Los diputados capitalinos de Morena presentarán una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Sustentabilidad Hídrica que se aprobó el viernes pasado por una mayoría, que calificaron de ficticia, entre PRD, PAN, PRI y partidos menores en el órgano legislativo.
Así lo dijo César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena en la ALDF, quien encabezó una conferencia de prensa acompañado de diputados Constituyentes.
Cravioto apuntó que los legisladores locales también emprenderán este fin de semana una campaña casa por casa para informar a la población sobre las leyes que las demás fuerzas políticas aprobaron en detrimento de los ciudadanos.
Por otra parte, los diputados Constituyentes informaron que, en su calidad de ciudadanos, presentarán una controversia constitucional porque la Ley de Sustentabilidad Hídrica contraviene la Constitución local y federal.
Como la constituyente Clara Brugada, quien comentó que dicha ley “invade competencias del Congreso local; contraviene lo dispuesto en la Constitución local; abre las puertas a la privatización; vulnera la legislación local y federal en materia de planeación; tergiversa el significado de principios constitucionales o de conceptos universalmente admitidos; alienta la apropiación y usufructo comercial del agua de lluvia”.
También “excluye a las delegaciones de la gestión integral del agua; separa de la política hídrica la cosecha de agua de lluvia; es imprecisa, repetitiva e internamente contradictoria, carece de la elemental técnica, cuidado gramatical y legislativo y, además, es violatoria de los derechos humanos”, lanzó.
Asimismo, el constituyente Bernardo Bátiz advirtió que Morena no permitirá una ley privatizadora del agua, pues el vital líquido no puede ser objeto de comercio, ni tampoco la infraestructura, porque, dijo, todo el sistema de captación, almacenamiento y distribución se ha realizado con recursos públicos y es patrimonio de los capitalinos.
El también líder de Morena en el Constituyente precisó que la Ley de Sustentabilidad Hídrica viola estatutos de la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece que el agua es un bien público, social y cultural; se reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano y se obliga a las autoridades a garantizar su cobertura universal, al brindar un acceso diario, continuo y equitativo.
En síntesis, dijo, la Constitución, mediante candados, prohíbe la privatización del agua en la Ciudad de México, y aseguró que si el gobierno de la ciudad se empeña en sacar adelante esta ley, en 2018 se desechará por ser completamente ilegal.
Durante su participación, el también constituyente de Morena, Jesús Ramírez, agregó que dada la importancia del agua para la capital, la Constitución local plantea, en uno de sus transitorios, que el Congreso de la Ciudad tendrá que llevar a cabo una Contraloría social del agua.
El vital líquido, dijo, no se puede dejar en manos de un “virrey del agua”, debe estar a cargo del Congreso, de los alcaldes y, sobre todo, de los ciudadanos.
lrc