El subdirector de Relación con los Pueblos Originarios de la alcaldía Tlalpan y afiliado al PRD, Toribio Guzmán Aguirre cuenta con un largo historial delictivo. Según información de la Procuraduría capitalina, es investigado por despojo, amenazas, y violación en contra de una niña de 10 años. En 2008 y 2010 fue declarado culpable por portación de arma de fuego sin licencia y delitos electorales. También tiene antecedentes por robo de identidad y falsificación de documentos oficiales.
Además, vecinos y habitantes de los pueblos originarios de Tlalpan lo acusan por una serie de irregularidades. Expresan que ha utilizado su cargo para realizar diversos “negocios ilegales”. En reiteradas ocasiones han interpuesto quejas en la actual alcaldía, sin tener ninguna respuesta.
De acuerdo con documentos en poder de LA SILLA ROTA, Guzmán Aguirre fue sentenciado en 2008 a dos años de prisión y a una multa de 2 mil 629 pesos por portación de arma de fuego sin licencia. Como parte de la condena se le suspendieron sus derechos y prerrogativas de carácter político.
En 2010 fue sentenciado a tres años cuatro meses y quince días de cárcel, así como a pagar una multa de 4 mil 941 pesos por el delito electoral previsto en el artículo 411 del Código Penal Federal “hipótesis a quien por cualquier medio participe en la alteración del Registro Federal de Electores”. Según la causa penal 244/2010-IV, en 2011 se informó se encontraba interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
En agosto de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigó porque después de que estuviera en la cárcel por delitos electorales, Toribio presentó en 2010 una carta falsa de antecedentes no penales. También consta en esa averiguación previa que alteró su acta de nacimiento y CURP con el nombre de Toribio Guzmán Paz.
En 2015, personal de la Secretaría de Seguridad Pública local realizó un operativo con el oficio número ASEA/ UGSIVC/5S.1.2/0002/2015 para clausurar de manera definitiva una gasera LP, propiedad de Toribio, que operaba de manera clandestina en la calle Emiliano Zapata número 16 San Andrés Totoltepec. Actualmente es un salón de fiestas llamado HG Hipocampo, el dueño es Guzmán Aguirre; así lo ostenta en Facebook.
En 2018, la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) abrió tres carpetas por allanamiento de morada, amenazas, despojo y portación de arma de fuego.
La denunciante refiere en la carpeta de investigación CI-FTL/TLP-3/UI-2 C/D/00508/02-2018 que el 22 de marzo de 2018 fue alertada que alrededor de 15 personas estaban sacando las pertenencias de la casa de su hija. Cuando se acercó a la vivienda, un hombre que identificó como amigo de Guzmán Aguirre sacó una pistola y la apuntó. Le dijo que se fuera, sino le iba a dar un balazo.
Otro de los delitos por el que se investiga a Toribio Guzmán es por violación a una menor de edad, según consta un expediente de la Procuraduría con más de 800 fojas. La última denuncia en contra de este funcionario se realizó el viernes 14 de junio de 2019 por amenazas y agresiones.
Además de ostentar el puesto de subdirector en Tlalpan, Toribio Guzmán es coordinador de los Pueblos Originarios de esa alcaldía, un cargo honorario con base en los usos y costumbres de esas comunidades.
Desde 2011, Toribio era subdelegado de los pueblos originarios de Tlalpan, cargo que también ha ostentado su hermano Tomás Guzmán Aguirre. En 2016, los pobladores de San Andrés Totoltepec impugnaron dicha figura y lograron que el gobierno delegacional emitiera la convocatoria para el cargo de coordinador de los Nueve Pueblos de Tlalpan. En ese año se hicieron elecciones organizadas por el Concejo de dichas comunidades. Guzmán Aguirre compitió contra el morenista Ernesto Luna Nava y ganó con 5 mil 616 votos.
Sin embargo, ese proceso fue impugnado por el entonces candidato Luna Nava, quien pidió al Tribunal Electoral de la Ciudad de México la nulidad de los comicios por “violaciones graves al proceso”. Según el expediente TEDF-JLDC-2220/2016, los argumentos de la impugnación fueron, entre otras cosas, la “probable doble identidad y falsificación” tanto de los datos que ostentaba como de la constancia de extinción de la pena donde se le restituían sus derechos civiles y políticos.
“El cambio de las mesas de votación el día de la jornada electoral (…) La probable emisión de votos en más de una casilla por una misma persona, acarreo de personas en la jornada electoral”, indica el documento.
Resultado de este juicio las elecciones fueron anuladas. No obstante, Guzmán Aguirre presentó diversos recursos ante el TECDMX. Los magistrados resolvieron la validez del proceso electivo, donde ganó Toribio y ordenaron a la entonces jefa delegacional, Claudia Sheinbaum entregarle el nombramiento de coordinador de los Pueblos Originarios.
"La alcaldía de Tlalpan es respetuosa de los procesos de autonomía y autodeterminación de los pueblos estipulado en la Constitución de la Ciudad de México por lo que será respetuosa de la resolución que den las autoridades que actualmente están llevando el caso", señaló por escrito el departamento de Comunicación de la alcaldía de Tlalpan al ser consultada sobre el caso.
“A ÉL LE INTERESA SEGUIR HACIENDO SUS NEGOCIOS"
Marcela Alvarado Santillán, concejal del pueblo de San Andrés Totoltepec, explica que cuando los vecinos impugnaron la figura de subdelegado pidieron a los magistrados del Tribunal Electoral con base en su autonomía y libre determinación conformar el Concejo de Gobierno Comunitario, que ha fungido como opositor de Guzmán Aguirre y es representado por ejidatarios, comuneros, mayordomías y vecinos.
“Esta persona es un delincuente. Todo lo ha hecho de manera ilegal. Ha despojado a la gente de sus terrenos. Ha vendido gas en la clandestinidad. Cuando era subdelegado se beneficiaba del panteón comunitario y del patronato que generaba un dinero de los puestos de la calle. Intentó poner un verificentro donde iba a ganar millones; lo frenamos”, indica Alvarado Santillán.
Luego de varios procesos, el Concejo logró por medio de una votación seguir a cargo de las funciones del patronato. Sin embargo, Toribio formó otro patronato “de manera espuria” que pretende cobrar los espacios de los puestos en las ferias patronales. Esto ha ocasionado que los concejales sean agredidos durante las asambleas y reuniones.
“Hemos pedido seguridad por parte de la alcaldía y nos han dejado solos, no han dado el apoyo. El 12 de abril (de 2019) tuvimos una asamblea y la tuvimos que suspender, íbamos a hablar el asunto del patronato y la ley seca, llevó golpeadores, aventaron mesas y rompieron las listas. El 27 de abril hicimos la asamblea y la comunidad decidió a mano alzada que el Concejo del gobierno del pueblo siga llevando el patronato, sobre todo por la transparencia de cuentas”, agrega Marcela.
El Concejo ha detectado muchas anomalías por parte de la coordinación del Pueblo que lleva Toribio como fraudes, despojos, constancias de posesión anómalas
“La alcaldÍa le sigue dando juego, a pesar de las agresiones nos dicen que negociemos con la gente de Toribio, que los dejemos cobrar, pero no lo podemos permitir porque su patronato espurio no es reconocido por el pueblo. A través de las redes sociales nos ha amenazado. El problema es que nadie le pone un alto”.
En este contexto, el jueves pasado un grupo de personas cercano a Toribio cerró las oficinas del Concejo del pueblo con un candado. Al día siguiente, cuatro concejales del pueblo, todas mujeres, entre ellas Marcela, fueron a intentar abrir, pero fueron agredidas y golpeadas por 25 hombres y mujeres. “A una señora la agredieron con una navaja. A mí me patearon y me tiraron al suelo”, comenta Alvarado.
Agrega que Toribio no está de acuerdo con el Concejo, ya que desde que está instalado Guzmán Aguirre ha dejado de hacer negocios.
“A él no le importa su sueldo de funcionario, sino hacer contratos, certificarlos, dar los permisos de panteón. Nos enteramos que hasta 60 mil pesos vendía las tumbas”.
Toribio Guzmán, a través de un video en Facebook, explica que el patronato (la gente cercana a él) clausuró la subdelegación el jueves pasado, “debido a la arbitrariedad con la que se está manejando el Concejo del Gobierno Comunitario”.
Guzmán Aguirre se deslindó de las agresiones ocurridas el 14 de junio, donde resultó golpeada la concejal del pueblo, Marcela Alvarado y acusa que el Concejo usurpa funciones y realiza presuntos cobros indebidos.
PRD LE ABRIÓ LA PUERTA A TORIBIO
Vecinos y habitantes del pueblo de San Andrés Totoltepec presumen que Toribio Guzmán ha sido solapado por diferentes autoridades por lo que, comentan, ha gozado de total impunidad. Desde el Tribunal Electoral y jefes delegacionales de extracción perredista hasta Marcelo Ebrard en su calidad de mandatario local.
Durante la gestión de la perredista Marisela Contreras en Tlalpan, Guzmán Aguirre se desempeñó como Enlace “A” con número de empleado 900148. En 2016 fue apoyado por Raúl Flores en su calidad de dirigente del PRD en la ciudad cuando el proceso de coordinador fue anulado.
En 2018 Toribio se adhirió a la campaña de Alejandra Barrales para contender por el gobierno capitalino. Además, su hermano Tomás Guzmán Aguirre también se ha desempeñado como funcionario en Tlalpan.
Por lo menos en dos juicios: uno en 2011 y el otro en 2016, donde se impugnó, primero su designación como subdelegado de pueblos y el segundo como coordinador de pueblos. En ambos procesos se declaró la nulidad y luego se resolvieron válidas las elecciones restableciéndole sus derechos políticos.