NICOLÁS ROMERO.- Entre 30 y 50 por ciento de las cerca de mil estaciones de servicio dedicadas a la venta de gas licuado de petróleo (LP) operan en la clandestinidad y/o ilegalidad en el Estado de México, por lo que empresarios del sector solicitaron al gobierno mexiquense y a los municipios que hagan valer la ley y clausuren este tipo de establecimientos que son usados para vender gas robado o también conocido como gasicol, así como para lavar dinero.
El director comercial de Grupo Sala, Javier Sala Pantoja, indicó que en los últimos meses han proliferado las estaciones de servicio en municipios como Ecatepec, Nicolás Romero, San Vicente Chicoloapan, Tlalnepantla y Toluca que ofertan gas LP de dudosa procedencia, bajo el amparo se los tres niveles de gobierno, pues aunque se han llevado a cabo algunos operativos a petición de los permisionarios, solo colocan sellos de clausura en estos negocios que, al siguiente día, son rotos o retirados, sin ningún proceso legal de por medio a pesar de que se constituye un delito.
Denunció que este tipo de negocios han comenzado a ofertar el producto por debajo de los precios establecidos en el mercado formal y que están regulados por la propia Secretaría de Energía, lo cual resulta atractivo para los clientes, porque les significa un ahorro en sus finanzas, pero que ha representado el inicio de una crisis para el sector formal, que ha tenido que reducir su planta productiva, al tiempo en que ha presentado pérdidas por la disputa de territorios por parte de estos grupos gaseros que cada día se torna más violenta.
AUMENTEN DENUNCIAS POR MONOPOLIO E INSTALACIÓN DE GASERAS CLANDESTINAS
Y es que, en el segundo semestre de 2020, vecinos de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Nicolás Romero y Tlalnepantla, comenzaron a denunciar que algunos grupos gaseros han intentado consolidar monopolios en algunas comunidades de estas localidades del Valle de México, a través de la intimidación y/o agresión física en contra de los trabajadores de empresas formales, que han derivado en al menos 12 asesinatos de estos empleados del 2018 a la fecha y en la quema de 10 establecimientos, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Director comercial de Grupo Sala, Javier Sala Pantoja
Estas denuncias se han sumado a las quejas y protestas vecinales que se han realizado en diversas comunidades del Valle de México, como San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla; San Miguel Norte, Ejidos de San Miguel Chalma, San Mateo Tecoloapan y Villas de la Hacienda, en Atizapán, así como Benito Juárez y Plan de Ayala, en Naucalpan, sobre la instalación de gaseras en medio de zonas habitacionales, las cuales estarían en proceso de apertura o ya estarían operando sin las debidas medidas de Protección Civil.
Adicionalmente, el 22 de noviembre pasado, se registró un enfrentamiento en Atizapán, que derivó en la quema de tres grúas y dos unidades del transporte público, por la detención de una pipa de gas que distribuía el combustible de manera ilegal en la colonia UAM y la cual presuntamente habría sido liberada por policías municipales, bajo el argumento de que la empresa ya contaba con un acuerdo con el comisario de esa localidad.
VEN 52 GASERAS SUSPENDIDAS
Sala Pantoja señaló que la operación de estos establecimientos de manera ilegal tiene la protección de los tres niveles de gobierno, quienes estarían obligados a revisar el funcionamiento de éstas, de acuerdo a sus competencias, lo cual no está sucediendo o si lo hacen, lo llevan a cabo sin un acompañamiento permanente.
Indicó que dichos operativos deberían ser responsabilidad de las secretarías de Energía y del Trabajo y Previsión Social, de las coordinaciones de Protección Civil estatales y municipales, así como del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), quienes estarían obligados a supervisar que las estaciones existentes cuenten con el Dictámen Único de Factibilidad (DUF) y que cumplan con las normas en la materia, lo cual no ha sucedido, por lo que se mantienen operando en total impunidad y ante el riesgo de que puedan representar un riesgo para la población.
Al respecto, el Inveamex respondió que, a lo largo de 2020, se llevaron a cabo 120 verificaciones a gaseras, encabezadas por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México y en las cuales 52 establecimientos fueron suspendidos.
Sin embargo, la dependencia aclaró que los verificadores solo acompañan la visita solicitada por Protección Civil para vigilar que se realice conforme a los procedimientos, por lo que es esa dependencia estatal la que se encarga de definir si suspende o clausura un establecimiento de este tipo por cometer una falta y es quien da seguimiento al proceso para levantar la sanción y vigilar que se cumpla con ella.
Por otro lado, el líder gasero explicó que algunas de estas gaseras ilegales pertenecen a algunos grupos legales, pero que, ante los retrasos en la entrega del DUF, han decidido operar en la clandestinidad una parte de su negocio, por lo que el fenómeno se agrava en algunos territorios, donde no solo se compite contra el gasicol sino también con una competencia desleal.
La Silla Rota solicitó información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra sobre el número de DUF que se entregaron en el último año y el número de procedimientos pendientes de resolver en este sector, pero, al momento de la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta, bajo la justificación de que habría que procesar la información.
PREOCUPA A GASEROS FENÓMENO EN NICOLÁS ROMERO
El sector gasero denunció que estas prácticas irregulares han propiciado el robo de pipas regulares que, posteriormente, se venden en las estaciones de servicio al menudeo y en efectivo, sin expedir facturas y sin poder hacer el pago con tarjetas bancarias, para gozar de recursos líquidos y sin reportarlos ante el Sistema de Administración Tributaria o alguna institución bancaria, lo que constituye el delito lavado de dinero y dificulta seguir el rastro de los recursos, al tiempo en que ha ocasionado varios accidentes por el mal manejo del combustible.
Denunciaron que, si bien estas prácticas ocurren en los municipios citados con anterioridad, existe una preocupación por Nicolás Romero, en donde se han abierto al menos 20 gaseras irregulares en los últimos meses, bajo el amparo de la autoridad municipal, quien no ha acudido a clausurar y, en algunos casos, habría entregado licencias de funcionamiento, sin que éstas gocen del DUF.
Consultado sobre esto, el Gobierno de Nicolás Romero solicitó tiempo para verificar el estatus de éstas, aunque dijo que sí se han realizado algunas clausuras por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a petición de los vecinos, sin precisar el número de éstas, ni del número de licencias expedidas durante 2020.
El Gobierno de Nicolás Romero dio a conocer que, en los primeros dos años de la actual administración se han suspendido seis gaseras ubicadas en la calle Virreyes, esquina con calle Bocanegra, en la colonia La Libertad; en calle Loma del Río, en la colonia del mismo nombre; en Calle 13, esquina con Vía Corta, en Granjas de Guadalupe; en Benito Juárez Barrón en la comunidad del mismo nombre; en el Camino a Santa Ana, esquina con calle Oaxaca, en la colonia Benito Juárez Barrón; y en calle Francisco I. Madero en la colonia del mismo nombre.
Asimismo, subrayó que se mantiene al tanto de las denuncias ciudadanas, para verificar el funcionamiento de otras gaseras y, en su caso, proceder a la suspensión o clausura, si se detecta una irregularidad o su operación sin los permisos necesarios.
(Sharira Abundez)