Un juez federal ordenó el retiro de casi 900 espacios publicitarios o Mupis instalados sin autorización en la Línea 7 del Metrobús por afectar el patrimonio cultural de la Nación y no contar con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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El amparo fue concedido el pasado 15 de enero a la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) por parte de Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa.
Aunque la sentencia no ordena el cese de operaciones de la Línea 7 y el gobierno capitalino puede impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito, por lo que por ahora no está obligado a acatarla.
La administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum solicitó al juez aclarar su sentencia, pero su petición fue rechazada el 21 de enero.
Silva García acaba de ser designado secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal por su nuevo Presidente, el ministro Arturo Zaldívar, por lo que no seguirá a cargo del caso.
El amparo concedido a AMDA consiste en el retiro permanente de los 898 espacios publicitarios algunos de los cuales fueron concesionados a una empresa privada por la Dirección General del Metrobús, mediante un Permiso Administrativo Temporal Revocable.
También ordena activar mecanismos para aclarar si hay afectaciones a la Calzada de los Misterios y los monumentos que ahí se encuentran.
La sentencia agrega una especie de regaño al gobierno local por no haber obtenido permisos previos de las autoridades federales responsables del patrimonio cultural, y lo conmina a no repetir estas violaciones a la Constitución, pero sin ordenar la cancelación de la Línea 7.
El juez Silva García concedió en junio de 2017 una suspensión que obligó a suspender las obras del Metrobús durante tres semanas, pero luego permitió que las obras continuarán, tras la intervención del INAH y otras autoridades que no habían dado permisos previos.
Con información de Reforma
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