Durante esta semana, la Comisión Resolutiva del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) analiza seis acusaciones en contra del rector Galdino Morán López, que de encontrarlo responsable podría enfrentar desde una amonestación hasta la separación del cargo.
Al rector, cuyo período es de 2018 a 2022, se le acusa por incumplimiento de atribuciones, funciones y obligaciones, así como por daño patrimonial en el caso de obras inconclusas; creación de plazas como pago de favores; incumplimiento de la normatividad electoral y usurpación de funciones; violaciones a derechos universitarios, y violación a las normas en materia de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad, indica la versión pública del Auto de Acusación con fecha del 21 de junio de 2019.
La profesora e investigadora, Pilar Padierna Jiménez, explicó a La Silla Rota que el pasado 11 de junio, ella y otros dos colegas de la UACM, presentaron, a nombre de un grupo de alumnos, trabajadores y profesores de esta casa de estudios, una solicitud de procedimiento de responsabilidades universitarias en contra del rector Galdino Morán Pérez, la cual fue admitida un día después.
Según el Reglamento de Responsabilidades Universitarias de la UACM, el cual fue creado en 2013 como parte de los compromisos con la entonces Asamblea Legislativa durante el proceso donde se revocó a Esther Orozco, se pueden analizar y revisar las actuaciones de los funcionarios universitarios mediante un proceso jurídico que es llevado por dos comisiones especiales: la de Substanciación del Expediente, que es la que analiza la solicitud y la Resolutiva, ésta última es la que dictamina el grado de responsabilidad y la sanción.
“Es una normatividad que no fue inventada en este contexto, sino deviene de un ejercicio de autonomía. Esta es la tercera vez que se aplica, la primera vez fue en 2013 con la destitución de la ex rectora Orozco y un grupo de funcionarios, la segunda fue en contra de un coordinador de plantel de Cuautepec”, indicaron los integrantes de la Comisión Resolutiva.
Dicha Comisión está conformada por siete consejeros que representan a las siete comisiones permanentes del Consejo Universitario, máximo órgano de esta casa de estudios. Su tarea es desahogar todas las pruebas, analizar el expediente presentado por los solicitantes del procedimiento, realizar un dictamen informativo que indique si proceden las acusaciones y en su caso determinar el tipo de sanción.
“Las sanciones que establece el Reglamento son amonestación, apercibimiento, baja, inhabilitación, destitución y revocación. Éstas corresponden a la estructura universitaria. Por ejemplo la baja es solo aplicable a consejeros, es decir el tipo de sanción depende del cargo”, explicaron los integrantes de la Comisión Resolutiva.
LAS IRREGULARIDADES Y OBRAS INCONCLUSAS
Padierna Jiménez, quien formó parte de la quinta legislatura del Consejo Universitario (CU), detalló que desde hace tres años detectaron una serie de irregularidades como la parálisis del CU e inconsistencias en obras públicas en todos los planteles que ascienden los 300 millones de pesos. Dichos trabajos iniciaron entre 2014 y 2015, los cuales hasta hoy no se han entregado.
“Este problema lo tenemos arrastrando desde la administración de Hugo Aboites y ya el quinto Consejo presentó una descomposición muy fuerte con una serie de prácticas que empezamos a denunciar en su momento. En ese contexto de violencia al interior del Consejo se dio el proceso de elección para suceder a Aboites”.
En el expediente del procedimiento de responsabilidades consta que durante las elecciones para rector no se cumplieron algunas etapas del proceso electoral, así como hubo un presunto pago de favores de la administración de Morán Pérez hacia los consejeros que votaron por él. Debido a ello se renovó el CU y ahora es la Sexta Legislatura la que tiene la responsabilidad de revisar la situación.
Padierna Jiménez indicó que en el plantel Casa Libertad, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, se tenían planificadas una serie de remodelaciones al edificio como la construcción de un Auditorio, rehabilitación de una plaza cultural y áreas deportivas, entre otros, que no se llevaron a cabo.
En el caso del plantel Del Valle se encuentran detenidas las obras de los laboratorios destinados a los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Genómicas, el Auditorio y las adecuaciones para los espacios de investigación de resguardo de documentales.
En Cuautepec están pendientes las bases perimetrales, un espacio para actividades deportivas y una ágora común. “En San Lorenzo Tezonco, la Biblioteca, un edificio completo destinado a ingenierías otro inmueble para cubículos y espacio para difusión cultural. En todos los planteles tenemos irregularidades y obras que no han sido concluidas”, expresó Padierna Jiménez.
Además, de acuerdo con documentos públicos, Galdino Morán, al final de su gestión como coordinador del plantel Centro Histórico (octubre de 2015 - octubre de 2017), de la UACM otorgó cinco contratos por servicios profesionales por un monto total de 462 mil 579 pesos, los cuales no fueron reportados en su informe final como coordinador de ese campus.
En agosto de 2017, la UACM representada por Alfredo Domínguez, en su carácter de abogado general de la institución realizó el contrato de compraventa del edificio ubicado en José Tomás Cuellar número 19, colonia Obrera que albergaba un hotel por la cantidad de 45 millones 54 mil 497 pesos.
Este edificio sería para trasladar la sede administrativa de la rectoría que está alojada en Dr. García Trejo, colonia Doctores y por la que aún se paga renta de 778 mil 309 pesos. Sin embargo, el inmueble adquirido por la UACM sigue sin rehabilitación y actualmente es utilizado como bodega de basura electrónica. Según un dictamen, este predio no es viable para albergar la sede.
Otra de las acusaciones, que integran el expediente, refiere que en agosto de 2018, la Rectoría contrató a asesores deportivos “violando la cláusula 10.2 del Contrato Colectivo de Trabajo y el artículo 17 de la Ley de la UACM, por la cantidad de 102 mil 350 pesos.
“FUNCIONAMIENTO DE LA UACM ESTÁ GARANTIZADO”
En tanto, el área de comunicación de la UACM informó a La Silla Rota que mientras la Comisión Resolutiva revisa el caso, la operación normal de la Universidad está garantizada y en este momento el rector Morán Pérez continúa en funciones hasta que no exista un fallo de dicho órgano.
Una vez que la Comisión Resolutiva realice su dictamen, las partes, tanto el imputado como la solicitante del procedimiento, tendrán cinco días para presentar algún recurso. Después, el caso pasa a una tercera instancia que es el Pleno del Consejo Universitario, el cual determinará si procede la apelación y al final, éste órgano decidirá si aplica alguna sanción.
RECTOR RECHAZA ACUSACIONES
La Silla Rota solicitó una entrevista con el rector, sin embargo por cuestiones de agenda se disculpó. En tanto, en días anteriores Galdino Morán emitió un comunicado dirigido a la comunidad universitaria donde negó las acusaciones en su contra y agregó que son “burdos rumores”, que intentan desestabilizar a la UACM.
“Después de un año de haber asumido la titularidad de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por medio de un procedimiento legal, se han presentado una serie de sucesos que han intentado desconocer mi investidura como rector. A pesar de este acto apegado a la norma, las acusaciones en mi contra e insultos hacia mi persona han sido sistemáticos y cotidianos. Todos estos infundios han estado basados en burdos rumores y en supuestos mal intencionados, así como en la desinformación. No obstante, no se ha expuesto una sola prueba de algún hecho que demuestre que he actuado en contra de nuestra Universidad por omisión o por acción”, expresó.