JALTENCO, Edomex.- Juan Carlos Tavera Fonseca, un vecino del municipio de Tecámac con problemas de asma, fue detenido por la policía municipal de Jaltenco por "darse vuelta" en una vialidad en que supuestamente estaba prohibida; sin embargo, el detenido alegó que no existía un disco de advertencia y dijo que estaba dispuesto a pagar el doble de la multa, si en verdad había cometido la infracción.
Pero la policía en vez de escuchar su petición lo llevaron a encerrar a la cárcel municipal de Jaltenco, a donde, sin ninguna medida sanitaria o el uso de gel antibacterial así como cubrebocas fue metido a una celda, donde las condiciones eran antihigiénicas, además, de que no era aptas para la permanencia de un enfermo como él.
SALIR DE CÁRCEL DE JALTENCO, SOLO PAGANDO 2 MIL PESOS
Sin embargo, la policía municipal y el juez conciliador solo le dijeron que para poder salir de la cárcel municipal debería de pagar dos mil pesos de multa por "la infracción de tránsito", pero que no se daría comprobante alguno.
El padre de Juan Carlos, el señor Reyes Tavera, por la enfermedad de su hijo realizó una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), ya que consideraba injusto que por una supuesta infracción su hijo haya sido encarcelado a pesar de su enfermedad, lo que quedó asentado en el expediente CODHEM/CUAUM/ZUM/093/2020.
Juan Carlos tuvo que pagar los dos mil pesos, pero a pesar de que pidió su recibo oficial, no se lo dieron, así que no supo si esa multa fue a parar a la tesorería municipal o al bolsillo de los funcionarios, ya que lo único que le interesaba era salir de ahí por su enfermedad.
"Mi problema es que después de salir de la en donde se me estaba imputando supuestamente una violación de tránsito en un lugar en que no había disco ni nada, me empece a sentir mal, ahorita siento dolores en la garganta", consignó ante la CODHEM.
El padre de Juan Carlos también narró ante Derechos Humanos que intentó convencer a la policía municipal de Jaltenco a que permitiera que metiera la medicina de su hijo para que no se complicara su enfermedad, pero los uniformados se lo negaron y lo único que exigían era el pago de los dos mil pesos.
ESCENAS SE REPITEN EN OTROS MUNICIPIOS
Pero Jaltenco no es el único municipio del Estado de México, donde los policías y los oficiales conciliadoras se ponen de acuerdo para llevar detenidos a personas por supuestas infracciones de tránsito o faltas administrativas, también sucede en el pequeño municipio de Tonanitla, donde, por tener fallas en un faro de su vehículo, el señor Daniel López Lozano, fue detenido y se le exigía pagar una multa de mil 500 o de lo contrario estaría encerrado en la cárcel municipal por 36 horas.
El automovilista tuvo que pagar ya que era de noche y tenía que llegar con su familia al municipio de Zumpango. Al pedir su boleta de pago solo le dijeron "venga otro día, ahorita no tenemos".
HASTA ALBAÑILES VAN A LA CÁRCEL POR REPARAR CALLE
Similar caso sucedió en el municipio de los Reyes la Paz, donde dos albañiles fueron encerrados por la policía municipal por reconstruir una calle en el pueblo de San Sebastián Chimalpa, donde sin ningún protocolo de seguridad por la emergencia sanitaria los dos hombres mayores edad, fueron encerrados en las galeras municipales.
Esto ocurrió el mes de mayo de 2020, cuando vecinos de la segunda cerrada de Miguel de la Madrid pidieron la ayuda de los albañiles Ricardo Méndez Rojas e Isabel Martínez Valencia, que por "un taquito" y 200 pesos por el trabajo de reparar esa calle para evitar inundaciones en la temporada de lluvia, se comprometieron a reparar la calle.
Sin embargo, cuando estaba a la mitad de su trabajo llegó la policía y fueron encerrados por "no tener permiso para reparar la calle".
Ambos albañiles fueron encerrados con otros detenidos en la misma celda y sin condiciones saludables, pero a pesar de la queja de los vecinos para que se les dejara en libertad, solo lo lograron al pagar por cada uno, cuatro mil 500 pesos, pero también sin tener el recibo oficial de que ese dinero llegaría a la tesorería municipal.
AMIGOS DE LOS ALCALDES Y PERSONAS SIN CAPACITACIÓN EN LAS OFICIALIAS CONCILIADORAS
Para el abogado Daniel Reyes Valencia, en las Oficialias Conciliadoras de los municipios, se comenten errores desde la aplicación de la justicia hasta en la selección del personal que se encargará de esas oficinas que supuestamente son impartidoras de justicia.
Un juez conciliador debe ser imparcial, y que resuelva un caso con justicia; sin embargo, en el estado de México, estos funcionarios no se les capacita, y muchas veces son amigos de los presidentes municipales o de sus equipos de trabajo, reconoció.
El también ex director jurídico del ayuntamiento de Toluca en 1990 recordó que en esas oficinas de conciliación no hay un manejo transparente en el manejo del dinero, ya que los responsables junto con los síndicos son los que deciden que parte ingresa a la tesorería y que cantidad se las reparten entre ellos.
En Toluca, dijo, existía ese problema y se le propuso al entonces presidente municipal poner funcionarios de la tesorería en los tres turnos de las oficinas conciliadoras para que ingresara el dinero de las multas directamente a la tesorería.
Pero en la mayoría de los municipios no hay control de esos ingresos, ya que no dan recibos como los casos de Jaltenco, Tonanitla y Los Reyes la Paz.
"HACEN LO QUE QUIEREN"
Los oficiales conciliadores "hacen y deshacen lo que ellos quieran con la justicia, ni siquiera saben realmente lo que dicen sus bandos sobre las multas que deben de aplicar" .
El abogado Reyes Valencia que también fue contralor del poder legislativo en el estado de México estableció que tampoco funciona el sistema anticorrupción en los municipios como quedó establecido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se aprobó el sistema anticorrupción a nivel nacional. Solo se instaló en el estado de México pero no es funcional.
Recordó que en los años setenta, los jueces conciliadores eran conocidos como jueces de paz y eran electos en la planilla municipal.
En ese entonces, se escogía a una persona de reconocida trayectoria moral y reconocimiento ciudadano, para que pudiera impartir justicia de manera imparcial, pero eso se acabó, ahora lo hacen personas que no son capacitadas para esas funciones.
(Sharira Abundez)