LOS REYES LA PAZ, Edomex.- Luego de que al alcalde Rolando Castellano Hernández, en su administración 2009-2012 se le ocurriera junto con su síndico y tesoreros municipales crear un fideicomiso que llamó “Plan de Indemnizaciones Enfermedades y Riesgos Laborales para los Trabajadores de Confianza del Ayuntamiento” en el año 2012, el último de su trienio, con el objetivo de desviar más de 51 millones de pesos del erario municipal, éste deberá devolver la cantidad íntegra al municipio.
Sin embargo, la unidad jurídica del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) resolvió bajo el Expediente OSFEM /UAJ/PAR-AF/267/15 que los pagos fueron indebidos por el concepto de "Plan de Indemnizaciones Enfermedades y Riesgos Laborales para los Trabajadores de Confianza del Ayuntamiento" durante el ejercicio fiscal 2012.
Asimismo, de acuerdo con la investigación de ese organismo, el ahora ex alcalde Rolando Castellanos hizo “Traspasos indebidos realizados de la cuenta bancaria 0188839468 BBV Bancomer S. A del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2012 a la cuenta bancaria 628939423 Banorte, recursos propios, para el pago de la percepción Plan de Indemnización Enfermedades y Riesgos Laborales para los Trabajadores de Confianza del Ayuntamiento”.
También con esos desvíos económicos pagó al Banco Mercantil del Norte S. A. “por concepto de administración del fideicomiso y a la consultoría por concepto de honorarios actuariales”.
“En consecuencia se presume un daño causado a la hacienda pública del municipio de La Paz” y el ex alcalde Rolando Castellanos Hernández, José Francisco Cerón Crisóstomo, Juan José Medina Cabrera y Jorge Rodríguez Arreola, presidente, síndico, y tesoreros respectivamente del municipio de La Paz durante la administración 2009-2012, deben de regresar o resarcir al ayuntamiento la cantidad de más 51 millones 550 mil pesos.
Rolando Castellanos que ahora es funcionario del gobierno del Estado de México en la región de los Volcanes y que también fue nuevamente presidente municipal en el trienio pasado, señaló que él no cometió peculado o desviación de recursos, de lo contrario ya estaría en la cárcel.
“Me condenan a pagar eso, pero no hay forma de pagarlo, no fue fraude no fue desviación de recursos, fue desatención de observaciones, tendré que enfrentarlo”, expresó.
El ex alcalde intentó ampararse en un tribunal federal de Nezahualcóyotl para evadir La resarció de esos 51 millones de pesos; sin embargo, le rechazaron el amparo 1074/2018-V de fecha 15 de noviembre 2018.
"La justicia de la Unión no ampara ni protege a Rolando Castellanos Hernández, José Francisco Cerón Crisóstomo, Juan José Medina Cabrera y Jorge Rodríguez Arreola, presidente, síndico, y tesoreros respectivamente del municipio de La Paz durante la administración 2009-2012 por la cantidad de 51 millones 550 mil 355 pesos”, se consignó el la investigación del OSFEM.
Desiderio Castillo Sánchez, quien trabajó como contador en el ayuntamiento de la Paz, explicó que los 51 millones de pesos están basados en tres observaciones de la auditoría financiera del 2012; de ahí salieron muchos más observaciones.
La primera es por la condonación de recargos a “muchísimos contribuyentes que no tenían la capacidad de pago esto fue ante una acta de cabildo pero no se redactó bien de todo este monto son alrededor de 6 millones de pesos”.
La otra fue la creación de un fideicomiso para enfermedades y maternidad de todos los trabajadores del municipio, esto fue creado para darle atención paralelos de salud a algunos servidores públicos.
La última observación, dijo, está dividida en dos partidas una es por 32 millones de pesos y otra por 8 millones básicamente por la creación del fideicomiso que obliga a que el municipio le dé una gratificación a todos los trabajadores del municipio.
Explicó que el fideicomiso se creó en el 2011 con un fin lícito y de beneficio para beneficiar a los trabajadores y pagar los honorarios a la institución bancaria
En el 2012 “el municipio le entregó a los trabajadores de confianza con recursos propios una gratificación de alrededor de mil pesos, 800 pesos o mil 200 pesos de acuerdo a la categoría del empleado. Casa quincena se le estuvo dando esa gratificación y por el otro lado se le dio una gratificación la seguridad pública del ramo 33”, explicó el contador Disiderio Castillo.
Sin embargo, el OSFEM consideró que la Indemnización por riesgo laboral no es procedente, es una observación por pago indebido y la respuesta fue “te voy a observar todo lo que le dieron a los 200 trabajadores de seguridad pública a 300 servidores de confianza del Ayuntamiento”.
El OSFEM le pidió el 7 de enero de 2020 a la alcaldesa Olga Medina Serrano, que iniciará Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) bajo el expediente OSFEM /UAJ/PAR-AF/267/15 resolución el dos de octubre del 2017, así como la resolución del amparo 1074/2018-V de fecha 15 de noviembre 2018, para que los funcionarios implicados regresaran los más de 51 millones de pesos a las arcas municipales.
Sin embargo, Rolando Castellanos e involucrados en esta desviación de recursos, buscan la manera legal de no regresar esos millones a las arcas municipales y para ello, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para buscar la protección internacional para no pagar.
(Sharira Abundez)