienes que volver a pedir".
Para evitar al Ejército, los talamontes suelen seguir una misma estrategia: talan de día y por las noches llevan los árboles muertos a los aserraderos clandestinos. Después, el cliente paga la madera y los polines y vigas se encaraman en varios camiones que correrán de madrugada desde el Capulín hasta la zona de entrega. Ahí, un guardia y un equipo de cargadores, pagados por el cliente, deben esperar a que llegue la mercancía y es su obligación meterla rápido, al amparo de la oscuridad.
En menos de una semana, presume Ramón N., lo que antes eran viejos árboles que tardaron más de un siglo en crecer y dar oxígeno a la Ciudad de México y Estado de México ahora son troncones depositados en predios ocultos, listos para ser aprovechados, principalmente, por empresas de la industria de la construcción, que así se ahorran hasta 50 por ciento de los gastos, si tuvieran que comprar la madera en el mercado legal.
La verdad, no. No me da remordimiento. Vaya usted a la zona de Salazar, por ahí por La Marquesa y vea las mansiones que tienen ahí. Clubes de caballos, de golf, cabañas de lujo. Le digo porque yo ahí he hecho trabajos y todo eso se hizo con madera del Ajusco. ¿Quiénes son los dueños de esas casonas, de esas mansiones? Puro diputado, político, empresario millonario. Ellos son los que sí se benefician del bosque. Yo nomás le agarro poquito y es para mi negocio, pero ellos roban de a montón".
Los talamontes no solo están en el negocio de la madera procesada. También están a la orden de cualquiera que compre o tenga un terreno en una boscosa y necesite talar decenas de árboles, pero sin los permisos necesarios y sin reforestar. Héctor Paredes y su hijo, por ejemplo, cobran siete pesos por árbol talado dentro de una propiedad privada.
"Usted nomás nos abre la puerta, nos regala un refresco y nosotros hacemos lo nuestro. Va a ver que le dejamos bien parejito todo, no le dejamos ni los troncos", presume Héctor Paredes, quien aprendió el "oficio" de su padre, también talamontes clandestino. Según sus cálculos, unas 25 familias, solo en El Capulín, viven de esta actividad ilegal que se sanciona hasta con 10 años de cárcel.
Los efectos de esta práctica son notorios para los visitantes del Ajusco: después de la zona turística de San Nicolás Totolapan, el ecocidio es evidente. Hay gruesos troncos recientemente cortados, señal de que ahí hubo un viejo árbol; pequeños árboles derribados, posiblemente a causa de la caída de otro más grande y que es parte de los "daños colaterales" de la tala ilegal; y las marcas de grandes llantas en la tierra que corresponden a largos camiones que van vaciando el bosque.
Lo que no es tan notorio, a la vista de los paseantes, es que una vez llegando al territorio de talamontes en el Ajusco, hay vigilantes que siguen el camino de los paseantes. Hombres que bajo la ropa cubierta de aserrín esconden armas que están dispuestos a usar para defender el territorio que dominan con la complicidad de las autoridades.
Este es un negocio grande, los talamontes y los policías lo defienden con plomo", cuenta Ramón N. "Yo recomiendo que mejor se vaya por otro lado, porque aquí la gente es cabrona. El Ajusco no es de todos. El Ajusco es de ellos".
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