La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, ofrece recompensas para quien ayude a resolver seis casos de mujeres desaparecidas o muertas; sin embargo, pide a informantes que contacten a un ex funcionario fallecido.
Los casos de Guadalupe Pamela, Natali, Atzin, Karina Itzel, María Cristina y Aidée tienen puntos en común: la impunidad que los envuelve y que la FGJ no ha podido resolverlos, lo que la ha llevado a solicitar apoyo de la ciudadanía.
La dependencia difundió las recompensas disponibles por un monto total de nueve millones de pesos a cambio de información útil y veraz para dar con el paradero de las mujeres y de los probables asesinos, pero lo hizo con descuido.
En cuatro de las seis gratificaciones vigentes por cantidades que van de los 250 mil hasta 2 millones de pesos, la FGJ solicitó a posibles denunciantes que contacten a Rodrigo de la Riva, funcionario que renunció al cargo de subprocurador en 2020 y falleció en octubre de 2021, cuando era servidor público federal.
De acuerdo con reportes consultados por La Silla Rota, la fiscalía local está dispuesta a pagar por informes que aporten particulares para hallar a Guadalupe Pamela, Natali, Atzin y Karina Itzel, así como para dar con los homicidas de María Cristina y Aidée.
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La fiscalía local admitió, en acuerdos oficiales, todos firmados por Godoy Ramos, que ni siquiera ha sido posible identificar a los responsables de estos crímenes. Señaló que por ello ha recurrido a su facultad de “proveerse de los medios necesarios” para aprehenderlos, además de ubicar a las víctimas cuyo paradero aún se desconoce.
La institución se refiere al sistema de recompensas, el cual presenta fallas y descuidos que pueden entorpecer las indagatorias, admitieron detectives de la Policía de Investigación que pidieron anonimato.
En los casos de Atzin, Karina Itzel, María Cristina y Aidée, la FGJ pone a disposición de posibles informantes el correo electrónico del exsubprocurador Rodrigo de la Riva, que es rodrigo_riva@fgjcdmx.gob.mx.
De la Riva era titular de la Unidad de Análisis Estratégico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSSPC) cuando murió por Covid-19 el 9 de octubre de 2021.
Fue pieza clave en la investigación de casos relevantes en la fiscalía capitalina, como los homicidios del estudiante Norberto Ronquillo y del seminarista Leonardo Avendaño.
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En 2020 renunció al cargo de subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales para ser director General de Puertos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Agentes de la PDI dijeron que aún cuando el correo de De la Riva pudiera ser consultado por otros servidores públicos, la decisión de mantenerlo como contacto, sin actualizar las gratificaciones y dejarlas tal como se emitieron, demuestra falta de seriedad en algo tan relevante como atender desapariciones y homicidios de mujeres.
Según datos actualizados de la ONU, en México se reportan más de 99 mil 400 personas desaparecidas, por lo que el organismo urgió al gobierno a erradicar este fenómeno y combatir la impunidad que persiste en el país.
El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) celebra sesión desde el 28 de marzo y lo hará hasta el 8 de abril, durante la cual adoptará su informe sobre la visita a México.
Respecto a las seis recompensas de la fiscalía, todas se encuentran disponibles no sólo en acuerdos oficiales, sino en su página oficial; en cuatro casos los ofrecimientos no sólo mantienen el correo del exsubprocurador fallecido, sino que omiten detalles que pueden ser relevantes para los interesados.
Por ejemplo: no aparecen datos generales de las víctimas, como edad, estatura, señas particulares, vestimenta, lugares donde fueron vistas por última vez o sitios en donde se cometieron los asesinatos. Sólo se dan detalles de las indagatorias de Guadalupe Pamela y Natali.
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La fiscalía ofrece en cuatro indagatorias hasta 2 millones de pesos de recompensa -por cada caso-, pero en dos más la cifra es de 250 mil pesos por informes para la localización de las mujeres y otros 250 mil por los sospechosos de las desapariciones.
RECOMPENSAS, REFLEJO DE MALA INVESTIGACIÓN: COLECTIVO
Mitzi Robles, integrante del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, afirmó que la emisión de recompensas por parte de la FGJ revela que las investigaciones de mujeres desaparecidas en Ciudad de México son ineficientes.
“Son muchos los factores que influyen para que no surta efecto la recompensa, pero en realidad las investigaciones no avanzan eficientemente, cuando avanzan lo hacen lentamente y desarrollando muchas diligencias a destiempo, donde quizás lo que se está investigando ya no sería tan relevante e incluso se habría perdido alguna prueba importante”, puntualizó.
La activista comentó que incluso resulta ineficiente el procesamiento de la información que recibe la fiscalía sobre mujeres cuyo paradero se desconoce, porque no hay canales adecuados ni directos para allegarse de datos.
Se le mencionó el ejemplo de Rodrigo de la Riva.
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“El problema de cómo la fiscalía solicita la información es que es muy errático el conmutador o correo electrónico por una razón muy específica, porque tendría que ser un canal que esté dedicado exclusivamente a recibir ese tipo de información y cuando se tenga la respuesta debe ser inmediata, porque de lo contrario el riesgo es que cuando se emprenda la búsqueda ya no sea útil”.
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¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?
Atzin Molina Salinas, desaparecida en febrero de 2019. Recompensa de hasta 2 millones de pesos. Se indaga a La Unión Tepito.
Karina Itzel Morales Baltazar, desaparecida en diciembre de 2018. Recompensa de hasta 2 millones de pesos. Se indaga a La Unión Tepito.
Guadalupe Pamela Gallardo Volante, desaparecida en noviembre de 2017. Salió de su casa con su novio rumbo al Ajusco, en Tlalpan, a un festival de música. Recompensa, 250 mil pesos por su paradero y 250 mil pesos por los responsables.
Natali Carmona Hernández, desaparecida en enero 2019, cuando salió de su casa en Iztapalapa con su novio rumbo a Puebla. Recompensa 250 mil pesos por su paradero y 250 mil por los responsables.
María Cristina Vázquez Chavarría, activista vecinal de la colonia Hipódromo Condesa, asesinada en julio de 2019. Recompensa de hasta 2 millones de pesos por el o los homicidas.
Aidée Mendoza Jerónimo, estudiante del CCH Oriente de la UNAM, asesinada en mayo de 2019 de un balazo en pleno salón de clases. Recompensa de hasta 2 millones de pesos por el o los responsables.
(SAB)