La propuesta de reforma al código Financiero que planteó el gobierno del Estado de México al Congreso local establece que los contribuyentes mexiquenses que incumplan podrían enfrentar penas de uno a cinco años de prisión, además de una multa de 60 a 200 días.
Esta propuesta está integrada en el proyecto de Paquete Fiscal 2020 y agrega un párrafo al artículo 20 bis que establece que en caso de incumplir a dos requerimientos de la misma obligación “los hechos se deberán hacer del conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente en los términos de la legislación aplicable”.
El delito denominado “Desobediencia” está señalado en el artículo 117 del Código Penal del Estado de México, donde se incluyen los delitos contra la administración pública y establece que:
“Comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue. Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de 60 a 200 días multa”.
Los argumentos detrás de esta iniciativa señalan que “resulta indispensable el establecimiento de lineamientos actualizados y eficaces para la recaudación (…) para la preservación de la estabilidad financiera en el marco del comportamiento de la economía nacional”.
Jorge Arturo Lozano Enríquez, subsecretario de Ingresos del gobierno estatal, asegura que el tipificar como “desobediencia” la omisión de pago de impuestos no es terrorismo fiscal, sino una homologación con la política federal de la Secretaría de Hacienda, que se aplicaría a quienes dejen de atender sus obligaciones de forma repetida a pesar de que hay campañas de condonación.
Esta propuesta será analizada por los legisladores la próxima semana y hasta el momento no han fijado posturas.
cmo