La Línea 7 del Metrobús, que correrá sobre Paseo de la Reforma de Indios Verdes a Santa Fe, se inaugurará en los próximos días -y no el miércoles, como lo estimó preliminarmente el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera por la mañana-, y enfrenta la amenaza de "protestas sorpresa" por parte de los vecinos que se han manifestado en contra de este sistema de transporte. Entre las acciones de los inconformes se podría realizar la toma de estaciones, según conoció La Silla Rota.
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Los opositores a esta ruta del Metrobús aseguran que si el gobierno de la Ciudad de México insiste en poner en marcha la Línea 7 estaría contraviniendo la determinación de un juez. Sería ilegal, dijeron.
Guillermo Calderón, director del Metrobús, informó a La Silla Rota que la puesta en operación de la Línea 7, sin dar detalles de la fecha exacta, será en estos días y descartó que se pueda aplazar para la siguiente semana.
Con la Línea 7 del Metrobús circularán 90 autobuses de doble piso, adquiridos en Reino Unido por las empresas concesionarias, sobre los 13 kilómetros de la ruta. A lo largo del trayecto habrá 56 estaciones y tres terminales. Cada unidad Enviro500 modelo 2017 costó 11 millones de pesos y la encargada de su fabricación fue la empresa inglesa Alexander Dennis.
Los habitantes de las zonas por donde pasará la Línea 7 y el presidente de la Academia Mexicana del Derecho Ambiental (AMDA), Rolando Cañas, coincidieron que el funcionamiento violaría de nuevo la suspensión definitiva que emitió el juez octavo de Distrito, e incumpliría el acuerdo entre el gobierno de la ciudad y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que señala que se debe tener el visto bueno de esa dependencia federal.
Rolando Cañas, presidente de la AMDA, organización que interpuso la demanda por la que se dictó una suspensión definitiva y que aún está vigente, señaló que debido a ello, la inauguración o puesta en operación de la Línea 7 sería ilegal.
Sin embargo, el director del Metrobús indicó que no hay impedimento legal para que arranque la operación de la Línea 7 en estos días y afirmó que sí tienen las autorizaciones necesarias; señaló que esperarán al fallo definitivo del juez a la demanda de amparo que interpuso la AMDA y acatarán sus recomendaciones.
Cañas explicó que con la suspensión definitiva estaban prohibidas obras que de todas formas se realizaron por el gobierno de la ciudad.
Lo lamentamos porque al final de cuentas la carga tributaria será para los capitalinos al pagar la demolición de todo lo que han realizado, de parar una Línea que no puede operar y de volver a iniciar todo. Ello lo tendrá que determinar el juez cuando dicte la sentencia final”.
El pasado 12 de junio, el juez Fernando Silva García ordenó al gobierno de la Ciudad de México la suspensión definitiva de la obra de la Línea 7, en lo que se resolvía la demanda de la academia en contra del Metrobús Reforma. Como respuesta la administración de Mancera Espinosa presentó un recurso de revisión y mostró la autorización general del INAH.
Debido a esto el juez realizó un ajuste. Dijo que permanecía la suspensión definitiva pero que se le hacía algunas modificaciones. El gobierno podía continuar con la obra pero con ciertas condiciones, las cuales debían ser supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Con ello, la administración de Mancera tendría la autorización de la dependencia federal.
Cañas confió que el juez emita su sentencia definitiva en el primer semestre de este año, aunque no hay una fecha límite, debido a que los juicios de amparo están sujetos a diversas eventualidades.
A su vez, Víctor Juárez, quien ha sido otro de los principales opositores, informó que el viernes pasado la Procuraduría General de la República envió al juez octavo un reporte de 198 páginas en el que un perito de la Procuraduría determina que hubo ecocidio y delito ambiental en la construcción de la Línea 7, luego de que se talaron 640 árboles. El impartidor de justicia valorará el peritaje oficial de la PGR para dar una sentencia definitiva.
En el peritaje que desahogó la PGR, a petición del juez, se señala que hubo violaciones a la legislación ambiental y del ordenamiento territorial. Se concluyó que hubo daño ambiental generado por esta obra.
Por lo tanto estamos seguros de que el juez va a fallar a favor de nuestra causa, otorgando el amparo. Lamentamos que sigan avanzando o que pretendan inaugurarlo cuando hay una suspensión definitiva vigente y cuando en un tiempo perentorio obtendremos una sentencia definitiva”, expresó Cañas.
Los incumplimientos por parte del gobierno
Víctor Juárez, vecino de la colonia San Miguel Chapultepec desde hace 40 años, coincidió que la puesta en marcha de la Línea 7 sería una nueva violación a la ley, puesto que de acuerdo con la autorización para que pudieran continuar las obras e inaugurarse, debería de haber un visto bueno por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) donde diga que se realizó la obra conforme a los acuerdos previamente establecidos.
Para los vecinos se incumplieron nueve de los 10 puntos que pidió el INAH el 19 de junio de 2017 al gobierno de la ciudad para otorgarle la autorización de la obra.
La única recomendación por parte del INAH que si se cumplió fue la de hacer bahías en el tramo de la Estela de Luz a la Fuente de Petróleos.
Uno de los puntos que presuntamente incumplieron fue que tenían que conservar el sendero histórico procesional de la Calzada de los Misterios. Ya no existe, en su lugar hicieron una calle local para que los vecinos de la zona pudieran circular con sus automóviles.
Lo desaparecieron y destruyeron el trabajo artesanal que estaba como las bancas y en muchas partes el camellón”.
Otro acuerdo que no se respetó, dijo, fue que el INAH recomendó hacer paraderos “transparentes, ligeros y sin publicidad” de seis metros de largo. La mayoría son de 32 metros, sólo uno es como el que les pidieron instalar.
El INAH también dijo al gobierno que no se podían afectar los amplios paseos peatonales ni los materiales pétreos del Paseo de la Reforma. “Los destruyeron y construyeron unas plataformas a lo largo de la vialidad”.
Otro de los desacatos, según Víctor Juárez, es que el gobierno de la ciudad colocó anuncios luminosos que estorbaran y bloquearan la vista de los monumentos, y eso estaba impedido por el Instituto Nacional de Antropología.
Indicó que el 14 de febrero el juez solicitó al INAH una relación pormenorizada de la supervisión de los acuerdos y recomendaciones que hizo al gobierno capitalino. Pidió fotos de cómo lucía Paseo de la Reforma antes de las obras y cómo quedó.
La autoridad judicial dio plazo de cinco días hábiles al INAH, por lo que ya debieron de haber entregado o están por hacerlo. Sin embargo, los vecinos desconocen si ya se presentó el reporte.
Todavía este martes había un supervisor del INAH recorriendo la Calzada de los Misterios para ver cómo quedó la restauración de esos monumentos, que no ha quedado como se supone pidió el Instituto. Tenían que restaurar los Misterios a una condición similar que tenían antes, que era una policromía. A las estatuas de piedra las pintaron del mismo color que al nicho donde están”.
Sin especificar dónde o qué harán, Juárez anunció que preparan algunas “protestas sorpresas” para cuando entré en operación.