La Ciudad de México requiere una “ley madre” en materia de reactivación económica, que debe aprobarse junto con el paquete económico 2021, para permitir cambios de manera ágil en los giros de establecimientos mercantiles, así como apresurar trámites burocráticos que permitan la inversión de la iniciativa privada.
Sería una ley de excepción que permitiría además potenciar a los sectores más golpeados por la pandemia, entre ellos el turístico, el de las construcciones, y empujar a otros como la publicidad exterior, explicó el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en entrevista con La Silla Rota.
La propuesta se deriva de la situación que está afectando a la demarcación. Ha habido cierres definitivos del 10 por ciento de los establecimientos, sobre todo en Polanco, donde el valor del suelo y las rentas son elevadas. Las autoridades de la alcaldía han establecido contacto con los dueños de los locales y en algunos casos se han obtenido buenas respuestas. Ha habido condonaciones de entre 20 y hasta del 100 por ciento de los alquileres, informó el alcalde.
“Estamos aplicando incentivos, no van a pagar enseres de aquí a diciembre (las mesas y sillas que los restaurantes colocan en exteriores y por las cuales hay que pagar derechos); estamos desregularizando. Tenemos el Proyecto Cero Sellos, para no poner por poner sellos, para no castigar por cosas menores a comercios que cumplen con su función de reactivación y generación de empleos”, indicó.
Con respecto a la propuesta de una ley madre para la reactivación económica asegura que “si no entendemos que el mundo, el país y la Ciudad cambiaron, estamos en un error. Al no haber presupuesto gubernamental que alcance para hacer políticas sociales y de fomento que permitan reactivar de manera inmediata la economía, debemos ir de la mano con la iniciativa privada, con los gobiernos y con la legislación para que haya leyes de excepción”.
UNA LEY DE EXCEPCIÓN
El alcalde ejemplificó que una ley de excepción es la de la reconstrucción para enfrentar la devastación que dejó el sismo del 19 de septiembre; para enfrentar el impacto de la pandemia de covid-19, podría haber una ley de reactivación económica, para hacer una nueva arquitectura jurídica.
“Debemos hacer una ley madre, así lo han hecho otros países, así lo ha hecho México en otros sucesos, con leyes que se dan luego del sismo, en desastres naturales, en pandemias o hasta en la posguerra. Se hacen leyes excepcionales que permiten modificaciones para que la inversión llegue rápido, para que no haya burocracia, para que haya desregulación e incentivos y suficiente capacidad del Ejecutivo en la captación de recursos”.
RECORTES
Recordó que a las alcaldías les quitaron 8 por ciento de su presupuesto para atender la pandemia de la covid-19, además de que el Gobierno de la Ciudad perdió 20 mil millones de pesos en recaudación, por lo que no va haber presupuesto que alcance para las políticas del alcance social para la población más vulnerable.
“Pero necesitamos tocar todas las venas de la arquitectura jurídica de la ciudad. ¿Cuáles son las venas? Las leyes secundarias y para que se modifiquen se requieren leyes de excepción que permita que en materia de obras, de usos de suelo, de giros mercantiles, haya giros progresivos”, remarcó.
“Por ejemplo, si un estacionamiento tiene un uso de suelo de estacionamiento, ¿por qué no hacerlo un autocinema, si ya tiene lo carros? Se llaman giros progresivos que no lo contempla hoy la ley, y lo debía contemplar con un presupuesto nuevo, con la discusión del paquete económico de diciembre, con el código fiscal, para que coexista y se genere una temporalidad en ciertas leyes para reactivar la economía y que la iniciativa privada tenga certezas legales, no de coyuntura”.
-¿Cuál es la urgencia?
-Tendría que aprobarse en el paquete económico de este periodo que empieza en septiembre. Ello, para que en enero se tenga una nueva normalidad jurídica. Debemos tener una nueva arquitectura que permita que haya prontitud en la actividad económica en la ciudad.
Romo, quien tiene una maestría en finanzas, aseguró que ha estudiado los ciclos de economía en guerras, en otras pandemias, y advirtió que si no se da un empujón fuerte, se corre el riesgo de una reactivación tardía.
Se le preguntó si él realizará la iniciativa y contestó que es una propuesta que le hace al Congreso capitalino para discutir la ley de excepción que permita que los sectores de la economía más deprimidos -como el de obras, que ha perdido casi 27 por ciento de su inversión- tenga capacidad de invertir rápido, de generar procesos de regulación y que sea atractivo.
Consideró que con la ley podría haber un cambio de giros similar al que Sheinbaum propuso para que los antros pueden operar como restaurantes.
“Pero ¿qué hacer ante todas las actividades económicas y comercios que hoy la sana distancia se vuelve para ellos un bozal para su reactivación. ¿Cómo hacer que sea perfectible el giro, con giros progresivos o paralelos que permitan que no abusen de cambio de giro? No es lo mismo de una tiendita a un antro.
“Se trata del giro, de horarios. Vamos a tener que repensar la vocación de los usos del suelo que ha definido la ley de desarrollo urbano para generar el comercio y las actividades económicas. El planteamiento lo hago con base en la experiencia que he visto en varias economías en el mundo y la historia. Hay tres tesis en torno de una pandemia: los gobiernos tienen que hacer desregulación, fomento económico e inyección al consumo, vía programas sociales. Son tres fórmulas clásicas de la historia que aunque sean de izquierda o derecha se tienen que aplicar”.
OTRAS PROPUESTAS
La diputada local Patricia Báez Guerrero presentó al Congreso una iniciativa de reformas el Código Fiscal de la CDMX para fortalecer la apertura de nuevas empresas mediante incentivos fiscales para que puedan constituirse y crear empleos.
La iniciativa de la legisladora del PAN propone disminuir la tasa del Impuesto sobre Nómina, en aquellos pequeños centros de trabajo que inician operaciones, pasando el descuento máximo del 70 al 90 por ciento. Con ello, habría un incentivo para que las personas sin actividad productiva, abran un negocio que les garantice el empleo junto con más personas, sin que deban saltar al sector informal.
En la iniciativa expuesta desde la Comisión Permanente, se detalla que las empresas que anualmente puedan acreditar incrementos de por lo menos 25 por ciento en su planta laboral o inicien operaciones, tendrán derecho a una reducción equivalente al 20 y 45 por ciento respectivamente, por el pago del Impuesto sobre Nómina.
Para las empresas que incrementen su planta laboral, se aplicaría el beneficio siempre y cuando, mantengan el porcentaje adicional de nuevos empleos. Cuando se trate del inicio de operaciones, sería del 90 por ciento para las micro y pequeñas empresas.
(Sharira Abundez)