La Secretaría de Seguridad mexiquense aseguró que se iniciará una campaña al interior de los penales para evitar casos de extorsión y se aproveche la Ley de Amnistía para "hacer negocio" y cobrar hasta 2 mil 500 pesos por trámites gratuitos, tal como denunciaron el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZF) y la Legislatura del Estado de México.
El CDHZF ha detectado que, en especial en el penal de Nezahualcóyotl, existen servidores que exigen un pago de entre 500 y 2 mil 500 pesos para tramitar la Amnistía, que es no es más que un mecanismo para que, quienes hayan cometido un delito menor, puedan recuperar su libertad.
Al respecto, el Poder Judicial del Estado de México recordó que si bien el trámite es gratuito, se debe pagar la reparación del daño al agraviado para que se pueda acceder a este mecanismo judicial.
La SSEM, tras recibir el exhorto que envió la Legislatura local, señaló que ya ha efectuado las acciones necesarias para difundir los pasos para tramitar la Amnistía, misma que se debe solicitar a un juez o bien a una Comisión Especial de la Cámara de Diputados; así como información a las personas privadas de la libertad para evitar actos de corrupción, extorsión y abuso de poder.
“Desde la publicación de la Ley en enero de este año, la Subsecretaría de Control Penitenciario colocó mantas en todos los penales mexiquenses, aclarando a las Personas Privadas de la Libertad, abogados, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y personas interesadas, que todos los trámites son gratuitos y que se deben realizar ante la autoridad competente”.
Asimismo, lanzó un exhorto a la ciudadanía a no acceder ante estas irregularidades y en caso de ser víctimas denunciarlo ante la autoridad competente.
Se recordó que las autoridades penitenciarias son responsables de garantizar la excarcelación de los beneficiados, de acuerdo con la resolución de la autoridad judicial; además la Ley de Amnistía es clara en cuanto al procedimiento.
AMNISTÍA AYUDA A DISMINUIR POBLACIÓN PENITENCIARIA: SSEM
La Secretaría de Seguridad añadió que aplicación de la Ley de Amnistía es vista por la Subsecretaría de Control Penitenciario como una herramienta que contribuye a reducir la sobrepoblación, ya que facilita la preliberación de Personas Privadas de la Libertad consideradas de baja peligrosidad, no reincidentes y que pertenecen a grupos sociales considerados como vulnerables, lo cual es beneficioso para un Sistema Penitenciario que opera hoy al 120 por ciento por encima de su capacidad instalada.
ACCESO A LA AMNISTÍA
La solicitud de Amnistía ante un juez puede ser presentada por la PPL, su familia, organizaciones u organismos públicos defensores de derechos humanos sin fines de lucro.
Es la autoridad judicial la que determinará la admisión de la solicitud en un lapso de tres días, y la procedencia o la improcedencia de la solicitud de 30 a 60 días.
“La Secretaría de Seguridad, así como la Subsecretaría de Control Penitenciario, no aplican la Ley de Amnistía, en ninguna fase del proceso, pues solo funge como instancia coadyuvante del Poder Judicial”, explicó la dependencia.
En caso de determinar la Amnistía, la autoridad judicial ordenará a las autoridades competentes que decreten la libertad del involucrado.
Cuando se aleguen violaciones a los derechos humanos, las solicitudes se harán de conocimiento de la Comisión Especial del Legislativo, quien fungirá como ente evaluador del caso y hará de conocimiento de su resolución al Poder Judicial y al Ejecutivo Estatal.
fmma