CUAUTITLÁN IZCALLI.- Con motivo de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli debe pagar aproximadamente 151 millones de pesos a tres ex servidoras públicas.
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Se trata de tres ex empleadas del sistema municipal DIF en la administración 2006-2009, que encabezó el panista David Ulises Guzmán Palma, quienes han referido que tenían un salario diario de 14 mil, 22 mil y 34 mil pesos, respectivamente.
Según documentos a los que La Silla Rota tuvo acceso, pese a ser empleadas de confianza del gobierno, las ex servidoras públicas denunciaron ante tribunales laborales en 2009 por despido injustificado.
La Junta Local 9 de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán México admitió las demandas y ordenó al gobierno pagar un monto que actualmente asciende a 151 millones de pesos.
Sin embargo, fuentes del ayuntamiento negaron que las funcionarias hayan percibido esos salarios, y rechazaron que se trate de un despido injustificado, pues ellas dejaron de laborar al término de aquella gestión de gobierno.
Las demandantes son la enfermera Isela Ocaña Ramírez, quien refirió que ganaba 14 mil pesos diarios. Por su caso, los tribunales ordenaron a la Alcaldía pago de 18 millones de pesos, en 2009.
También Deborah Lizbeth Corvera Bautista, ex coordinadora de un área administrativa de ese organismo, demandó sobre la base de un salario de 22 mil pesos diarios.
Además, Adriana Sotelo Medrano, esposa del entonces alcalde y quien era presidenta honoraria del DIF, manifestó tener un sueldo de 34 mil pesos diarios, por lo que en 2009 tenían que pagarle 77 millones de pesos, pese a que su cargo era honorario.
Esos juicios siguen vigentes, por lo que las cifras se han actualizado a 22, 32 y 97 millones de pesos, respectivamente, por los supuestos adeudos.
Las demandas que Junta Local admitió y el Tribunal colegiado confirmó, están en los expedientes J.8/894/2009, J.9/21/2013 y J.9/374/2013. El abogado de las demandantes es Luis Alfredo Trejo Jaimes, quien en aquella administración se desempeñó como contralor del propio DIF.
Fuentes del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli informaron que el gobierno fue enterado del laudo en febrero de 2016, pero actualmente prepara una estrategia jurídica para defender al gobierno del cobro excesivo e injustificado, pues no existe en el Ayuntamiento evidencia documental de los verdaderos salarios de esas personas.
Se informó que mediante las comisiones edilicias correspondientes, el Ayuntamiento analiza el proceder económico respecto al asunto.