La suspensión del contrato de la planta termovalorizadora, entre la administración de la ciudad de México y la sociedad Termo WTE S.A de C.V., decidida por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la ciudad de México, puede significar la puntilla para uno de los proyectos más ambiciosos, pero también más polémicos del gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que se trataba del proyecto más grande en su tipo en el mundo.
Proyectada como un proyecto ecológico que buscaba ayudar a resolver el problema del tratamiento de la basura en la capital, a través de la incineración de 4 mil 500 toneladas diarias de basura inorgánica, generaría además energía eléctrica para el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Sin embargo, pronto comenzaron a aflorar los cuestionamientos a los contratos para su operación, así como a su funcionamiento.
Algunos de ellos eran sobre el costo de la planta, de 12 mil millones de pesos que pagaría el gobierno capitalino, o que quien estuviera a cargo de su operación fuera una empresa de reciente creación, aunque tutelada por la francesa Veolia, que ha trabajado proyectos similares en otros sitios del mundo, aunque también con algunos cuestionamientos.
El proyecto de la planta y su diseño financiero es el mismo que causó una toma de tribuna por parte de la fracción de Morena en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX), el 14 de noviembre del año pasado, por considerar abusivo el contrato de concesión por 33 años. De acuerdo con legisladores, los capitalinos tendrán que pagar al consorcio operador, formado por Proactiva Medio Ambiente S.A de C.V. y Veolia, con Termoenergía CDMX Holding, una cifra cercana a los 109 mil millones de pesos.
Fue planeada originalmente para ubicarse frente al relleno sanitario Bordo Poniente, a un lado de la laguna de regulación Churubusco. Sin embargo, por el nuevo aeropuerto internacional y por disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue movida cerca del lago Nabor Carrillo, entre el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Peñón.
El gobierno capitalino había dicho que la construcción de la planta termovalorizadora duraría 18 meses. Desde noviembre de 2017 se había publicado en la Gaceta Oficial de la ciudad de México el decreto para su operación. Sin embargo la construcción del proyecto no dio inicio ese año ni lo que va de 2018.
Aunque Veolia veía aún viable el proyecto y tenía programado poner la primera piedra para julio, apenas se confirmó el triunfo en las elecciones de Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno anunció que la planta no sería construida durante su administración, porque implicaba un gran endeudamiento para la capital.
LOS INCONVENIENTES
LA SILLA ROTA enlista a continuación parte de los principales cuestionamientos a la planta termovalorizadora.
- Costaría 12 mil millones de pesos.
- Tendría una concesión de 33 años.
- Sería una solución incompleta al manejo de la basura en la capital.
Para garantizar el pago a la empresa, se hipotecaron los remanentes de participaciones federales de la ciudad destinados al Metro, algo que incluso ya se había publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Termoenergía CDMX Holding, una de las empresas del consorcio WTE, que ganó la licitación y que posee el mayor porcentaje de acciones, 90%, se formó apenas el año pasado.
El ex coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto, acusó que directivos de la empresa Kosmos, de alimentos para reclusorios, formaban también parte del consorcio que ganó la licitación de la planta.
Un estudio especializado señalaba que la obtención de energía eléctrica iba a resultar más cara que en otras partes del mundo, ya que la empresa ganadora de la licitación realizaría una inversión de entre 500 y 600 millones de dólares en la planta, para tener la capacidad de transformar en principio 4 mil toneladas de residuos diariamente y generar 965 mil megawatts hora de electricidad. Eso significaba que el costo por megawatt instalado sería de 4.6 millones de dólares, y por tonelada diaria de residuos de 376 dólares, mientras que a nivel internacional el costo es de entre 3.5 millones a 5 millones de dólares el megawatt y de 50 a 100 dólares la tonelada diaria de residuos, por lo que entonces se pagaría un sobrecosto de entre 20 y 300 por ciento más, respectivamente.
El mismo estudio mencionaba que otro inconveniente era el uso de agua en la termovalorizadora con ciertas condiciones de pureza. Dicha situación representaba un reto, ya que la planta, cuya ubicación se encontraría en el Bordo Poniente, no garantizaba la existencia del recurso para mantener la operación continua de la planta, lo que obligaba a traerla de otras fuentes, en una ciudad que padece por la falta del líquido.
Otro tema que causó preocupación a consultores en la materia fue que al incinerar basura que no es calorífica, se corría el riesgo de no alcanzar la energía eléctrica proyectada y quemar material peligroso como pilas, o con humedad en temporada de lluvias, lo que podía deteriorar el funcionamiento de la planta.
A ello se sumaba otra interrogante, cómo se abatirían las emisiones contaminantes de la planta, ya que aunque el proyecto planeaba trabajar en un espacio cerrado, por el proceso de termovalorización sí se generarían emisiones contaminantes.
Una interrogante más era el destino de la basura quemada, si se reutilizaría o se guardaría y en este último caso, en dónde se almacenaría, planteó el experto en manejo de basura, Jorge Sánchez en una entrevista que dio a LA SILLA ROTA en marzo pasado.
Un cuestionamiento más a la planta era sobre la lejanía del sitio donde se ubicaría, lo que complicaría la forma de transportar la basura y que sería vecina de la planta biodigestora, otro proyecto mancerista que también parece haberse ido "a la basura".
Entre la planta de termovalorización y la proyectada biodigestora, el gobierno proyectaba que ambas se ocuparían del tratamiento de 6 mil 500 toneladas de las 13 mil toneladas de basura que se generan a diario en la ciudad, pero la gran cuestión era saber qué pasaría con el resto de la basura. Otro tema era la logística para transportarla al Bordo, que además de quedar lejos de donde se genera, implicaba la movilización a un solo sitio de cientos de camiones.
Otro inconveniente es que las cuestiones de manifestación, estudio e impacto ambiental del proyecto se habían violado, según el ex director de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Ramón Ojeda Mestre.
VEOLIA IMPUGNARÁ
La empresa Veolia envío un comunicado a medios de comunicación para dar a conocer su postura sobre la resolución del magistrado del Tribunal. Consideró que la resolución es improcedente y que la persona que presentó la solicitud de suspensión del contrato, Adriana Gutiérrez Medina, no tiene interés jurídico y además sus argumentos carecen de sustento.
“Por ello, hemos procedido a impugnar a través de los recursos de reclamación legales”, informó.
Veolia advirtió que hará valer su derecho de demostrar que la propuesta ofertada es altamente favorable en términos económicos, medioambientales y sociales y constituye además la única solución real para evitar que los residuos terminen en un relleno sanitario después del reciclaje y la reutilización.
“Como referencia, las ciudades más avanzadas como Suiza y Alemania (sic) solo logran reciclar 50 por ciento de sus residuos por lo que el resto se valoriza. La Planta de Termovalorización sin embargo, constituye un elemento clave para la gestión integral de residuos dado que se enfocará en el aprovechamiento energético de las 4 mil 500 toneladas de residuos inorgánicos no reciclables que hoy en día son enviadas a rellenos sanitarios”.
Asimismo, Veolia mostró su confianza en que la autoridad correspondiente resolverá conforme a derecho.
ACATA AGU
La Agencia de Gestión Urbana, que se encargaría de llevar a cabo el proyecto, también dio a conocer su postura mediante una breve tarjeta informativa.
"La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es respetuosa de la legalidad y las instituciones, por lo que acata la suspensión temporal que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa respecto al contrato de la planta de termovalorización".