Ciudad de México (La Silla Rota).- Con el respaldo de alrededor de 37 mil firmas ciudadanas, representantes de 18 organizaciones civiles demandaron este martes la aplicación de un plebiscito, para someter a consulta pública el dictamen de la primera Constitución de la Ciudad de México, aprobado la víspera en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl.
Con mantas y reunidos en la plancha del Zócalo capitalino, los demandantes del plebiscito expusieron la necesidad de que el dictamen de la Carta Magna sea consultado antes de su promulgación, debido a que no representa los intereses de la ciudadanía en general.
"El documento aprobado por el Constituyente es político, clientelar y demagógico, por eso traemos 37 mil 64 firmas ciudadanas, para justificar nuestra solicitud de plebiscito.
"La Ley de Participación Ciudadana establece un mínimo de firmas equivalentes al 0.4 por ciento de la lista nominal electoral, esto es, alrededor de 28 mil rúbricas de apoyo y nosotros rebasamos por mucho ese requisito", explicó José Luis Luege, representante de la organización Ciudad Posible.
Los inconformes con el contenido de la futura Constitución local acudieron al Zócalo, para ingresar las firmas recabadas y su solicitud formal de Plebiscito a la Jefatura de Gobierno.
El Plebiscito es una figura de Participación Ciudadana, prevista en la ley local, para someter a consulta normas relacionadas con la Ciudad de México, y debe ser el Jefe de Gobierno, por iniciativa propia o a solicitud de la ciudadanía, quien promueva dicha consulta ante el Instituto Electoral capitalino.
"Estamos exigiendo que el dictamen de la Constitución aprobado anoche sea consultado entre la ciudadanía porque no representa sus intereses, ni necesidades, lo único que representa es un instrumento legal para centralizar el poder en la investidura del Jefe de Gobierno", expresó Cleto López Becerra, ex presidente de la Canacope Ciudad de México.
Junto con Luege y Cleto, acudieron a presentar la solicitud de Plebiscito Jesús Becerra, de Coordinadora Ciudadana; Mario Romo de Red Familia; Guadalupe Alvarado, de la Unión Nacional de Padres de Familia; Andrés Chávez; del Frente Nacional por la Familia; Leticia González, de Voz Pública; Rogelio Pérez, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y Ramón Hernández, de Movimiento Blanco.
Esas organizaciones están particularmente inconformes con el dictamen de la futura Constitución capitalina porque los constituyentes rechazaron incluir de forma expresa en el documento el derecho a la vida.
vsv