METRÓPOLI

Las tres bandas que operan en la Central de Abastos

La CEDA vive bajo el acecho de las mafias que controlan la venta de droga, el cobro de cuotas, sexoservicio, el robo y hasta los préstamos "gota a gota" y tandas denominadas “rapiditos”, controladas por colombianos

  • ANTONIO NIETO
  • 15/09/2019
  • 20:00 hrs
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Las tres bandas que operan en la Central de Abastos
Las tres bandas que operan en la Central de Abastos (Especial)

El segundo centro financiero más grande del país, la Central de Abastos (Ceda) vive bajo el acecho de las mafias que controlan la venta de droga, el cobro de cuotas, sexoservicio, el robo y hasta los préstamos "gota a gota" y tandas denominadas “rapiditos”, controladas por colombianos.

Desde el pequeño pueblo Santa María Teopoxco, Oaxaca, son reclutados los que a la postre formarán parte de una de las bandas delictivas que azotan a la Ceda desde hace más de una década: “Los Oaxacos”, que tras la captura de su líder, Tiburcio López, en mayo de 2018, quedó fracturada y se dividió en células, algunas apodadas “Los Oaxaquitos”.

Así consta en diversos expedientes de la Procuraduría capitalina, como el FIZP/IZP-6/T3/2554/15-08, FIZP/IZP-6/T32/3762/15-12 y en el informe “Combate a delitos en la Central de Abastos”, elaborado en 2018.

Nombrar a “Los Oaxacos” causa terror, no solo por el nivel de violencia que imprimen a los asaltos a comerciantes y bodegueros, sino porque han matado a policías, como el comandante de la Policía de Investigación, Ezequiel Lerma, en agosto de 2015 y la policía auxiliar Margarita Rivera en mayo del año pasado.

Como si se tratara de una competencia por el control de las zonas donde se roba, es decir de las 320 hectáreas que cubren la Ceda, “Los Oaxacos” rivalizan con “Los Limoneros”, ligados al cobro de cuotas a vendedores.

Cuando algún miembro de “Los Limoneros” cobra o asalta a un comerciante “controlado” por “Los Oaxacos” es cuando brotan las pugnas que no pocas veces terminan en balaceras.

El problema de la seguridad en la Ceda es tan apremiante para sus trabajadores que en los pasillos de la Ceda proliferan los guardaespaldas que, muchas veces, no tienen ni licencia para portar arma de fuego.

Los Limoneros” también dominan este negocio: hacen pasar a sus integrantes como guardias y venden el servicio de “protección” por 300 o 500 pesos por día, como se puede corroborar en una indagatoria federal, la FED/CDMX/IZTP/3224/10-2016, iniciada por el arresto de cuatro falsos elementos de seguridad.

Las investigaciones que se han profundizado debido a los asesinatos tanto por riñas como venganzas entre grupos delictivo han revelado que existe otra mafia detrás de la principal causa de que la Ceda se haya vuelto tan peligrosa: el uso constante de armas de fuego, algunas vendidas por la banda de “Los Tanzanios”, la cual ofrece catálogos de armas lo mismo para ladrones que para narcomenudistas y extorsionadores de la Ceda.

La Silla Rota obtuvo uno de esos catálogos, distribuidos a personas específicas vía Whats App donde un individuo apodado “El Fusca” ofrece desde pistolas calibre .9mm hasta rifles de asalto "cuernos de chivo” seminuevos. “Si quiere los 23, traitelas (sic.)” escribe el comprador.

Esto se supo tras la captura, en abril pasado, de un miembro de “Los Tanzanios”, José Roberto “El Nacho”, quien circulaba por la colonia Agrícola Oriental, Iztacalco, a bordo de un Volkswagen Jetta rojo con 21 grapas de cocaína, consta en un informe de Policía de Investigación.

Su teléfono celular contenía esas conversaciones con “El Fusca” un distribuidor de armas mayoritario que abastecía a “Los Tanzanios” y éstos a su vez a compradores en la Ceda y otros lugares de Iztapalapa.

Así se supo el camino para que pistolas y rifles de asalto usados por corporaciones policiacas llegaran en manos de asaltantes y distribuidores de estupefacientes de la Ceda, de cuya seguridad se encarga Saúl López Carral, un ex oficial de la Policía capitalina que fue encarcelado en el Reclusorio Sur, el 28 de marzo de 1996, acorde con su ficha 628/RS/1996.

Las mafias alcanzaron otras actividades, como las rifas conocidas como “rapiditos” en alusión a lo supuestamente rápido que es ganar dinero y son organizadas por colombianos que en el Centro, Xochimilco y tianguis del oriente de la capital aplican desde hace algunos años el préstamo “gota a gota”, que no es otra cosa sino una extorsión velada.

Según los informes de la PGJ, “Los Colochos” administran estas rifas, cuyos boletos cuestan desde 100 hasta 500 pesos y en algunos casos los comerciantes aseguran que se les ha forzado a comprarlos. “Compra para que no te manden rateros” suele recomendarse a los que no desean participar.

Los boletos los ofrecen mujeres atractivas, jóvenes, colombianas o venezolanas que también suelen enganchar a los posibles clientes diciéndoles que tener sexo con ellas también es parte de la rifa, lo cual, con base a lo dicho por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, aún no está acreditado.

Lo que sí es un hecho es que las mujeres que venden los boletos están ilegalmente en el país y también son forzadas a vender droga; usualmente se les puede ver en los pasillos de la Sección 1 del área de Flores y Hortalizas, pero se sabe que no permanecen en la Ceda mucho tiempo, pues son rotadas a otros puntos de la ciudad, donde al parecer están ligadas al sexoservicio.

Todo bajo la vigilancia de 200 cámaras de video con las que cuenta la Ceda, aunque al menos otras 200 no están funcionando; en el 2020 se pretende colocar más y conectarlas al C5 de la Policía, de acuerdo con lo que ha declarado Héctor Ulises García Nieto, administrador general.

Su llegada a la Ceda ha sido atribuida a su cercanía con Julio Scherer Ibarra y Marcelo Ebrad, consejero jurídico de la Presidencia y Canciller, respectivamente; éste último supuestamente colocó en el cargo, antes de García Nieto, a Raymundo Collins, a la postre secretario de Seguridad Pública local.

Todo ello aunado a denuncias por los contratos de administración de servicios en la Ceda, como del estacionamiento y los baños publico, que dejan alrededor de mil 800 millones de pesos al año y que están siendo revisados en los tribunales.


fmma