Salpica corrupción a más mandos del mancerismo

Salpica corrupción a más mandos del mancerismo

En total, 35 exfuncionarios de la administración de Mancera han estado en la mira de las autoridades por diversos delitos, principalmente desvío de recursos

METRÓPOLI
  • IVÁN MEJÍA
  • 07/04/2021
  • 09:00 p.m. hrs
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La actual administración del Gobierno de la Ciudad de México ha iniciado varias investigaciones en contra de exfuncionarios de la gestión pasada por presuntamente estar relacionados con delitos que dañaron el patrimonio de la ciudadanía. En total, 35 exservidores públicos han estado en la mira de las autoridades, entre ellos están los nombres de Alejandro De Santiago Palomares Sáenz, excoordinador general del Fideicomiso de la Central de Abasto, e Hiram Almeida Estrada, exsecretario de Seguridad Pública, de los que hasta ahora se desconocía que formaban parte de este listado.

La investigación contra Santiago Palomares sigue su curso, no así la relativa al exjefe de la Policía capitalina, la cual se suspendió; en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI- B-2 C/D/18689/11-2019 a la que obtuvo acceso La Silla Rota, se lee que un jefe de la unidad departamental de la Contraloría recibió una denuncia anónima en la que se le solicitó que se revisara la evolución patrimonial de cuatro exservidores públicos: Julio César Serna Chávez, excoordinador general de la Central de Abasto; Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Hiram Almeida Estrada,  exsecretario de Seguridad Pública, y Santiago de Palomares Sáenz. Todos ellos miembros del equipo del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera

"Vía telefónica se recibe una denuncia anónima donde se pide que se investigue la evolución patrimonial de Hiram Almeida Estrada, Alejandro de Santiago Palomares Sáenz (..) toda vez que los bienes con los que cuenta y los gastos que realizó no corresponden con los ingresos que en su momento obtuvo por concepto de salarios", quedó asentado en el expediente. 

Pero unos meses después de que fuera iniciada esta investigación en contra de los exfuncionarios, el Ministerio Público determinó que se les indagara por separado ya que no había indicios de una "coparticipación".

Derivado de esto, la autoridad resolvió detener la investigación en contra de Almeida, decisión que fue tomada durante el primer semestre de 2020. No obstante también se ordenó que se siguiera investigando a Julio César Serna y Alejandro de Santiago Palomares Sáenz, quienes dirigieron la Central de Abasto (Ceda) durante el mancerismo.

"En el análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación se advierte que no existe una coparticipación con respecto a las conductas investigadas por parte de los hoy imputados (....) se continuará única y exclusivamente por los imputados Alejandro de Santiago Palomares Sáenz (...) y Julio César Serna", determinaron las autoridades.

Actualmente no hay ninguna investigación abierta sobre Hiram Almeida, quien al estar al frente de la Contraloría, cargo que ocupó entre 2012 y 2014, inició las investigaciones y sanciones que hubo en contra de exservidores públicos relacionados con las supuestas anomalías que se hallaron en la línea 12 del Metro que fue mandada a construir por el actual canciller Marcelo Ebrad, cuando éste fue jefe de Gobierno capitalino. 

PALOMARES Y SERNA SOBREEXPLOTARON SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO 

Las auditorías fiscales por parte de la Contraloría señalan que durante la gestión de Alejandro de Santiago Palomares al frente de las áreas de Desarrollo y Fideicomiso de la Central de Abasto (2012-2017) diversos contratos fueron firmados con empresas externas, para que explotaran algunos servicios, lo que ha llevado a la actual administración a una batalla legal para quitarles el control a dichas concesiones.

Además de Palomares otro de los responsables de asignar este presupuesto y de firmar los acuerdos con las empresas fue Julio César Serna, coordinador de la Central de Abasto (Ceda) del 2015 al 2017 e íntimo amigo de Miguel Ángel Mancera.

Las indagatorias apuntan a que Julio César cerró contratos con diversas empresas (N3ERL y otras) por un período de 10 años con el fin de que explotaran diversos servicios de la central, como el cobro del peaje, estacionamientos aéreos, baños y publicidad, mediante el pago de contraprestaciones económicas.

SE EXTENDIERON LAS CONCESIONES IRREGULARMENTE 

La firma de los contratos fue el 22 de noviembre de 2013. Sin embargo, el 16 de enero de 2017 se modificaron dichos acuerdos para extender la vigencia hasta el 1 de febrero de 2027. 

Por tal motivo, desde el 8 de enero de 2018, cuando Serna ya no era titular de la Ceda, un grupo de personas que formaban parte de la estructura administrativa de la Central de Abasto promovió un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, habiendo obtenido de manera cautelar la autorización para recuperar los servicios contratados.

Ante esto, N3ERL y sus empresas asociadas promovieron una suspensión que les permitió recuperar las instalaciones en octubre de 2018, misma resolución que mantiene hasta la fecha a pesar de los diversos recursos de impugnación que ha presentado la actual administración de la Central.  Y actualmente se está a la espera de la sentencia definitiva.

Aunado a esto, la revisión  fiscal que ha realizado la Contraloría de la Ciudad de México en la Central de Abasto ha arrojado que el fideicomiso del mercado más grande del país estaba no sólo no contaba con recursos sino que estaba en números rojos, pues se debían ocho millones de pesos, lo que puso desde un principio en la mira de las autoridades las finanzas del centro de abasto y a los encargados de los movimientos monetarios del lugar como lo eran Julio César Serna y Alejandro de Santiago Palomares Sáenz.

HERMANOS SERNA BAJO LA MIRA DE FGJ Y FGR 

No solo Julio César está bajo la mira de las autoridades, sino también su hermano Luis Ernesto, ambos amigos muy cercanos del ahora senador Miguel Ángel Mancera, a quien conocieron desde su época como estudiantes de la licenciatura de Derecho.

Durante la etapa mancerista, Luis Ernesto se desempeñó como el secretario particular de Mancera, cargo desde el que firmó millonarios contratos de obra pública y desde donde tejió una red inmobiliaria conocida como "el Cártel Inmobiliario", investigación que dio a conocer La Silla Rota en 2018. 

A los tres, Miguel Ángel Macera, Luis y Julio César Sena, se les detectó la compra de  diversas propiedades millonarias; de acuerdo con sus salarios como servidores públicos hubiera sido imposible la adquisición de esos inmuebles.

MANO DERECHA DE MANCERA, INVESTIGADO POR LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL 

Mientras que Julio César es investigado por la Fiscalía capitalina por el ilícito de peculado y en una segunda carpeta de investigación que se inició por delitos contra la administración de la justicia, su hermano es indagado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

La averiguación forma parte de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la FGR por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior también involucra a su esposa, María de los Ángeles Simón, aunque Luis Ernesto ha indicado que están en proceso de divorcio, y a sus hijos María Fernanda, Paulina y Luis Ernesto, además de su yerno Carlos Jiménez Rodríguez.

Como parte de esta indagatoria, el 21 de octubre pasado, la FGR cateó la casa del exfuncionario, inmueble ubicado en la colonia San Ángel Inn, y la de su y yerno, de donde las autoridades aseguraron equipos de computación y documentos.

LOS 35 EXFUNCIONARIOS DE MANCERA EN LA MIRA

A los hermanos Serna y a Palomares se les suman otros servidores públicos que actualmente están bajo investigación. Hasta ahora son 35 los que han sido o son indagados, de los cuales 13 ya han sido llevados ante los tribunales y recientemente se logró la detención en España de Édgar Oswaldo Tungüí, ex comisionado para la Reconstrucción de la CDMX, quien está en proceso de extradición a México. 

El exfuncionario cuenta con tres órdenes de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. 

Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía señalan que Tungüí Rodríguez desvió 48 millones de pesos del fideicomiso 7579-2 para la reconstrucción que se constituyó con recursos públicos, privados e internacionales, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Consta en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B2C/D/03688/08-20 19, que el modus operandi para desviar los recursos consistió en la aprobación de proyectos para la reconstrucción del edificio ubicado en Aluminio 166, en la colonia Popular Rastro, en Venustiano Carranza, que fueron detectados a través de un peritaje de 11 fojas hecho por la entonces procuraduría capitalina, y en el que concluyeron que Edgar Tungüí y otros funcionarios señalados, —entre ellos, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, actualmente prófugo de la justicia— no entregaron el dinero para las obras programadas. 

DETENCIÓN DE UNO DE LOS MÁS CERCANOS A MANCERA AMPLIÓ INDAGATORIAS

Uno de los exfuncionarios que ya fue detenido y que fue uno de los primeros en caer fue Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano en la Secretaría de Finanzas.

El arresto del exservidor público, quien fue conocido como el operador financiero de Mancera, derivó del inicio de distintas indagatorias, ya que a través de su declaración las autoridades obtuvieron información sobre otros actos ilícitos.

Las indagatorias apuntan a que Miguel Ángel destinó recursos públicos para incidir en las elecciones de 2018 y acumuló señalamientos por su papel discrecional en el manejo de las finanzas de la capital. 

Inclusive, en el periodo de transición no entregó los datos sobre la nómina, por lo que se le señaló como el principal obstáculo para conocer el número de aviadores en la administración mancerista. 

DETIENEN A CÍRCULO CERCANO DE MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ  

Previo a su detención, Hedilberto "N" y Julieta "N", subsecretarios de Egresos y Finanzas fueron detenidos por desvío de recursos. Ellos, además de estar involucrados con el desvío del fideicomiso 7579-2 para la reconstrucción, formaban parte del círculo más cercano de Miguel Ángel "N". 

Actualmente Hedilberto y Miguel Ángel fueron vinculados a proceso por actuar en perjuicio de la Hacienda Pública ya que se comprobó que en 2017 adjudicaron en conjunto un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta retenido a trabajadores de 2015 a 2017 "sin que la empresa justificara las labores encomendadas y en contravención a la normatividad aplicable". 

SE DESVIARON RECURSOS PARA UNA NUEVA AGRUPACIÓN POLÍTICA 

Por este contrato se detectaron 290 millones de pesos desviados en el pago de nóminas para la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro.  

A estas aprehensiones se suman las de Gerardo Báez Pineda, exdirector General de Construcción de Obras para el Transporte; Jorge Eduardo Herrera González, exdirector de Construcción de Obra Civil y Fernando Javier Linares Salvatierra, director de Asuntos Jurídicos y Apoderado legal del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quien recientemente recuperó su libertad. 

Hasta febrero pasado, la Fiscalía capitalina había logrado integrar y presentar ante el poder judicial 23 carpetas de investigación en contra de ex funcionarios de la administración pasada.  

RAYMUNDO COLLINS, PRÓFUGO Y BUSCADO EN 191 PAÍSES 

Algunos de los exservidores públicos que también forman parte del listado, pero que aún no son detenidos a pesar de que cuentan con una orden de aprehensión en su contra son: Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda (INVI), y Felipe Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

En lo que respecta a Collins, las autoridades realizaron una auditoria a su gestión durante su paso por el INVI, en la cual se detectó la autorización de la construcción de un conjunto habitacional en la alcaldía Álvaro Obregón, cuyo costo no correspondió a viviendas de interés social.

Derivado de esto, el 8 de septiembre de 2020, un juez de Control libró una orden de aprehensión contra el también ex titular de la Policía capitalina, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, el cual es sancionado con una pena de cárcel de entre tres meses y dos años, así como una multa de 500 a mil días.

Como parte de las diligencias llevas a cabo en la carpeta de investigación 012/0283/2020-OA, en octubre pasado Fiscalía capitalina realizó un cateo en un domicilio de Raymundo Collins, ubicado en el poblado de Tequesquitengo, perteneciente al municipio de Jojutla, Morelos, en donde aseguraron 41 autos clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha.

El ex titular del INVI es buscado en 191 países a través de una ficha roja que fue girada en su contra por la Interpol a petición de las autoridades mexicanas.

fmma