Con base en la Reforma política de la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso un artículo para la primera Constitución local, mediante el cual los incrementos en el valor de inmuebles generados a partir de beneficios de la urbanización contribuyan a las arcas de la Administración pública capitalina.
Se trata del artículo 21, apartado C, numeral 7 del proyecto de Carta Magna enviado por el Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente.
La propuesta establece textualmente que "Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza de la Ciudad".
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La disposición planteada por el Gobierno capitalino precisa que la Ley secundaria correspondiente regulará el aprovechamiento de esos recursos para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la Ciudad.
La iniciativa es discutida en comisiones unidas de Desarrollo Sostenible y Principios Generales, para elaborar el dictamen correspondiente --donde será avalado o eliminado el artículo propuesto por Mancera--, el cual tendrá que ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Constituyente.
Pero antes de su dictaminación y previa aprobación en comisiones unidas, la propuesta de la denominada retención de plusvalía ha generado rechazo en la ciudadanía, y confrontado a grupos parlamentarios de la Asamblea Constituyente.
Los ciudadanos han expuesto su inconformidad a través de la plataforma Change.org, donde recaban firmas para exigir que el artículo 21, apartado C, numeral 7, sea eliminado del proyecto de Constitución de la Ciudad.
Los capitalinos inconformes temen que la disposición prevista en ese artículo sirva de instrumento al Gobierno local, para confiscar inmuebles en zonas de alta plusvalía.
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Esa visión es compartida por los diputados constituyentes del grupo parlamentario del PAN, quienes consideran la medida como un nuevo impuesto que transgrede el derecho constitucional de la propiedad privada, por lo que advierten que recurrirán a acciones legales, para impedir su implementación en la Carta Magna de la Ciudad.
También se opone a la propuesta la bancada de Morena en el Constituyente, donde el asambleísta, Jaime Cárdenas, propone que, de aprobarse, la nueva contribución sea aplicada exclusivamente a los grandes desarrolladores inmobiliarios, a fin de afectar las propiedades de las clases popular y media.
Incluso al interior de las comisiones unidas del Constituyente donde se discute el tema, la propuesta tiene posturas opuestas, pues mientras la comisión de Principios Generales contempla eliminar el artículo, en la de Desarrollo Sostenible trabajan en una redacción más clara y concisa del artículo.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Enrique Provencio, expuso que el tema ha sido magnificado y malinterpretado, debido a que la propuesta surge de una disposición constitucional, que ya se aplica en otras entidades, y prevé una única contribución en aquellos casos donde el valor de un inmueble se incremente a partir de beneficios en el entorno urbano donde se ubique.
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Ante la polémica y rechazo de la propuesta, el propio Jefe de Gobierno ha salido a defender públicamente su iniciativa, al señalar que ha sido tergiversada.
Incluso Mancera envió este martes un oficio al presidente la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, donde pide considerar la posibilidad de insertar en el proyecto del artículo 21, apartado C, numeral 7, lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción 5 de la Constitución federal, así como lo que establecen las fracciones 12 y 21 del artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano vigente en la Ciudad.
"(Lo anterior) para efectos de evitar confusiones que pudieran generar diferentes interpretaciones sobre el espíritu y finalidad del referido texto", expone Mancera en oficio dirigido a Encinas.
La propuesta de retención de plusvalía continuará siendo discutida esta semana en comisiones unidas de la Asamblea Constituyente, donde se prevé que a más tardar el sábado 10 de diciembre esté listo el dictamen correspondiente, donde se determinará la inclusión o eliminación del polémico artículo.
vsv