Dentro de la investigación contra el ex titular del INVI, Raymundo Collins, hay al menos otros dos trabajadores de la dependencia implicados, pero por extorsionar a dos constructoras.
Se trata de Alejandro Espinosa Arenas, entonces subdirector de Gestión del INVI y Óscar López “N” u Óscar Pérez “N”, supuesto asesor externo de Collins, consta en el expediente FSP/B/T1/01280/13-06, al que La Silla Rota tuvo acceso.
Ambos presuntamente solicitaron a Grupo Constructor DIC, SA de CV 10 millones de pesos y el 10 por ciento de cada uno de los contratos posteriores con tal de pagarles adeudos por 30 millones.
Lo hicieron también a Constructora Ayotlán SA de CV, a cuyo representante, Alfredo Otero Flores, le pidieron una “cuota” de 10 millones de pesos y el 5 por ciento del importe de los contratos que a partir de esa fecha firmara con el INVI.
Todo lo anterior fue ratificado el 16 de junio de 2013 ante la Procuraduría capitalina, donde el propio Collins declaró que no sabía de lo que estaba pasando, aunque reconoció conocer a los servidores públicos denunciados y que Óscar Pérez “N” sí tenía contacto con las constructoras y percibía un pago por honorarios.
“Fue recabada la declaración del ingeniero Raymundo Collins Flores, director general del INVI, quien niega tener conocimiento de los hechos denunciados, así comorefirió que el C. Óscar López y/o Óscar Pérez, es un asesor externo que labora para el instituto bajo el régimen de honorarios.
“Conviene apuntar que el director (Collins) reconoció que éste último tenía contacto con el público y que él mismo tenía contacto con dicha persona. En cuanto al C. Alejandro Espinoza Arenas, refiere se desempeñaba como subdirector, desconociendo de qué área pero que actualmente está suspendido de sus funciones sin saber el motivo”, se lee en informe del caso, realizado por la Fiscalía de Servidores Públicos.
En total, acorde con las indagatorias de la PGJ, existían adeudos y desvíos de recursos por casi 200 millones de pesos, pero el 18 de julio de 2013 las dos constructoras afectadas se desistieron en seguir con la denuncia, pues aseguraron haber llegado a un “acuerdo” con el INVI.
Más de seis años después, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum confirmó que la indagatoria contra Collins derivó en que un juez librara una orden de arresto contra quien también fuera titular de la Policía local.
Sin embargo, no abundó sobre qué factores influyeron en que la investigación contra Collins fuera reactivada con otros señalamientos, ahora relacionados con la asignación de recursos para la construcción de viviendas.
“Saben que el INVI opera a través de ser recursos a organizaciones con créditos que, en este caso, fueron por un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento alguno en ningún crédito o en prominentes sociales que querían alguna vivienda.
“Se aprobó directamente para la construcción de viviendas que, más que de interés social, son de nivel medio; ese es el fondo del asunto”, explicó Sheinbaum.
Por su parte, Collins reiteró a La Silla Rota que son falsas las imputaciones, que no son por desvíos de recursos públicos como dio a conocer Sheinbaum y que hablará posteriormente, al tiempo que se resuelven los recursos legales que su defensa presentó.
En 2013, la averiguación que lo implicaba se fue a reserva, confirmaron en la Procuraduría capitalina, mientras que el resto de los involucrados solamente fueron retirados de sus cargos y hoy son investigados nuevamente, aunque se ignora si por ellos también existen mandamientos legales.
fmma