El jefe de gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció este martes que encomendó a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) la reconstrucción de miles de inmuebles dañados. Ese organismo es presidido por Salvador Daniel Kabbaz Zaga, señalado como “firma consentida” durante las administraciones del PRD en la ciudad y uno de los responsables del caótico boom de “malls” en la capital a través de su compañía, Grupo Danhos.
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Al anunciar el Plan de Reconstrucción para la capital, el mandatario local informó que mediante un acuerdo con (ADI), que reúne a las principales empresas de la industria de la construcción, esta agrupación asumirá la reparación de los inmuebles que presenten daño significativo, pero no estructural, y puedan ser habitables durante su restauración, lo que los ubica en el “nivel amarillo” establecido por las autoridades de la ciudad.
Los inmuebles con dictamen de “nivel amarillo” suman hasta ahora 1,300 y el gobierno otorgará para su reparación diversos tipos de apoyo.
Entre quienes integran la ADI destaca como su presidente, el citado Salvador Daniel Kabbaz, de Danhos. Otros asociados son Germán Ahumada Russek y Javier Sordo Madaleno.
En su página de internet, la ADI dice representar a 79 empresas que desarrollan 60% de los proyectos más relevantes en el país, con una inversión total que ha sumado más de 32 mil millones de dólares desde 2012; es decir, durante las administraciones federal y de la capital del país.
Pero sin duda Danhos destaca entre todas. Es el grupo que construyó Parque Alameda, Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Cuicuilco, Parque Tezontles, Parque Lindavista, Reforma 222, Toreo Parque Central y próximamente Parque Las Antenas en la delegación Iztapalapa. Complejos comerciales que incorporan tiendas departamentales, cines, restaurantes y supermercados.
La firma es señalada como una de las principales protagonistas del llamado “boom” inmobiliario al menos en los últimos tres gobiernos de la ciudad, con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Ángel Mancera Espinosa, lo que ha atraído señalamientos diversos, entre ellos violentar usos del suelo en zonas residenciales como Las Lomas de Chapultepec, generar desabasto de agua y tala de árboles.
Elvira Daniel Kabbaz, una de las hermanas propietarias del grupo, ha desarrollado su carrera política muy de cerca al PRD y los gobiernos que de éste emanan.
Elvira Daniel fue en 2001 asesora jurídica de Alejandra Barrales Madaleno, hoy presidenta nacional del Sol Azteca. También, fue aspirante a diputada local por el distrito XV en la delegación Miguel Hidalgo, aunque los votantes no la beneficiarion.
La misma Elvira Daniel Kabbaz fue directora de Servicios de Transportes Eléctricos en la Secretaría de Transportes y Vialidad, entonces SETRAVI en el sexenio del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador al frente de la ciudad.
Las denuncias contra Artz Pedregal de Sordo Madaleno
Otro de los socios destacados de la ADI es Javier Sordo Madaleno, dueño de la constructora que lleva su nombre.
Integrantes de la Asociación Civil, Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (MUEVE) responsabilizan a esta firma de “ecocidio” por haber eliminado aproximadamente 50 mil metros cuadrados de zona verde considerada como pulmón de la ciudad para la construcción del centro comercial Artz Pedregal, que se construye en Periférico Sur 3720.
La agrupación MUEVE, principal opositora a esta obra, denunció que algunas casas contiguas al predio donde se levanta el centro comercial de usos mixtos, en el que se anunció la inversión de 4 mil 900 millones de pesos, resultaron con daños colaterales.
En el perfil de la constructora Sordo Madaleno se le atribuye la remodelación y expansión de Moliere 222, en Polanco, y el proyecto Reforma-Colón.
Oscar Kauffman, ex vocero del Gobierno de la Ciudad de México en la administración de Miguel Ángel Mancera, explicó que la firma Sordo Madaleno pagó cerca de nueve millones de pesos a la Tesorería capitalina como medida de mitigación por la tala de árboles que había en el predio.
Agregó que también se tuvieron que donar un número de árboles no determinado que Secretaría del Medio Ambiente exige aportar, ene este caso al Vivero Nezahualcóyotl de la CDMX y que actualmente se lleva a cabo la reparación de algunas casas que el Instituto de la Seguridad de las Personas determinó tenía que intervenir la constructora.
La constructora, señaló, mantiene diálogo con dos grupos vecinales de la zona, los de Picacho y de Rancho Anzaldo, quienes manifestaban como principal preocupación el desabasto de agua en su colonia.
El semáforo de ayuda
Mancera hizo el anuncio de la intervención de la ADI durante la presentación del Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México. Y detalló cómo se caracterizarán los inmuebles afectados, y los apoyos que les serán extendidos:
Verdes: Hasta ocho mil pesos para recuperación de vidrios, fisuras, aplanado o plafones.
Amarillos: Daño significativo, no estructural, la reconstrucción se efectuará a través de personas de la ADI.
Rojo: Con daño estructural. Uso de recursos del Fondo de Contingencias y de la Sociedad Hipotecaria para otorgamiento de créditos con condiciones preferentes.
“ADI no hace nada gratis ¿qué hay atrás?”: La Voz de Polanco
Virgilio Pasotti, dirigente de la asociación vecinal “La Voz de Polanco”, se pregunta qué hay atrás de “ayuda” que la ADI dará al gobierno de la ciudad.
“Quienes encabezan la ADI no hacen nada gratis, no son altruistas, no son las madres de la caridad, aquí hay algo detrás”, opina.
Cuestiona si detrás de este convenio se pactó la entrega a los desarrolladores de Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC), cambios de uso de suelo, transferencias de potencialidad o polígonos de actuación.
“Nos preocupa que quienes han devastado y han generado en esta ciudad desarrollos irregulares ahora sean los cargados de resarcir los daños del sismo. Parece una mala broma. Económicamente pueden hacerlo pero ¿qué hay detrás? ¿cuál es el intercambio porque de gratis no lo van hacer?”.
Primero peritajes, pide Suma Urbana
Para Josefina McGregor, de Suma Urbana, una de las organizaciones dedicadas a denunciar las irregularidades en el uso de suelo y violaciones por parte de las desarrolladoras, el gobierno de la ciudad primero tendría que hacer públicos los peritajes y dictámenes que se realizaron a los inmuebles.
“No vaya a ser que le des la posibilidad de parchar para ocultar lo que estuvo mal, a los mismos que los construyeron”, indicó.
Los activistas solicitaron a la Seduvi y a Protección Civil del gobierno capitalino claridad para saber cuáles son las constructoras que están detrás de los edificios que se colapsaron, fundamentalmente en los inmuebles nuevos, para detectar si están vinculados a los actos de corrupción o se incumplieron con las leyes en la materia.
No es posible que no haya ninguna lista de quiénes son los culpables, en los casos que lo haya; no es posible que el gobierno ya le haya asignado eso a la ADI cuando ni siquiera está poniendo atención a la falta de ayuda en las áreas donde aún están desarrollándose los rescates”, cuestiona.