CASO MAGDALENA CONTRERAS

ONG exigen reestudiar caso de Mireya tras negligencia de PGJ

Dos informes de ADIVAC y el Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" confirmaron la agresión sexual a los hijos de Mireya Agraz

REDACCIÓN 05/07/2017 02:26 p.m.

ONG exigen reestudiar caso de Mireya tras negligencia de PGJ40 organizaciones de la sociedad civil pidieron reestudiar el caso. (Especial)

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El suicidio de la familia de Mireya Agraz fue resultado de la violencia institucional y la violación a los derechos de los niños por parte de las autoridades de la Ciudad de México, según denunciaron 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Durante la conferencia de prensa, el grupo de defensoras de derechos humanos aseguró que los integrantes de la familia perdieron la vida el pasado 8 de junio, debido a la desesperación de la madre por un mal tratamiento de la justicia del que fue víctima durante seis años.

Según explicaron, en el desarrollo del caso se violaron principalmente los derechos humanos de las hijas gemelas de seis años y de otro menor de 10, porque dos juezas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) ordenaron la relación paterno-filial con el padre, Leopoldo Olvera Silva, a pesar de que se comprobó la violencia sexual que éste ejerció contra sus propios hijos.

Existían dos informes -uno de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) y otro del Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro"- del 2013 y 2011, respectivamente, que confirmaron la agresión sexual.

Por su parte, Mireya Agraz Cortés interpuso las denuncias penales ante el ministerio público de la Fiscalía Central de Delitos Sexuales FDS-6/T2/5/6/11-06 y FDS/FDS/6-/T3/153/14-02VS, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra las actuaciones de la jueza Décima de lo Familiar del TSJ capitalino, entonces dirigido por el magistrado Edgar Elías Azar, actual embajador de México en Holanda.

En octubre de 2016, la jueza Onceava de lo Familiar de la Ciudad de México, Silvia Araceli García Larga, otorgó a Leopoldo Olvera, abogado en derecho mercantil y civil, la guarda y custodia de sus hijos.

Tras la resolución, Agraz Cortés -mercadóloga egresada de la Universidad del Valle de México-, sus tres hijos y sus padres, ingirieron en un licuado un cóctel de pastillas el pasado 8 de junio. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en su domicilio ubicado en la delegación Magdalena Contreras. La única sobreviviente fue la madre de Mireya, quien fue hallada con vida y trasladada de emergencia a un hospital.

"El sistema les falló a los niños"

Las defensoras de derechos Humanos sentenciaron que las omisiones de las autoridades, la falta de rigor jurídico y la inobservancia al proceso inhibió la procuración de justicia en favor de Mireya.

Resaltaron la falta de aplicación de los protocolos en materia de derechos de los niños y las niñas -"de los que se dice pionero el gobierno de la Ciudad de México", criticaron- porque las juezas no consideraron sus testimonios como válidos y, por el contrario, los revictimizaron al someterlos a varios dictámenes psicológicos.


"El sistema procesal les falló a los niños, a sus derechos. ¿Cuántos niños más vamos a perder por omisión de las autoridades responsables?", cuestionó Leticia Chávez, de la Promotora Popular de Madres Educadoras.

Karla Micheel Salas, litigante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANDA), criticó: "A los niños se les estaba obligando a convivir con un violador. Mireya y sus hijos perdieron la vida por un mal tratamiento de justicia en el país que buscaron por seis años".

Las organizaciones civiles, entre las que destacan Comunicación e Información de la Mujer, el Instituto de Investigación y Estudios por la Atención de la Violencia a Niñas y Niños y el Instituto Nacional de Pediatría, exigieron:

Abrir nuevas líneas de investigación que observen las actuaciones de violencia institucional, la destitución inmediata de los encargados de impartir justicia, una debida diligencia con perspectiva de género y derechos de la infancia, y la derogación de la figura jurídica de Alienación parental.

Además, demandaron el acceso a la carpeta de investigación ya que la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) reservó los expedientes.


"Hacemos un llamado a la opinión pública y a las autoridades a reconocer la importancia de los derechos de los niños y niñas. No se están respetando sus derechos", señaló Mónica Herrerías, perito en psicología.

Las organizaciones inconformes no descartaron acudir ante instancia internacionales para exigir justicia en el caso.

El pasado 13 de junio, el TSJ-CDMX, presidido por el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, defendió la actuación de las juezas Décimo y Undécimo de lo Familiar. En una tarjeta informativa, aseguró que su actuar "se apegó en todo momento a las actuaciones que obran en los respectivos expedientes, y siempre mirando en todo por el interés superior del menor".

Con información de Proceso

fmma











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