Por decreto constitucional, la Ciudad de México contará con un instituto especializado para elaborar y dar seguimiento al Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial.
Así lo establece el artículo 20 del proyecto de dictamen de la primera Carta Magna local, aprobado este jueves en lo general, con 84 votos a favor y 2 en contra, durante la sesión pública de la Asamblea Constituyente, iniciada con dos horas de retraso.
Sin embargo, se hicieron 37 reservas en lo particular al contenido de dicho artículo, mismas que están siendo revisadas en la comisión de Desarrollo Sostenible, como una nueva estrategia de la Asamblea Constituyente para llevar al Pleno las propuestas consensadas y agilizar su desahogo.
Luego de aprobar el artículo en lo general, la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente declaró un receso hasta las 16:00 horas, para discutir y aprobar las reservas que generen cambios sustanciales al texto.
En términos generales, el artículo 20 plantea que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México será un organismo público con autonomía técnica y de gestión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y en él participarán los sectores académicos, culturales, sociales y económicos.
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Dicho organismo integrará un sistema de información estadística y geográfica científico, público, accesible y transparente, y elaborará los dictámenes técnicos para la actualización de los usos del suelo.
También el instituto definirá los lineamientos de los instrumentos de planeación de las alcaldías (actualmente conocidos como Programas de Desarrollo Delegacionales), asesorarlas y apoyarlas técnicamente en su elaboración.
Tendrá una Junta de Gobierno, un Director General, un Directorio Técnico y un Consejo Ciudadano.
“La Junta de Gobierno será el órgano rector del Instituto, de carácter plural e interdisciplinario, que se integrará por el Jefe de Gobierno, en carácter de presidente, cinco representantes del gabinete, tres representantes del Cabildo de la Ciudad de México y siete consejeros ciudadanos.
“El Director General deberá ser un experto reconocido en planeación del desarrollo. Será designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una terna propuesta por un comité de selección, conforme a los requisitos y métodos previstos por la ley. Durará en su encargo cinco años y podrá ser reelecto por otro periodo de tres años bajo el mismo procedimiento previsto para su nombramiento”, señala el texto aprobado.
El Consejo Consultivo fungirá como un órgano de consulta obligatoria y diálogo público, con carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo y la ordenación territorial.
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