TONANITLA, Edomex.- Detrás del asesinato del regidor perredista de Tonanitla, Ramón Rodrigo Martínez, ocurrido el pasado 6 de junio, existe una vieja pugna por el tráfico de tierras en este pequeño municipio que limita con las alcaldías de Ecatepec, Coacalco y Tecámac, donde hay menos espacios para vivir.
Tonanitla, municipio mexiquense apenas creado en el 2003 por el entonces gobernador Arturo Montiel Rojas, es un atractivo para la venta de tierras, ya que a pesar de ser pequeño - 17.107 kilómetros cuadrados- hay espacios abiertos para el tráfico de tierras y desarrollos habitacionales.
Su población también es pequeña, de acuerdo con cifras del INEGI del 2010, en Tonanitla hay 10 mil 216 habitantes, la mayoría se dedicaba a la agricultura, ya que se desprendió del municipio de Jaltenco.
El regidor del PRD, Ramón Rodrigo Martínez, tocaba estos temas en cabildo, pero también había sido denunciado por cometer fraudes con dos terrenos.
El 29 de septiembre de 2018, el entonces presidente del comité municipal del PRD en Tonanitla, Ramón Rodrigo Martínez, fue citado por la agente del Ministerio Público de Investigación de la entonces PGJEM en Zumpango, María Guadalupe Bautista López, para que respondiera por el delito de fraude en contra de Rufino Hernández Morales.
La cita sería el 14 de noviembre de 2018, de acuerdo a una copia del documento entregado al comisario de Seguridad Pública de Tonanitla.
El líder perredista que resultó electo en el 2018 como regidor con la alianza PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, enfrentaba una demanda por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa.
Era acusado junto con una mujer de nombre Blanca Rosa, de utilizar documentos apócrifos para la venta de dos predios destinados para vía pública en el municipio de Nextlalpan.
En ese entonces, Samuel Roque Camacho, presidente de la Organización Nacional Mexiquense Contra la Corrupción, A.C, explicó que los terrenos fueron vendidos a Rufino Hernández Morales, que resultaron ser propiedad municipal y por ese lugar está planeada una calle de acceso principal a la zona denominada Fracción 17 de la Ex Hacienda Santa Inés, en el municipio de Nextlalpan.
Roque Camacho dijo que la denuncia fue realizada ante la fiscalía Regional de Tecámac y en el Ministerio Público de Zumpango, bajo la NIC: CUAU/CUAU/00/MPI/395/07646/18/10 y la NUC: CUAU/CUAU/CUAU/031/230450/18/10, contra Ramón Rodrigo Martínez y su prestanombres Blanca Rosa Lara Mejía.
Uno de los predios en conflicto tenía una superficie de 5 mil 639 metros cuadrados y se localiza entre un terreno propiedad del señor Julián Martínez Ortiz y las calles Real del Puente y Zoyatán, en el Cuarto Circuito de la Fracción 17 de la ex Hacienda de Santa Inés, municipio de Nextlalpan y cuya fraccionadora “ARA” dejó para avenida.
Rufino Hernández Morales había dado pagos en diversas ocasiones hasta sumar dos millones de pesos y después de que supo que era una venta fraudulenta, le exigió al regidor del PRD que se le regresará el dinero u otros terrenos a cambio.
El defraudado, Rufino Hernández, solicitó que se ejerciera acción penal contra el regidor Ramón Rodrigo Martínez, pero esto no ocurrió.
El 31 de enero de 2019, el regidor del PRD, Ramón Rodrigo Martínez Vargas, fue víctima de un atentado y recibió ocho balazos, pero pudo salvar la vida. En este atentado también quedó herido uno de sus hijos.
Cuando Ramón Rodrigo se recuperó, fue acompañado por el Consejero Nacional del PRD, Octavio Martínez, con el fiscal regional de Tecámac, para denunciar como principal sospechoso del atentado a Rufino Hernández, a quien no le quiso regresar sus dos millones de pesos.
Sin embargo, a pesar de que se insistió que se le investigará la FGJEM no hizo nada.
El pasado 6 de junio, un nuevo atentado a balazos en pleno centro de Tonanitla le costó la vida al regidor cuyo cuerpo quedó tirado en la calle, junto a una silla de ruedas que usaba, ya que no se había recuperado de todo del primer intento de asesinarlo.
El consejero nacional del PRD, Octavio Vargas, señaló que Ramón Rodrigo se caracterizó por ser un regidor que combatía la corrupción del gobierno municipal de Tonanitla y enfrentó a los invasores de tierras, por ello ya había recibido amenazas de muerte, denuncias que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en su momento.
Aseguró que el regidor evidenció a la persona que defraudaba a habitantes al lotificar clandestinamente predios irregulares.
Martínez Vargas sostuvo que en el primer atentado, Ramón Rodrigo, reconoció a sus agresores, uno de ellos era el “lotificador clandestino” de nombre Rufino Hernández Morales, acompañado de su hijo y tres de sus empleados que también son sus familiares.
Sin embargo, a pesar de esta acusación directa y de que el ministerio público de Técamac liberó una orden de aprehensión en contra de Rufino, no se cumplió, recordó el consejero nacional del PRD.
Después de estos hechos, Rodrigo Martínez aseveró que temía por su vida y la de sus familiares, responsabilizando directamente a Rufino Hernández Morales de cualquier cosa que le sucediera tanto a él como a cualquier miembro de su familia.
La Fiscalía Regional de Tecámac no actuó como pidió el regidor del PRD y sobrevino el nuevo atentado.
LA QUEJA EN EL CONGRESO EDOMEX
Los diputados del PRD en el Congreso del Edomex, Araceli Casasola Salazar y Omar Ortega Álvarez, exigieron en la tribuna parlamentaria que la FGJEM investigará el crimen de su regidor, ya que a pesar de que en el primer atentado hubo denuncias, se incumplió la investigación.
En un documento que entregaron a la presidenta de la comisión permanente del congreso local, Mónica Angélica Álvarez Nemer, el pasado nueve de junio, establecieron que el regidor mencionó que el principal motivo de la agresión posiblemente fue por denunciar los ilícitos relacionados con la venta de lotes irregulares en el municipio de Tonanitla con la complacencia de autoridades y servidores públicos.
"Ramón Rodrigo Martínez se caracterizó dentro su cuerpo edilicio por denunciar las cosas de frente, como lo hizo en la sesión de cabildo del día 13 de Febrero cuando se reincorporó a sus actividades, en la cual le aclaro directamente al Presidente Municipal que sabía quién estaba detrás del atentado, llego a mencionar que temía por su vida y por la de su familia, lamentablemente, esa preocupación se volvió realidad", expresaron los legisladores.
Establecieron que el fin de los atentados existió un común denominador "la intención de callar las constantes denuncias de un luchador social, un hombre que a alguien le resultaba incomodo, en su lucha por detener las conductas ilícitas que siempre denuncio".
(Sharira Abundez)