Eduardo Villalobos tiene un terreno en la colonia Selene, en Tláhuac. Pero no lo puede usar ni para venderlo ni para construir una casa. La razón es que desde 2016 está invadido por el Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI).
“Ya construyeron, es el Frente Popular Francisco Villa Independiente, se ve que hay contubernio de las autoridades, quien entregó mi terreno es el mismo que luego de un procedimiento mandata a que me lo restituyan. Eso fue en 2016 y desde ese mismo año ya estaba orden para que me lo restituyeran”, explica en entrevista con La Silla Rota.
Dice que la invasión ocurrió el 21 de julio del 2016, luego de que atraparon a Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos, y cuando se hablaba de que el entonces jefe delegacional, Rigoberto Sandoval, podía tener nexos con el narcotráfico. Un día le avisaron que su terreno y de un vecino habían sido invadidos por gente del FPFVI.
Aunque vecinos se solidarizaron con él e intentaron expulsar a los invasores, se desistieron cuando llegó un contingente mayor, algunos con palos e incluso cuchillos.
Villalobos asegura que las escrituras están a nombre de su hermano pero el predio es suyo, sólo que no lo había actualizado. En cambio los del Frente se defendieron con un contrato de compra-venta y en principio la autoridad les aceptó el documento. Pero en un escrito que envío a diversas autoridades en junio de 2017, entre ellos al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, cuestiona que si el Frente estaba seguro de que el terreno era suyo, por qué llegaron cientos de personas, entre ellos algunas armadas con piedras, palos y hasta armas de fuego, a intimidar. “Si como mencionaba la orden judicial por derecho les corresponde el predio, por qué llegaron a tomar posesión de esa manera tan violenta”.
Levantó una denuncia por despojo en la carpeta de investigación C1-FTH/FLH-2/UI-IS/D/0045/07-2016. También se quejó que la Secretaría de Seguridad Pública fue omisa y no hizo nada por evitar la invasión.
Se dedicó a comprobar que el predio era suyo, y lo hizo. Y resulta que el actuario que le hizo bueno el contrato a los del FPFVI, reconoció que la propiedad era de Escamilla. El problema era y aún es cómo sacar a cuatro familias que ya viven ahí, que han levantado cuartos provisionales y que ya bardearon la propiedad de alrededor de 500 metros cuadrados. Se pueden defender y llamar a más gente, además de que las autoridades eligen días para ir que no coinciden con los días en que pueden llevar fuerza pública, estrategia que además cuesta dinero.
Ya van trece intentos de recuperar pero no hay seguridad pública para no ejecutar la orden, es mi predio y de un vecino, llevamos dos amparos ganados, son unos 500 metros, incluso decían que no era el Frente que porque éste se iba sólo sobre terrenos grandes”.
Eduardo compartió que pertenece a las filas del partido Movimiento Ciudadano e incluso una vez le planteó el tema a Patricia Mercado, cuando era secretaria de Gobierno capitalino. Pero ella reconoció que no estaba fácil.
“De manera informal me dijo que sobre la mesa hay estos terrenos y entre grupos y gobierno se ponen a disposición de los grupos. Con Armando López Campa (diputado de la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal), me acerqué y no hubo el apoyo de parte de políticos para mí. Sé cómo se manejan estas cosas e incluso sé que hay que darle lana a los policías, pero ni siquiera hubo ese contacto. Hicimos oficios al gobierno y no pasó nada”.
-¿Qué posibilidades ve de recuperar el predio?
-Hay gente que dice que no le meta más lana, pero no me gustaría perderlo, tiene todos los servicios. De donde está el metro Tláhuac está relativamente cerca, en la Selene, ellos (los del FPFVI) no la padecen, no van como pioneros.
REVIVEN EMPRESA
Alex, del edificio Gaona, vive una situación similar. Aunque su familia lleva ya tres generaciones que vive en el céntrico edificio, los propietarios originales murieron y no dejaron a ningún heredero, afirma. Por ello los condóminos se quedaron. Pero en 2014 grupos de golpeadores sacaron a unas familias. Quienes resistieron o no cedieron ante las amenazas, recibieron demandas civiles por Edificaciones Sociedad Civil por Acciones, empresa que efectivamente era la dueña del edificio hace 50 años, pero que no dejó asentado quiénes serían los dueños al paso del tiempo.
“Esas personas murieron y no dejaron asentado a quién se lo dejaban y hay un cartel inmobiliario que les da el pitazo con la complicidad del Registro Público de la Propiedad. A unas personas se les hizo fácil crear una empresa con el mismo nombre, dicen que son los dueños, pero no se hizo ninguna asamblea para cederles los derechos. Carecen de legalidad y empiezan a despojarnos”, explica.
Aunque aún permanece en el departamento, quedarse en él ya le costó una lesión. En 2017 volvieron a entrar golpeadores. “Se metieron a dos recámaras, cuando entré, la policía no me ayudó, yo iba con amigos, nos golpearon y tengo una lesión permanente en la rodilla. Por eso tengo un expediente”.
A diferencia de Villalobos, en su caso no fue un grupo de demanda de vivienda social el que busca despojarlo o desalojarlo de su departamento. Dice que se trata de personas con máscara de Grupo Gare, que se venden como seguridad privada pero que en realidad lleva a chavos que contratan en la calle, como en 2015, en un día 28 , día de San Judas, que investigó que fueron a la iglesia de San Hipólito, y de ahí les dijeron a varios de los adoradores del santo “¿quién quiere 500 pesos, somos los dueños y vamos por nuestra propiedad”.
MODUS OPERANDI
De acuerdo con una solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, de 2013 a hasta 2018 cada año se reportaron más de tres mil denuncias anuales por despojo en la ciudad de México
Durante 2013, el primer año de la administración mancerista, se registraron 3 1 mil 177; en 2014 sumaron 3 mil 049; en 2015 fueron 3 mil 248; en 2016 el total fue de 3 mil 367; en 2017, año del sismo subió a 3 mil 427 y en 2018 se registró la cifra más alta, con 3 mil 617. Hasta marzo de este año y ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum, sumaban 968.
Guillermo Meixueiro, activista en defensa de vecinos de Benito Juárez, explica cuál es el modus operandi de grupos invasores para despejar, especialmente en predios que se quedan sin intestar. Ejemplifica con el ubicado en Navarra 8, en la Narvarte, que el año pasado fue invadido por El Barzón Popular. A la muerte de la dueña original, una señora se quedó, luego llegó una supuesta sobrina, que resultó ser una infiltrada, ya que ella le avisó a la organización que el predio estaba intestado. Se trata de una propiedad de dos pisos con cuartos y además espacio para un par de negocios, de 400 metros, y estaba intestado.
Aunque hubo movilización gracias a la diputada local Lety Varela y se expulsó a parte de los invasores, que se enfrentaron con policías de manera violenta, otros lograron quedarse, amparados por la supuesta sobrina, e incluso colocaron una manta que dice que el predio está “protegido” por el Barzón Popular. Como en otros casos, el grupo de golpeadores está conformado por jóvenes.
Otro caso atribuido al Barzón es el de Cuauhtémoc 166, donde invadieron, fueron expulsados pero en lugar de irse se quedaron en la acera. Se trata de una propiedad de dos pisos en un predio de 2 mil 200 metros. En ambos casos, el de Navarra y el de Cuauhtémoc, las ventanas lucen tapiadas.
Asegura que los grupos están ligados a partidos políticos como el PRD, quien como gobernaba la ciudad era ayudado por autoridades a quedarse con el terreno o incluso se lo ofrecían al Instituto de Vivienda (Invi) para que les construyera departamentos y así quedar bien con las organizaciones.
En el caso de Navarra, y de otros más, el Barzón llega con personas que llegan a romper cerraduras, consiguen la posesión del lugar y ya adentro comienzan a hacer labor de queso gruyere, pues con mazos empiezan a demoler por dentro la construcción. “No les importa el predio, sino el terreno”.
Incluso se van sobre el sistema eléctrico, el servicio de agua y drenaje, con la intención de hacerlo inhabitable. Meixueiro agrega que en ocasiones vio que eran protegidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (ahora Seguridad Ciudadana).
Dice que en noviembre, con la ayuda del propio José Ramón Amieva (entonces jefe de gobierno) se hizo un operativo para sacar a los invasores. Pero quedó la señora que rentaba y el predio sigue ocupado e incluso expulsaron a una señora que ahí seguía pero era continuamente agredida.
Él logró entrar para rescatar unos perros y afirma que alcanzó a ver una figura de la Santa Muerte y algunas pintas diabólicas y además recibió amenazas.
Dentro del patio de Navarra 8 hay un taller y se observan algunos autos. Las puertas lucen cadenas y cerrojos. El Barzón o la organización que así se hace llamar aún no quita el dedo del renglón y los que están en el patio pertenecen al colectivo. Meixeuiro asegura que entre grupos se reparten los predios, o por lo menos se ponen de acuerdo de cuáles van a invadir, con la idea de no llamar la atención de las autoridades y de los vecinos.
Cuestionado sobre si el narco invade predios, considera que sí, pero no de manera directa, sino que le paga a grupos. “Sabemos que lo maneja como cualquier actividad ilícita, debe blanquear su dinero entonces puede ser a través de grupos políticos”.
En cuanto a una posible colusión de las autoridades, ve dos elementos que acentúan la sospecha: en las denuncias en muchos casos se acusa y se prueba violencia, pero las dependencias, como la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur), que es la encargada de investigar el delito de despojo. Tampoco hay resguardo cuando se desaloja a invasores.
En Navarra 8 no hicieron orden para tomarlo o resguardarlo pese a que se probó violencia”.
Además de los grupos que buscan adueñarse de predios para vivienda, están los que buscan vender a inmobiliarias y que se especializan en hallar los que se quedaron intestados. Explica que se enteran de boca en boca, ya que son redes de personas que en recorridos o en las estéticas o restaurantes se informan de personas que mueren y avisan a abogados que mueven a sus contactos en el Registro Público de la Propiedad , y en las alcaldías son apoyados por funcionarios o ahora por concejales, asegura.
Gaby Ortega, otra activista, dice que igual el llamado “Barzón Colectivo” son “falsos positivos” y sólo se hacen llamar así pero igual pueden ser personas contratadas por empresas inmobiliarias que van detrás de predios sin intestar, que se alían a abogados y personal del Registro Público de la Propiedad. Ella misma conoce casos de personas despojadas, quienes declinaron declarar para este medio, por temor a represalias.
OPERATIVO PARA RECUPERAR
El 17 de abril el gobierno capitalino hizo un operativo para recuperar el territorio invadido del paraje La Draga, en Tláhuac, de seis hectáreas. Se requirieron 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 80 elementos de la alcaldía, y la participación de 229 elementos de la Secretaría de Medio Ambiente.
El predio estaba asentado sobre 6 hectáreas de la zona patrimonio de la humanidad colindante entre Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Ya no había invasores, pero sí quedaron los restos de sus precarias edificaciones y el gobierno capitalino retiró 193 metros cúbicos de material como pedacería de láminas y láminas metálicas. De acuerdo con reportes periodísticos, la zona había sufrido invasiones en 2017, algunas ligadas con grupos vinculados con el llamado Cártel de Tláhuac.
fmma