A través del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, unas 300 personas provenientes esencialmente de la zona oriente mexiquense, acudieron a la Cámara de Diputados del Estado de México, para exigir sean liberados cuando antes sus familiares que están procesados o sentenciados injustamente en alguno de los 22 penales estatales, esto como parte de la Ley de Amnistía que entró en vigor el viernes pasado en esta entidad federativa.
Pero antes, el cuerpo de abogados de “Zeferino Ladrillero” tiene que armar las decenas de solicitudes para ingresarlas al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a fin de que los expedientes sean analizados en un lapso de 30 días con opción a 30 más y de inmediato un Juez ordene la inminente libertad de la persona acusada injustamente.
La Ley de Amnistía beneficia a todo sujeto que haya cometido un delito no grave, como es robo en el que no se haya ejercido la violencia en agravio de la víctima, se suma el aborto, abigeato o narcomenudeo a baja escala, entre una gama de delitos más.
Este beneficio va hacia todo individuo que sea primodelincuente y una vez que haya sido acogido por la Ley de Amnistía debe pagar la reparación del daño, de lo contrario no hay beneficio.
Las decenas de personas que acudieron a protestar al centro de Toluca, realizaron una breve marcha afuera del Poder Judicial, también fueron a Palacio de Gobierno y a la Cámara de diputados.
Hay que recordar que el pasado viernes, el Magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sofi Cuellar, sostuvo que son tres mil solicitudes de Ley de Amnistía las que se estudia para otorgar el beneficio a procesados y sentenciados, comenzando por los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas.
cmo