La transparencia en la Ciudad de México está en cuarentena.
Eso, debido a la decisión mayoritaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), de determinar que haya gradualidad para reanudar los plazos para responder solicitudes de información enviadas a los 147 entes obligados en la capital.
Así lo consideró la comisionada del instituto, María del Carmen Nava Polina, quien fue la única que votó en contra de que se ampliaran los plazos para que las respuestas a solicitudes de información enviadas durante el último trimestre del 2020, fueran respondidas hasta mayo de este año, lo mismo que los recursos de revisión.
“Poner estas pausas en la carga de obligaciones de transparencia del último trimestre de 2020, es una manera de seguir en la cuarentena en la materia y eso puede ser muy costoso a nivel público, porque la herramienta de acceso a la información puede ayudar a empoderar a las personas en determinadas situaciones que tengan”.
Incluso, es una forma de no combatir la corrupción, advirtió.
“El costo de no saber, de desconocer, es muy alto, no podemos decir que combatimos la corrupción, que no hay, si ni siquiera tenemos información. En la CDMX son 147 sujetos obligados de distintos ámbitos, oficiales, educativos y autónomos”.
LA DECISIÓN DEL PLENO
Cuatro compañeros suyos votaron el 26 de febrero en el Pleno a favor de que la reanudación de plazos se ampliara de manera escalonada a partir de marzo hasta la última semana de mayo, y que fuera conforme al número de solicitudes ingresadas por cada sujeto, donde aquellos con menor cantidad serán a quienes les iniciarán a correr plazos y términos, y de manera sucesiva por etapas, hasta llegar a aquellos con mayor número de solicitudes, escalonados en 14 etapas.
“La transparencia no es algo sofisticado, no es un bien suntuario pero con la pandemia se ha puesto en ese contexto, de no tenerla a la mano”, explicó la comisionada.
Explicó que las solicitudes respecto a la covid no se pueden postergar y se tienen que responder y si hay un recurso de revisión por no haber obtenido respuesta por el mismo tema, se tiene que ver con el Pleno. También está activa la presentación de denuncias ante vacíos de información, “si no hay en portales de internet que son obligaciones de transparencia, se deben atender”.
Lo postergado es la carga de obligaciones del último trimestre de 2020, de octubre a diciembre, y las obligaciones se pueden cumplir hasta última semana de mayo, según lo votado por el Pleno, pero debía ser hasta febrero, reiteró.
“Las obligaciones de transparencia se oye muy sofisticado cuando no hablamos de caso por caso. Yo en el Pleno expuse que las obligaciones de transparencia implican tener directorios actuales que trabajan en los sujetos obligados. Por otro lado, es publicar los programas sociales a la mano, y ponía el ejemplo de un estudiante que por la pandemia suspende sus estudios por falta de recursos, pero podrían ver las becas si estuvieran actualizadas, y que no dejaran de estudiar porque la información pública que establece la ley de transparencia está visibilizada. Son casos que sí amerita tener presentes. La transparencia no es un bien suntuario, implica y facilita la calidad de vida de personas y la toma de decisiones”.
LAS AUTORIDADES NO DETERMINAN QUIÉN ES TRANSPARENTE
Añadió que el gran reto es contar con información y la pandemia ya cumplió un año. “Mi lógica era empezar a tener una planeación de cómo hacer en la Ciudad de México para tener información digitalizada y que haya cuidados respecto a cuestiones de la salud”.
-¿Debido a la pandemia también hay un impacto en materia de transparencia?
-Por supuesto que sí. Es parte de los costos de haber postergado y puesto en pausa la garantía del ejercicio de derechos humanos, sí tenemos consecuencias que aún no se miden, la idea es que la información ayude a solventar necesidades. Uno de los argumentos que exponía para estar en activo es que desde Estado abierto del Info hemos realizado más de 800 asesorías técnicas especializadas para poder hacer las cargas y obligaciones de transparencia. Hemos llegado a mil 119 personas servidoras públicas para que justo con independencia si hay pausa o no, si los plazos están detenidos o son graduales, pueda haber información en los portales.
“Aprovecho para dejar claro que la transparencia no se determina por sí misma, hay un marco institucional y constitucional hay garantes autónomos que se encargan de garantizar que eso se cumpla. Si las instituciones públicas dicen ‘ah es que soy muy transparente porque ya di un portal de datos abiertos o abrí un micrositio de tal forma’, son avances, pero no son las autoridades responsables para determinar si hay o no transparencia”.
Nava Polina agregó que el papel de los garantes a nivel internacional es verificar que haya información, transparencia y que no sean las instituciones públicas las que por sí mismas se autocalifiquen de autotransparentes.
GRADUALIDAD DA A CUENTAGOTAS EL DERECHO A SABER
Que las instituciones y los sujetos obligados publiquen información adicional en términos de transparencia proactiva, de dar un paso adicional de lo que marca la ley, eso es bienvenido, remarcó la comisionada.
“Lo que sí quisiera dejar claro y con respeto al colegiado es que la gradualidad si sigue dando a cuentagotas el derecho a saber, la protección de datos personales y la transparencia. Es un hecho. Entonces también hay que ser muy clara, no podemos seguir pateando el balón de la transparencia mientras que esta pandemia termine. Porque no sabemos cuánto va a durar, llevamos un año con muchas pausas y volver atrás para formar un rompecabezas de la información que a lo mejor no se generó es el costo público que vamos a tener si dejamos pasar todavía más tiempo”.
La comisionada dijo que la semana pasada se hizo una reunión de la Red de acceso y transparencia de información y se planteaba cómo en esta pandemia se cuenta con elementos suficientes para ejercer el derecho a saber en torno a todo lo público.
“Me parece que en la Ciudad de México estaría bien tener esa planeación para organizarnos, para tener esa información completa”.
MI VOTO FUE CONCURRENTE: SAN MARTÍN
En entrevista con La Silla Rota la comisionada Marina San Martín explicó que, en su caso, su voto en la sesión del 26 de febrero fue concurrente, lo que significa que en algunos puntos acompañó al Pleno y en otros votó en contra.
En el caso de la reanudación escalonada de las respuestas a solicitudes de información, votó a favor de esa postura, debido a un criterio técnico.
“A partir del 1 de marzo la parte que tiene que ver con el escalonamiento de solicitudes, esa parte la acompañé. No necesariamente me encantó los de que fueran de menos a más acumuladas, en mi punto de vista debía empezar por las que eran las más viejitas.
“Pero sí fui así porque el sistema Infomex ya es viejito y no aguanta más de 2 mil 500 solicitudes de jalón. Si todos responden al mismo tiempo, prefiero lo idóneo. La realidad en los temas de sistemas es que se están haciendo mejoras pero aún no se logra completarlas, entonces voté por la gradualidad por una cuestión de capacidad informática de solicitudes solamente, para evitar un colapso o saturación del sistema”, explicó.
EN CONTRA DE ESCALONAMIENTO DE RECURSOS DE REVISIÓN
Respecto al escalonamiento para atender los recursos de revisión, ahí sí votó en contra. Al tratarse de menos, comparadas con las solicitudes de información, no había riesgo de un colapso informático. Otro aspecto es que para el primero de marzo se decidió comenzar a responder el 80 por ciento de los recursos, para el 5 del mismo mes, 87 por ciento y para dos semanas después el resto, entonces ese porcentaje inicial de 87 era muestra de que el total ya se podía manejar.
Pero además apuntó que si el INAI desde el 18 de septiembre de 2020 que levantó sus plazos para atender recursos de revisión y no los ha vuelto a suspender, y si los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México desde el 22 de febrero ya habían levantado sus procedimientos para garantizar los derechos de los ciudadanos en sus ámbitos de competencia, entonces también le tocaba al InfoCDMX entrar inmediatamente para resguardar los derechos.
“El calendario no hace mucho espacio, entonces podíamos obviarlo y entrarle de jalón porque además en las ponencias estamos listos para votar, se va a votar hasta donde hemos tenido actuaciones. No hay atraso, tenemos listos los recursos que podemos tener listos porque al pararse el reloj en algunos recursos no se puede resolver, porque necesitas que te manden cosas y entonces ahora que se activó te las van a mandar, pero de aquellos que tuvimos todo completo ya estamos listos”.
Otro punto donde no estuvo de acuerdo y acompañó la postura de la comisionada Nava, fue en que se postergara la actualización de portales, como votó a favor el resto del Pleno.
Se trata del llenado de los portales de manera permanente con información actualizada y eso no se suspendió más que en el primer semáforo rojo. Después sólo se ha dado un poco más de tiempo, recordó.
“Entonces ahora lo que sucedía era que a partir de terminado este acuerdo del 26, se reactivaba ese llenado. El plazo volvía a correr a partir del primero de marzo y se tenía que seguir y no parar, pero se postergó hasta el 26 de marzo. Yo pensaba que debía activarse”.
Además, propuso reactivar la Oficina de Atención Ciudadana del INFO a partir del primero de marzo.
NIEGA REZAGO POR PANDEMIA
El comisionado presidente del InfoCDMX, Julio César Bonilla, aseguró que no hay cuarentena de transparencia en la capital, debido a la pandemia, como expuso la comisionada Nava Polina.
“No ha estado en cuarentena y no va a estar”, expresó.
Entrevistado por La Silla Rota explicó que más bien hay diversos sujetos obligados, en especial las dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados, que se encuentran en suspensión de plazos o términos.
“No podemos hablar de rezagos ya que no existían plazos abiertos de noviembre a febrero, en función del acuerdo que tomó la propia jefatura de Gobierno, de suspensión de términos y plazos administrativos, donde se ajusta a la decisión que se toma de monitoreo de la ciudad, respecto al semáforo epidemiológico de la ciudad”.
Recordó que desde el inicio de la suspensión de plazos el 23 de marzo del año pasado hasta el 14 de febrero del actual, se han atendido las solicitudes de acceso a información pública.
“El derecho de acceso a información pública y su protección no han sido suspendidos ni se suspenderán”.
Reforzó su dicho al informar que del 23 de marzo al 14 de febrero se han atendido 81 mil 222 solicitudes registradas en el sistema, de las cuales los 147 sujetos obligados de la capital, “en la medida de sus capacidades institucionales, técnicas, humanas y sanitarias”, han contestado 48 mil 035.
“Eso significa que en la capital del país se han atendido prácticamente el 60 por ciento de las solicitudes de información que se les ha requerido. Por eso digo que ni ha habido rezago por parte de la institucionalidad en materia de transparencia ni ha estado en cuarentena el derecho a la información”, reiteró.
Cuestionado por qué no se optó por resolver las solicitudes más antiguas, y no reanudar de forma escalonada con los sujetos obligados con menos solicitudes de información, así fue su respuesta.
“Eso de antiguas es un parafraseo que mediáticamente puede ser útil pero cuando estamos hablando de antiguas y de la contingencia, es de un hecho inédito a nivel internacional. Por eso decidimos considerar que la gradualidad implicara esta determinación técnica jurídica, y dijimos con toda claridad que los sujetos obligados, y estoy citando el acuerdo, procuren dar atención a las solicitudes de información y de acceso, rectificación y cancelación de datos personales que tengan en trámite. Esto significa que pueden ir avanzando en forma gradual y periódica como hasta ahora, más allá de que tomemos estas determinaciones de carácter institucional, los sujetos obligados han respondido en la medida, material y humanamente posible”.
Eso también tiene que ver con una decisión de análisis técnico-jurídico de las capacidades institucionales humanas que tienen en el instituto, como las que tienen los sujetos obligados.
“Hay sujetos que en sus reuniones de transparencia tienen dos personas. Nuestro sistema Infomex, como dijo la comisionada San Martín, con toda la inversión hecha en materia tecnológica que ha mejorado a partir de diciembre de 2018 cuando tenía una capacidad técnica casi nula, hoy es capaz de aguantar 3 mil solicitudes al día. Si el primero de marzo hubiésemos reanudado la totalidad de plazos para atender solicitudes, además de la carga humana y materialmente complicada, por no decir imposible para las unidades de transparencia, se encontraba la técnica. Para el 12 de marzo, tendríamos 23 mil 057 solicitudes vencidas, era una cuestión que iba a colapsar no solo a los sujetos sino a nuestro sistema, por eso se propone un acuerdo que se votó por mayoría el cual propone un regreso escalonado de procesos y términos.
“No fue una decisión que se tomara porque sí, se consideraron condiciones técnicas, humanas, materiales, tecnológicas, de infraestructura que naturalmente evitaran un colapso para nuestros sistemas y equipos de trabajo”, concluyó.
fmma