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La disputa que pone en riesgo al Bosque de Chapultepec

Inmobiliaria emprende una embestida legal ahora para construir un desarrollo inmobiliario en terreno expropiado en la tercera sección del bosque

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Escrito en METRÓPOLI el

Desde hace 19 años, el predio ubicado en Montes Apalaches 525, colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de una superficie de 4 mil 799 metros cuadrados ha estado en disputa entre particulares y gobierno de la Ciudad de México. Ahora existe el riesgo que se pierda completamente y sea urbanizado.

En 1992, la entonces administración del Distrito Federal mediante un decreto expropió el terreno y lo integró a la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. La inmobiliaria Trepi inició un litigio para anular el decreto y después de un juicio de ocho años, el gobierno capitalino perdió el predio.

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La disputa no quedó ahí. La inmobiliaria emprendió de nuevo una embestida legal, ahora para construir un desarrollo inmobiliario. El pasado 14 de marzo, el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa instruyó al gobierno capitalino a cambiar el uso de suelo y quitarle la etiqueta de área natural protegida.

Ante esto, el gobierno de la alcaldía y de la ciudad, así como vecinos de la zona emprendieron estos días una estrategia jurídica a través de un Frente para dar batalla a la privatización y urbanización de esa parte del Bosque de Chapultepec.

Chapultepec es el bosque urbano de mayor extensión en América Latina y el pulmón más importante de la Ciudad de México. Representa el 52% de las áreas verdes. Cuenta con una superficie total de 686 mil 018 hectáreas en sus tres secciones: 274 mil 0864 hectáreas en la Primera; 168 mil 326 hectáreas en la Segunda; y 243 mil 904 hectáreas en la Tercera.

El 13 de septiembre de 1974 se inauguró la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. Entre los servicios ambientales que proporcionan los recursos naturales de esta zona para la Ciudad de México, destacan la regulación de la temperatura y de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos y la captura de los contaminantes.

La historia del litigio

Víctor Manuel Juárez González, residente de la colonia San Miguel Chapultepec e integrante del “Frente para la defensa del Bosque de Chapultepec”, señaló que hay muchos otros predios que están en la misma coyuntura.

“El crecimiento del desarrollo de constructores en el área poniente al rededor del bosque de Chapultepec propició que se invadieran áreas por parte de particulares durante muchos años. En 1992 y del 2000 al 2006 se empezó a atender el tema de las invasiones. Algunos dueños promovieron recursos legales. Es el caso del predio de Montes Apalaches”.

De acuerdo con un informe de la extinta Asamblea Legislativa del DF, el 8 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto Expropiatorio del presidente de la República donde estableció una superficie de 85 hectáreas como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico y se declaró área natural protegida, bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica.

 

En la superficie de 85 hectáreas quedó el predio localizado en Montes Apalaches 525. Un año después, el 3 de junio de 1993, la inmobiliaria Trepi solicitó al gobierno del Distrito Federal la reversión de ese inmueble, con el argumento de que no se había cumplido con la causa de utilidad pública del Decreto Expropiatorio de 1992.

El gobierno capitalino respondió que la causa de utilidad sí se había cumplido, puesto que la superficie se conservaba como área verde y negó la reversión. La inmobiliaria interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. En 2002, se resolvió nula la negativa de la administración local.

La Sala Superior del mismo Tribunal confirmó la sentencia y estableció que no se había acreditado el cumplimiento de la causa de utilidad pública del Decreto Expropiatorio; por lo que ordenó al gobierno del Distrito Federal, emitiera una nueva respuesta.

Ante el incumplimiento del gobierno del Distrito Federal, en el año 2007, Inmobiliaria Trepi promovió amparo ante el juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el expediente 1321/2007. Concedió el recurso y confirmó el sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, los cuales conminaron a la administración capitalina, dar cumplimiento de la resolución judicial de reversión.

Después de varios requerimientos, el 12 de noviembre de 2012, el gobierno del Distrito Federal llevó a cabo la reversión del decreto y entregó a Inmobiliaria Trepi el predio de 4 mil 799 metros cuadrados, indicó la ALDF.

El 27 de noviembre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un nuevo decreto expropiatorio de ese predio. Sin embargo, la inmobiliaria interpuso otro recurso. El 15 de noviembre de 2015 el juez 4o. de Distrito en materia administrativa ordenó al gobierno devolver el predio y a la ALDF y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local cambiar el uso de suelo.

El gobierno emprendió otra defensa y la perdió. El 14 de marzo de 2019, el mismo juez cuarto de Distrito ordenó el cambio de uso de suelo y pidió al gobierno quitarle la etiqueta a ese predio de área natural protegida.

Juárez González explicó que la situación actual es que el juez determinó que la ciudad no tuvo utilidad pública de ese predio por valor ambiental. En la sentencia establece que la jefa de gobierno, además de que debe de otorgar la posesión a los propietarios, tiene que solicitar al Congreso de la Ciudad que se modifique el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Miguel Hidalgo para que se le dé el uso de suelo habitacional mixto.

“Hay dos pistas que van a seguir en temas legales. Si la jefa de gobierno no manda la iniciativa de cambio de uso de suelo podría entrar en desacato o ya sea que el juez tenga que rehacer un incidente de modificación de sentencia ejecutoria o que se vuelva a dar elementos para decir que si tiene causa de utilidad pública. El terreno es de particulares por orden del juez, pero no tiene uso de suelo. Aunque la situación jurídica puede cambiar”, indicó.

En la conformación del “Frente para la defensa del Bosque de Chapultepec”, la jefa de gobierno informó que la estrategia legal estará a cargo de la Consejería Jurídica de la ciudad.

AJ