El dictamen de la primera Constitución de la Ciudad de México terminó de ser aprobado en los primeros minutos de este martes, pero una vez promulgada, entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.
Así lo establecen los artículos transitorios, avalados por la Asamblea Constituyente, donde se indica que sólo el tema electoral entrará en vigor al día siguiente de que sea publicada la Carta Magna, a fin de que la Asamblea Legislativa diseñe de inmediato la normatividad para los comicios de 2018, con base en lo dispuesto en la futura Constitución capitalina.
Una vez aprobado el dictamen, el documento será revisado integralmente en la mesa de armonización del Constituyente, para que esta misma tarde sea remitido al Congreso de la Unión, y sea publicado en el Diario Oficial.
En el artículo 38 transitorio, se determina que será el primer Congreso local el que adecuará la totalidad del orden jurídico de la Ciudad a la Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Mientras que la actual ALDF, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, expedirá leyes de la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de la capital.
Las normas del Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019.
En tanto, las normas del Consejo Judicial Ciudadano y el Consejo de la Judicatura iniciarán su vigencia a partir del 1 de octubre de 2018, y las de la Sala Constitucional, a partir del 1 de enero de 2019.
Mariguana, corrupción, DH, alcaldías
En los transitorios también se aclara que lo relativo al uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana y sus derivados, entrará en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga.
Respecto de las adecuaciones normativas y las leyes en materia de combate a la corrupción, el artículo 13 transitorio establece que serán expedidas por la Asamblea Legislativa.
En el octavo transitorio, se establece que la ley en materia de derechos humanos entrará en vigor el 1 de febrero de 2018, pero mientras tanto los derechos ya reconocidos en la ciudad mantendrán su vigencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad.
La ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como la ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos, se expedirán a más tardar el 30 de abril de 2019.
En el tema de Alcaldías, quedó establecido que esos gobiernos estarán obligados a destinar al menos el 22 por ciento de su presupuesto a proyectos en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, el cual se aplicará en un esquema gradual y creciente, a partir del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2019, en el cual se destinará el 16 por ciento, con incrementos anuales hasta alcanzar en 2022 al 22 por ciento referido.
En materia de seguridad ciudadana, prevención del delito y cuerpos de policías de proximidad, el décimo noveno transitorio señala que el Congreso local, en su primer año de ejercicio legislativo, expedirá la ley que establecerá las bases para que las alcaldías convengan con la o el Jefe de Gobierno la operación de dichos cuerpos policiacos.
El vigésimo segundo transitorio establece que después del proceso electoral de 2018, el Congreso iniciará el proceso de revisión de la división territorial de las demarcaciones y deberá concluirlo a más tardar en diciembre de 2019.
Las leyes para la organización, funcionamiento y competencias de las alcaldías las expedirá la Asamblea Legislativa a partir del inicio de sus funciones en 2018.
Respecto a la Fiscalía General de Justicia, el Congreso local nombrará una comisión técnica, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, que planeará y conducirá la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía. Esta última comenzará operaciones a más tardar el 31 de mayo de 2019 y lo podrá hacer de forma gradual. La ley de la Fiscalía entrará en vigor el 5 de diciembre de 2018.
A su vez, el Consejo Judicial Ciudadano habrá de integrarse como límite el 31 de diciembre de 2018, para que dicho órgano elija a los integrantes del Consejo de la Judicatura a más tardar el 15 de junio de 2019.
Mientras que el Tribunal Superior de Justicia designará a las y los integrantes de la Sala Constitucional a más tardar el 31 de enero de 2019.
El Consejo de la Judicatura instalará juzgados titulares en cada una de las alcaldías y entrarán en funciones a más tardar el 1 de junio de 2019.
En materia de planeación, el décimo quinto transitorio establece que el Congreso de la Ciudad expedirá la legislación a más tardar el 30 de abril de 2019, para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva quede instalado, como límite, el 1 de julio de 2019.
Dicha ley establecerá el calendario para la elaboración del Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los Programas de Ordenamiento Territorial de cada demarcación; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías.
El Plan General de Desarrollo entrará en vigor el 1 de enero de 2020; el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y los programas de gobierno de las alcaldías, el 1 de abril de 2020, y el Programa de Ordenamiento Territorial y los programas de ordenamiento territorial de cada una de las demarcaciones, el 1 de enero de 2021.