TLALNEPANTLA.- Al inicio de la contingencia sanitaria del covid-19, Joaquín recibió una llamada en su número telefónico particular cuando se encontraba en casa. Era una joven que preguntaba por los servicios que brinda su empresa, pues su "jefe" estaba muy interesado en hacer una alianza estratégica para potenciar las ventas.
"Por alguna extraña razón que aún no me explico, pudieron acceder a mi número telefónico personal. Cuando respondo, una mujer comenzó a decirme que eran una consultora y que estaban muy interesados en conocer muy de fondo los productos de mi empresa porque primero decían que querían adquirir algunos y luego que querían hacer una alianza. Se me hizo extraño, pero yo comencé a decirles las características de algunos de los servicios que ofrecemos, pero en poco tiempo, me dijo que mejor me pasaría a su jefe", relata.
Joaquín recuerda que, previo a contactarlo con la otra persona, la mujer le pidió su nombre y apellido, pues solo tenía el de la empresa, por lo que accedió a brindárselo. Posteriormente, un hombre de voz gruesa, lo saludó por el nombre que les había brindado y comenzó a mostrar interés en los servicios.
"Él me comenzó a decir que sabía en dónde estaban mis oficinas, que sabía que era una empresa que tenía muchos clientes y me comentó que quería colaborar conmigo y que esperaba lo mismo de mí. Cuando le dije que cuál era su intención, me dijo que no lo estaba entendiendo y que no me hiciera tonto, que sabía a qué me refería y que si no colaboraba, pues con los datos que tenía, me iba a afectar, pues pertenecía a un cártel de Jalisco que ya tenía presencia en el Estado de México", cuenta.
De acuerdo con el testimonio, el sujeto le habría pedido a Joaquín el pago de una cantidad de 50 mil pesos o, de lo contrario, la organización criminal le haría daño a sus oficinas y a su negocio.
"Escuché toda la llamada para saber qué tantos datos podían tener. Evidentemente, como usan una voz amenazante, tratan de intimidarte, pero yo les comenté que mi negocio realmente estaba en la Ciudad de México para conocer qué tanto conocían de él. En ese momento, el hombre se puso un poco nervioso y trató de ajustar su amenaza, pero eso me sirvió para reafirmar que se trataba de un tipo de extorsión, por lo que la orienté a que me diera datos como número de cuenta y colgué", comenta.
Ante el hecho, Joaquín solo inició una denuncia vía telefónica ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual ya no acudió a ratificar ante un Ministerio Público por los riesgos de la pandemia, aunque posteriormente vinieron más llamadas a su número telefónico, provenientes de estados como Guanajuato, Jalisco y Colima, mismas que ya no volvió a atender.
"Un día llamaron en la madrugada y como estaba dormido, contesté y escuché la misma voz amenazante, diciéndome que no me hiciera el tonto. De inmediato, colgué. Luego, bloqueé mi número a cualquier otro desconocido, pero todo se trató de intentos de extorsión", finaliza.
SUBEN 25% EXTORSIONES EN EL EDOMEX
Como el caso de Joaquín, en el Estado de México se han cometido al menos mil 980 extorsiones de todo tipo en los primeros ocho meses del año, aunque organismos empresariales estiman que en este delito hay una elevada cifra negra de casos que no se denuncian porque no logran consumarse o las víctimas tienen miedo a denunciar.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito va en aumento en la entidad mexiquense a pesar de la contingencia sanitaria del covid-19, pues el número de denuncias que se levantaron se incrementó 25.5 por ciento este año, en comparación con las iniciadas en el mismo periodo de 2019, cuando se abrieron mil 577 carpetas de investigación por este ilícito.
Según las cifras oficiales, entre enero y agosto de este año, 36.4 por ciento de las extorsiones que se denunciaron en todo el país, ocurrieron en el Estado de México; ocurrieron principalmente en el segundo cuatrimestre de 2020, cuando estos actos de intimidación para cobrar una recompensa económica aumentaron 37.8 por ciento, con respecto a los primeros cuatro meses del año en curso.
Los datos muestran que agosto de 2020 ha sido el mes en el que se habrían cometido más estos actos en la entidad, pues se denunciaron 330 casos, cifra que superó en 24 por ciento a los denunciados en el mes inmediato anterior. No se habían presentado tantos casos como los de agosto desde hace 20 meses.
PENDIENTE, BANCO DE VOCES DE REOS
Al inicio de 2020, la entonces secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero, anunció que la dependencia a su cargo, junto con la Fiscalía General de Justicia mexiquense, realizaban un banco de registro de voces, en donde albergarían las voces de los 14 mil internos que están albergados en los penales del estado, con la intención de combatir este delito que, desde entonces, mostraba una tendencia al alza.
Informó que nueve mil de estas voces serían almacenadas por la dependencia a su cargo y cinco mil más por la Fiscalía mexiquense, con la intención de poder contrastar éstas con las de las llamadas de extorsión que se cometen en la entidad y que son denunciadas, con el objetivo de identificar si se están cometiendo desde los penales mexiquenses y por parte de que reclusos.
La Silla Rota solicitó información a la Secretaría de Seguridad del Estado de México sobre el avance en la implementación de este banco de voces y los resultados que, en su caso ha tenido, sin que se tenga respuesta hasta ahora.
EXTORSIONES DE CUELLO BLANCO
Uno de los dueños de una de las franquicias de restaurantes más importantes en el país denunció que las extorsiones no solo ocurren por parte de bandas delincuenciales que operan desde los penales del país o en el exterior, pues, en los últimos años, también se han comenzado a cometer actos de este tipo por parte de servidores públicos encargados de verificar los establecimientos comerciales.
Explicó que, bajo el pretexto de hacer inspecciones para constatar que se estén cumpliendo con las normas de sanidad en los negocios, algunos servidores públicos han llegado a extorsionar o intentado hacerlo, con la amenaza de que si no se paga una cuota, clausuran el establecimiento.
"Llegaron a revisar las básculas con las que pesamos los cortes que piden los clientes, salieron bien, pero aun así nos pidieron 5 mil pesos por báscula para no suspendernos el lugar. Llegan en horarios en donde tenemos gente, para que nos sintamos presionados de que si no pagamos, se hará un escándalo en el negocio por la clausura, por lo que nos hemos visto obligados a pagarlo; es decir, se consuma la extorsión", señaló.
Estos casos han sido revelados por el sector restaurantero principalmente, aunque otros gremios han denunciado estos actos también cometidos por policías de Tránsito, quienes amenazan a los transportistas de carga cuando circulan por las vialidades mexiquenses.
AUMENTAN CASOS CON LA NUEVA NORMALIDAD
El presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, Raúl Chaparro Romero, aseguró que, a partir de la Nueva Normalidad, estas extorsiones se cometen todos los días contra los empresarios por parte de los distintos inspectores del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México y de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de la entidad (Coprisem), aunque también participan funcionarios municipales y federales.
Detalló que las extorsiones van desde los 5 mil y hasta los 25 mil pesos, dependiendo de la supuesta falta que argumenten en el lugar, y éstas se cometen contra las pequeñas y medianas empresas, principalmente, al considerarlas con menos posibilidades de denunciar.
Apuntó que los participantes generalmente recurren a una amenaza de que clausurarán el lugar si no se cubren estas cuotas, lo que lleva a los empresarios a iniciar un procedimiento largo y en el que tendrán que erogar bastantes recursos para lograr la reapertura.
Ante estas acusaciones, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que, en lo que va del año, ha dado de baja a 19 funcionarios de la Coprisem, en su mayoría, verificadores de las distintas áreas.
Indicó que estas bajas fueron resultado de las diversas quejas que expusieron propietarios y representantes de tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y gimnasios en diversos municipios mexiquenses.
"La autoridad sanitaria atendió sus requerimientos y orientó a los agraviados para que presentaran las quejas correspondientes ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción y ante el Órgano de Control Interno del Instituto de Salud del Estado de México, pues ésta es la instancia encargada de investigar las presuntas faltas administrativas atribuibles a servidores públicos y, en su momento, de emitir la resolución que a derecho corresponda", subrayó.