Considerado uno de los sitios más “trendy” de la Ciudad de México, el restaurante bar ''Toledo Rooftop”, que solían visitar celebridades, hijos de empresarios y de políticos, entre ellos Paulina Peña, hija del presidente Enrique Peña Nieto, fue clausurado por segunda ocasión tras una batalla legal de los vecinos que durante los últimos meses advirtieron sobre irregularidades en el uso de suelo, licencia de operación y medidas de Protección Civil, faltas que ya fueron acreditadas por la autoridad.
La batalla de los vecinos de la colonia Juárez en contra de los efectos negativos que ocasiona la operación del restaurante bar ubicado en la calle Toledo 39 casi esquina Chapultepec, no ha sido fácil, aunque ha rendido frutos.
Como resultado de 13 denuncias interpuestas por vecinos, quienes desde abril resintieron la presencia de guaruras armados así como cierres a la circulación por la presencia de jóvenes de alto nivel socioeconómico, la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT), emitió un fallo donde señala que el bar opera con irregularidades en el uso de suelo, su funcionamiento como establecimiento mercantil, ampliación de la construcción e incumple la normatividad ambiental por rebasar el ruido permitido.
En entrevista con La Silla Rota, César Jiménez, integrante del comité ciudadano de la colonia Juárez, detalló que la PAOT también emitió algunas sugerencias y recomendaciones a las dependencias involucradas.
Una de ellas fue al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) que colocó sellos de clausura el jueves pasado por violar el uso de suelo, ya que es un edificio de cinco niveles y el bar opera en un sexto piso. Sin embargo, los vecinos temen que los socios del establecimiento mercantil interpondrán otro recurso y vuelvan abrir.
Los primeros días de abril, el Rooftop Terraza abrió en el sexto piso del edificio Toledo 39. De inmediato, los vecinos comenzaron a sentir los efectos: afectación en el tránsito vehicular, el ruido de la música no los dejaba dormir, la fiesta se extendía a la calle hasta las 4:00 horas, incremento en la basura, presencia de guardespaldas armados e inseguridad.
Los vecinos se acercaron con personal del bar y se comprometió a atender sus demandas. Sin embargo, no cumplió y ante la negativa de querer resolver por el diálogo, los colonos buscaron a diferentes dependencias gubernamentales e interpusieron 13 demandas ante la PAOT con el argumento de que presuntamente el bar violaba el uso de suelo, medidas de protección civil y los niveles de decibeles.
Al mismo tiempo y para ejercer presión, los vecinos se organizaron y realizaron protestas afuera del bar durante los fines de semana en la noche. Con pancartas y lonas cerraban parte de la calle de Toledo; exigían atención a sus demandas. En repetidas ocasiones fueron agredidos tanto por los clientes, socios y por los guardespaldas de los asistentes a la terraza.
EL PRIMER SELLO DE CLAUSURA
A mediados de julio, la delegación Cuauhtémoc clausuró a la terraza por cuestiones de protección civil. La dependencia señaló que colocaban los sellos por la falta de un simulacro. Esto a pesar de que la queja de los vecinos era debido a que el bar no contaba con escaleras de emergencia.
La clausura duró un poco más de 15 días y volvieron a abrir. Los socios interpusieron un recurso de suspensión ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que ordenó a la delegación levantar los sellos.
“Por el tema de protección civil, los socios metieron un recurso en el Tribunal donde pidieron una suspensión a los sellos de la delegación, se las otorgaron en 24 horas y los vecinos pidieron ser terceros en el caso y es la fecha que el Tribunal de Justicia Administrativa no les da respuesta. Mes y medio después y nada”, narró César Jiménez.
De manera paralela a este proceso, el cual todavía esta abierto, se realizó la investigación en PAOT y en el INVEA. Los resultados se iban integrando al expediente.
“Se hicieron mesas de trabajo en la delegación junto con Concertación de gobierno central para que citaran a las diferentes instancias como Seduvi, INVEA, PAOT y la delegación”.
Además de las protestas y del proceso legal, los vecinos han extendido su inconformidad a redes sociales. Las cuentas del bar, que antes eran muy activas y compartían fotos y videos, dejaron de actualizar información. De sus últimas publicaciones, invitaron a los vecinos a sostener un diálogo, a lo que ellos respondieron por la misma vía que primero tenían que cumplir sus demandas.
“Los vecinos siguen su trámite legal. Muy firmes, responsables, ordenados y sobre todo muy unidos”, explica el integrante del comité ciudadano de la colonia Juárez.
Derivado de la batalla legal, así como de las protestas de los vecinos, el bar ha intentado mitigar algunos de los efectos, incluso han detectado que su clientela ha disminuido. No obstante, siguen padeciendo algunas situaciones.
“Continúan los guaruras en la calle, el tráfico, el ruido persiste. La fiesta se alarga y los clientes la continúan afuera. Algunos de ellos son violentos. Seguimos teniendo agresiones por parte de los socios del bar, uno de ellos nos aventó la camioneta, argumentando que no había visto ni las lonas ni la gente”.
Los vecinos van a agotar todas las instancias. Podrían tener una baraja de 5 o 6 juicios abiertos, que son los puntos que trató PAOT en su resolución.
El juicio de protección civil aún no ha concluido. Con lo del INVEA abrirían otro juicio y por licencia de funcionamiento la delegación tiene la facultad de hacer un juicio de lesividad porque fue engañada. “Les dijeron que estaban trabajando en un penthouse cuando el piso no existía. La autoridad les dio la licencia de funcionamiento, ahora tendría que revocarla”.
Para Jiménez, este caso es un ejemplo de cómo los vecinos se pueden organizar y sobre todo cuando realmente se ven afectados y tienen la razón.
“Confiamos totalmente en la justicia, tanto que ahí están los juicios. La acción de calle es importante para ellos, para hacer visible el problema y para que ellos se mantengan unidos”.
Luego de la apertura del bar y que los vecinos comenzaran a sentir los efectos negativos, vecinos interpusieron 13 demandas ante la PAOT entre el 16 de abril y 25 de junio de este año por presuntos incumplimientos en el uso de suelo y en materia ambiental por el ruido. Todas fueron admitidas en diferentes fechas.
Derivado de las denuncias, personal de la PAOT realizó reconocimientos de hechos, solicitudes de información y visitas de verificación a las autoridades competentes. Como resultado de estas diligencias, se encontraron irregularidades en el uso de suelo, funcionamiento como establecimiento mercantil, ampliación de la construcción y en materia ambiental por ruido.
Federico Arenas, vecino de la calle Toledo y afectado por el bar Rooftop, explicó que luego de que INVEA colocara los sellos de clausura por violación al uso de suelo, los dueños tienen 15 días para presentar alguna documentación que subsane la irregularidad, en caso de que no pueden demostrar que tiene los elementos jurídicos para operar en un sexto piso, el INEA “tendría que cerrar de manera definitiva el lugar”.
En caso de que el bar pueda demostrar o subsanar la irregularidad, el INEA tendría que abrir otro proceso de verificación, “un tema que se puede ir nuevamente a cinco meses de revisión y verificación para emitir otra resolución”.
LOS DUEÑOS DE TOLEDO ROOFTOP
De acuerdo con el acta constitutiva, los accionistas Jorge Alejandro Echenique, Edgardo Adolfo Martínez y Pablo Alonso Rivero Borrell formaron “Toledo 39 Grupo Empresarial, S. A de C. V” para rentar una superficie de 862 metros a la inmobiliaria Administraciones Hestia, S.A. de C.V y de esa manera abrir el bar en la terraza del edificio con un capital total de 19 mil pesos.
Pablo Alonso es hermano de Rodrigo Rivero Borrell, dueño de la inmobiliaria Reurbano, que en los últimos años ha desarrollado proyectos en el centro de la ciudad, que a decir de los vecinos generan gentrificación a las zonas que han llegado y desplazamiento de sus habitantes originales.
En la colonia Juárez, Reurbano tiene proyectos inmobiliarios en las calles: Milán 44, Havre 77, Havre 69 y el Edificio Dondé. Además tienen en la Roma, Condesa y Narvarte.
“Nos preocupa ese tipo de vínculos con las inmobiliarias. Sin meternos en profundidades el tráfico de influencias para el caso de Rooftop como para hacer una torre en Reforma va aplicar igual. En esta experiencia podemos decir que nos encontramos con un gobierno que está construido para trabajar en lo ‘oscurito’”, señaló Arenas.
Federico Arenas reconoció que el hecho de que uno de los socios está vinculado con una de las inmobiliarias que trabaja en la colonia Juárez, implica el riesgo de que esta “batalla” sea de largo alcance.
ams