Con el cierre de 50 verificentros el pasado 31 de diciembre, que operaban desde hace 20 años y que el gobierno de la Ciudad de México no les renovó la autorización, se afecta a más de dos mil 500 trabajadores, más proveedores y accionistas que perdieron su patrimonio. Además de la inversión de 20 millones de pesos en equipo de cada centro, que “terminará en la basura”.
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A principios de diciembre, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) anunció que a partir del 1 de julio de 2018, operarían solo 55 Centros de Verificación Vehicular que contarán con equipo para la aplicación de pruebas físico- mecánicas y medición de partículas ultrafinas, cambios que forman parte de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La dependencia también informó en esa ocasión que el 31 de diciembre de 2017 vencerían las autorizaciones para aquellos verificentros que obtuvieron la concesión en 1995 por parte de la entonces Dirección de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.
Previo a este anuncio, la Sedema publicó en marzo de 2017 en la Gaceta Oficial, la convocatoria para obtener autorización para establecer y operar Centros de Verificación Vehicular, con una vigencia de 10 años y con posibilidad de un período igual de prórroga.
Sin embargo, apenas hace unos días, a los 50 verificentros, que se les venció la autorización no les otorgaron la renovación del permiso y se enteraron que a otros empresarios, que desconocen quienes son, les dieron las concesiones.
Gustavo Torres Anzures, presidente de la Asociación Ecológica de Verificación, organización que aglutina a los 50 centros que cerraron, denunció que el proceso de otorgar las nuevas concesiones fue opaco y lleno de claroscuros.
“Las nuevas concesiones deja mucho que decir al no transparentar los domicilios, números de líneas, empresas y nombres de los nuevos autorizados, eso los coloca en una opacidad. Se duda mucho de quiénes son y por qué los están protegiendo a costa de sacrificar el empleo de más de 2 mil 500 trabajadores, así como a los accionistas de las empresas de los verificentros, en donde nos hacen perder más de 20 millones de pesos en inversión”.
Comentó que desde que el gobierno capitalino les autorizó en 1995, cada administración les renovó su permiso cada cinco años, no obstante con Miguel Ángel Mancera, les otorgaron una autorización solo por dos años.
“El gobierno de la ciudad, ya traía en manos apoderarse de los verificentros. Y para empatar, antes de que salga Mancera, nos revalidaron por dos años, que se vencieron el 31 de diciembre de 2017. ¿Por qué dos años, si todas las administraciones nos dieron cinco? y eso porque ya tenían planeado crear esos verificentros, otorgarlos a no sabemos quién, y quitarnos a nosotros”.
Aclaró que antes cuando hacían las revalidaciones se les pedía instalar nueva tecnología y el año pasado se implementó el OBD2, también les solicitaron paneles solares para utilizar energía limpia.
Lo estuvimos haciendo y curiosamente en esta ocasión no se nos pidió que renovemos algún equipo. Esta raro que les urge echar andar esos verificentros, y que como gobierno impulsen a la empresa privada, pero de una manera extraordinaria. Es raro que a esas empresas nuevas se les dé todo el apoyo, y que a nosotros nos hagan a un lado”.
Torres Anzures dudó que los verificentros vayan a tener tecnología nueva, “será el mismo equipo que nosotros tenemos, y lo único que están agregando es un sensor de nox que lo están cableando a uno más eficaz. Antes ya habíamos hecho pruebas y no funcionó”.
Dijo que tienen el mismo equipo para checar los amortiguadores, suspensión y la alineación.
“De ahí que está raro que si tendrán el mismo equipo por qué no se nos revalidó ni se nos tomó en cuenta para implementar el nuevo equipo. Nosotros cumplimos en tiempo y forma. La ley y el reglamento estipulan que tenemos que solicitar la revalidación 60 días antes de que venza, todos los verificentros cumplimos y la autoridad guardó silencio y nos contestó hasta hace unos días que no nos iban a revalidar”.
Señaló que a lo largo de 20 años, el gobierno capitalino ha reducido el número de verificentros en la ciudad, en un principio eran 82, luego 72, y a partir del 1 de julio de este año se disminuirá a 55.
Advirtió que los nuevos verificentros no serán suficiente, no tendrán la capacidad para atender a los automovilistas. Se saturarán al finalizar los periodos. Habrá muchas filas, aunque se haga por citas.
Recordó que este programa solo se aplica en la Ciudad de México, por lo que el mismo gobierno provoca que los automovilistas tramiten sus placas en otros estados. “Con estas medidas la gente no tiene ganas de pasar la verificación”.
Agregó que es mentira que el gobierno les notificó hace un año que iban a desaparecer, si hasta apenas en la Gaceta lo publicaron.
“Nosotros les preguntábamos que si con los nuevos verificentros nos van a sustituir y decían que no, todo lo estaban escondiendo. No querían que nos inconformáramos ni que nos amparáramos. Estaban ganando tiempo para instalar sus verificentros”.
Con la utilización de OBD2 se reintegraron a los hologramas 1 y 2 un promedio de 700 mil vehículos que tenían la calcomanía cero, con esta medida de inspección físico mecánica también se prevé que no la pasen un promedio de 700 mil, dado que son los que portan el holograma 1 y 2, que son los vehículos más viejos.
Con las medidas que ha implementado el gobierno capitalino, el parque vehicular se ha ido a otros estados y hoy en día es un promedio de dos millones 400 mil vehículos cuando circulan 4 millones en la ciudad.
“Nosotros vamos a seguir nuestra lucha, vamos a acudir a las diferentes instancias nacionales e internacionales, organismos de medio ambiente, y a otras instancias a nivel federal. No nos vamos a quedar callados y vamos a seguir denunciando este atropello y abuso de poder de parte de Miguel Ángel Mancera”.
El primer paso fue acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para solicitar su intervención e interponer una queja por las violaciones a los derechos humanos al suspender sin motivos la verificación por un periodo de seis meses, así como el cierre de 50 verificentros.