Para equilibrar el derecho a la muerte digna, plasmado en el artículo 11 de la primera Constitución de la Ciudad de México, fue incorporado al artículo 14 del proyecto de dictamen de esa futura Carta Magna el derecho de los capitalinos a autodeterminar si se someten a tratamientos médicos para prolongar su vida, en caso de ser desahuciados.
“Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad.
"Para ello se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes”, refiere el numeral 6 del apartado D del artículo 14.
Tal planteamiento fue aprobado durante las primeras horas de este domingo, en una de las últimas sesiones de la Asamblea Constituyente, realizada para desahogar los temas polémicos que decidió "encorchetar", hacia la recta final de la aprobación total de la Constitución local, que debe quedar lista a más tardar este martes 31 de enero.
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Entre los temas enviados al llamado "itacate legislativo" están el voto a los 16 años, la revocación de mandato, el ingreso básico universal, las contribuciones especiales para desarrollos inmobiliarios beneficiados con mejoras urbanas y la voluntad anticipada, entre otros que, al no alcanzar mayoría calificada del Pleno del Constituyente, fueron enviados a la Mesa de Consulta, para consensuarlos y aplicarles redacciones alternas a las rechazadas en sesiones previas.
En total, son al menos 24 los temas encorchetados, y más de 30 transitorios los que la Asamblea Constituyente dejó al final, para desahogarlos entre ayer y este domingo, y el lunes y martes se dediquen a darle una revisión integral al texto aprobado en su totalidad.
El derecho a la salud, mediante el cual se contrarrestrará la muerte digna o eutanasia, causó polémica cuando el panista Carlos Gelista propuso que el tema fuer integrado al proyecto de Carta Magna, bajo la figura de "voluntad anticipada", que ya existe en una ley local.
Por tal motivo, su propuesta recibió una redacción diferente, y fue la que aprobaron en la sesión realizada la víspera, en la que se desahogaron 6 de los 24 puntos del "itacate".
Otro de los temas aprobados fue que los capitalinos tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna.
Con ese término, los constituyentes dieron salida a la polémica generada por el del "ingreso básico universal", que suponía un apoyo económico para todos los habitantes de la Ciudad de México.
En la nueva redacción del término "mínimo vital", aprobado por mayoría del Pleno, quedó establecido que habrá mecanismos para hacer efectivo ese derecho, y se determinó que se dará prioridad a las personas en situación de pobreza.
Operará bajo criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.
“La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan", señala el precepto aprobado.
Otro tema desahogado en la sesión, y aprobado por mayoría, fue la eliminación del concepto de “progresividad fiscal”, como parte de los criterios a considerar en la hacienda pública, establecidos en el artículo 26, apartado A, numeral 3.
En tanto, del artículo 29, se aprobó el derecho de los capitalinos, por nacimiento o naturalización, a ocupar cargos públicos y de elección popular, donde fue eliminado el concepto de ciudadanía universal, al no alcanzar la mayoría de votos a favor.
Y por último se aprobó el numeral 1 del artículo 48, sobre el modelo de policía de proximidad.
"Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación se realizará respetando los derechos humanos de las víctimas, testigos e indiciados.
"El uso de la fuerza será excepcional y proporcional, como último recurso”, establece dicho artículo.
vva