El 27 de agosto de 2019 la Contraloría capitalina presentó una denuncia que señalaba de un desvío de recursos públicos a Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), y al ex Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, no obstante dos semanas después ambos funcionarios huyeron de México, acciones de las que tuvo conocimiento la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
Fueron a través de los registros del flujo migratorio del Instituto Nacional de Migración, que la institución que es encabezada por Ernestina Godoy se enteró de la salida del país de los ex servidores públicos, quienes huyeron el 9 de septiembre de aquel año, tras enterarse de que eran investigados por el uso ilegal de atribuciones y facultades, que habrían cometido con recursos que serian destinados para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de septiembre del 2017.
Al enterarse de su partida del territorio mexicano, la Fiscalía capitalina solicitó el 13 de septiembre de ese mismo año las órdenes de aprehensión en contra de Gutiérrez y Tungüí, quienes promovieron amparos para evitar su detención, sin embargo el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Adulfo Vergara Cruz, negó la protección de la justicia a ambos ex funcionarios según consta en las resoluciones judiciales 880/2019-V y 812/2019-VII.
Tras la negación de los amparos, la Fiscalía capitalina a través de su homologa federal solicitó a la Interpol fichas rojas en contra de los ex funcionarios, para que sean buscados en más de 190 países. Sin embargo a más de un año de estas acciones legales por parte de la institución que procura la justicia, no se ha logrado la detención de ninguno de los dos.
Consta en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B2C/D/03688/08-2019, que Gutiérrez y Tungüí fueron acusados funcionarios de haber desviado 46 millones 319 mil 259 pesos del fideicomiso 7579-2, el cual se constituyó con recursos públicos, privados e internacionales que fueron donados para la reconstrucción de edificios que colapsaron luego del temblor de hace tres años.
El expediente refiere que el modus operandi para desviar los recursos consistió en la aprobación de proyectos para la reconstrucción del edificio Aluminio 166, en la colonia Popular Rastro, Venustiano Carranza, que fueron detectados a través de un peritaje de 11 fojas hecho por la procuraduría, en el que concluyeron que los funcionarios no entregaron el dinero para las obras programadas.
fmma