Rodolfo Ríos Garza quien hasta el sábado pasado estuvo a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal -desde el 5 de diciembre del 2012- acumuló 25 recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones a garantías de los ciudadanos.
A pesar de que no aún no se han explicado las causas o razones de su renuncia, se ha señalado que tuvo relación en con la emisión de recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 21 de junio.
En ella se señala a la Procuraduría del Distrito Federal como responsable de omisiones, errores e irregularidades en la investigación del multifeminicidio y homicidio ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio del 2015, donde fallecieron la activista Nadia Dominique Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
Las otras 24 recomendaciones en las que la comisión señala como autoridad responsable a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad en el cumplimiento de sus funciones las enumeramos a continuación.
Durante el 2016, realizó 4 recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a la PGJDF. Los agravios cometidos por la entidad son:
1/2016 La violencia ejercida en contra de 27 personas, que presuntamente cometieron delitos, a las cuales se les realizó métodos de tortura como golpes, asfixia, descargas eléctricas y violencia psicológica por parte de servidores públicos.
2/2016 La indebida procuración de justicia e irracional del plazo en la integración de 19 casos de averiguaciones previas.
5/2016 La detención y retenciones ilegales de 5 personas, a quienes se les dio negativa de defensa adecuada, se les separó de sus familias, afectaciones psico-emocionales, entre otras agravantes.
6/2016 La omisión de investigar y atender de manera oportuna la violencia contra las mujeres con perspectiva de género.
En 2015 de las 18 recomendaciones que emitió la CDHDF en 7 la PGJDF es responsable de los hechos:
1/2015 La omisión de garantizar acceso a la justicia a Jesús Romero Colín, quien fue víctima de violencia sexual por parte de un sacerdote. Su caso estuvo en trámite durante más de siete años, sin embargo no se realizaron las diligencias en su totalidad.
2/2015 Inobservancia a resolución judicial relacionada con la no publicación de datos, porque la entidad dio a conocer los datos personales de dos agraviados, a quienes se les inculpó de corrupción de menores, sin embargo se absolvió la acusación y quedaron en libertad, pero sus nombres siguen presentándose en notas periodística donde los relacionan con el delito.
5/2015 Incumplimiento de sentencias y resoluciones laborales y administrativas por 85 expedientes de queja, de los cuales 3 fallos incumplidos eran responsabilidad de la PGJDF.
7/2015 Retiros forzados y criminalización de personas en situación de calle
10/2015 La detención arbitraria; uso indebido de la fuerza, tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes en contra de manifestantes en la marcha que se llevó a cabo en 2013 por la conmemoración del 45° Aniversario del 2 de octubre de 1968.
13/2015 El uso indebido de la fuerza, tratos crueles, violación al derecho a la igualdad y no discriminación en agravio de personas de la comunidad LGBTTTI privadas de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. La PGJDF es autoridad colaboradora.
16/2015 Violación a los derechos humanos de los manifestantes de la protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual se realizó el 20 de noviembre del 2014. La PGJDF es señalada como autoridad colaboradora.
17/2015 Violaciones a derechos humanos cometidas al término de la manifestación denominada “Ayotzinapa+11”, que se realizó el 1 de diciembre de 2014.
Durante 2014 se emitieron 6 recomendaciones donde la autoridad responsable es la procuraduría capitalina.
1/2014 Detención arbitraria de un joven a quien culparon de robo a transeúnte con violencia porque iba vestido “similar” al verdadero ladrón. En marzo de 2013 fue consignado a auto de formal prisión, pero fue liberado dos meses despúes por falta de pruebas.
2/2014 Detenciones arbitrarias, uso ilegal y desproporcionado de la fuerza, actos de tortura y violaciones a los derechos de víctimas del delito en agravio de los integrantes de una familia de la Delegación Tláhuac.
4/2014 Falta de una notificación adecuada sobre la averiguación previa iniciada contra Alejandro Muñoz Reséndiz, quien desempeño como Secretario Tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que tuvo como consecuencia la violación del debido proceso y su detención.
8/2014 Omisión de Investigar diligentemente delitos cometidos en en agravio de personas que ejercen el periodismo.
14/2014 Agravio de 95 personas víctimas de tortura cometida por servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal.
15/2014 Detención arbitraria y tortura como método de investigación del delito que se atribuyó a Germán Rebollar y otras personas, a quienes golpearon e inculparon de secuestro.
Siete recomendaciones de la CDHDF se emitieron en 2013 para la PGJDF.
2/2013 Tortura y violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestro (FAS) de la PGJDF.
3/2013 Afectación al derecho a la vivienda adecuada a diversas personas agraviadas por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
6/2013 Detención arbitraria y cambio de calidad jurídica dentro del proceso penal del denunciante, quien compró un auto en el “tianguis de autos” Venta de Carpio sin saber que había sido arrendado.
7/2013 Violaciones a derechos humanos en el contexto del operativo policial del 1 de diciembre de 2012 por la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.
8/2013 Ejecuciones arbitrarias y falta de mecanismos de seguimiento y supervisión en distintos aspectos, que propician la muerte de civiles.
13/2013 Tiradero y sepultamiento clandestino de residuos hospitalarios del Hospital ángeles adscrito a la Delegación La Magdalena Contreras, así como la ausencia de investigación de las faltas administrativas y los delitos ambientales.
19/2013 Falta de Protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la ciudad de México